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Por Daniel Romero
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-La investigación judicial que sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio en las últimas horas un salto cualitativo y no deberia ser leída exclusivamente como un presunto caso de corrupción deportiva y ser observada como una causa de criminalidad económica con raíces políticas, financieras e internacionales. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso medidas urgentes para “preservar pruebas” vinculadas al empresario y productor teatral Javier Faroni, un dirigente identificado con el massismo y con vínculos históricos con el peronismo y el kirchnerismo, profundizando así una pista que excede largamente el ámbito futbolístico.
Faroni vivió su noche más larga cuando, en el sector de vuelos privados, un uniformado consultó al juzgado los pasos a seguir ante la presencia del “masculino identificado” que se aprestaba a viajar en un aerotaxi con destino al exterior. La respuesta judicial, pasada la medianoche, fue clara: el empresario debía entregar su teléfono celular con contraseña y no podía abandonar el territorio argentino. Desde ese momento, quedó bajo la lupa una duda central para los investigadores: si el dispositivo entregado era efectivamente el de uso habitual o si otro teléfono —potencialmente más sensible— había quedado fuera del alcance judicial, presuntamente en Uruguay.
La decisión del magistrado se enmarca en la ampliación del objeto procesal solicitada por la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que sostienen que el esquema investigado no se limitó a maniobras locales sino que habría incluido un proceso de estratificación internacional destinado a alejar definitivamente los fondos de su origen institucional. En ese contexto, el contrato entre la empresa vinculada a Faroni y la AFA aparece como una de las piezas clave a resguardar.
Por esa razón, Armella ordenó allanamientos tanto en el domicilio del productor teatral como en las sedes de la AFA ubicadas en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza, con el objetivo de asegurar documentación física y digital antes de que pudiera ser alterada o destruida. El avance judicial dejó al descubierto una trama que, según los fiscales, conecta clubes, empresas financieras, intermediarios de pago y estructuras societarias en el exterior.
El expediente se originó en irregularidades detectadas en la relación entre el Club Atlético Banfield y el conglomerado Sur Finanzas. La hipótesis central apunta a la simulación de préstamos en moneda extranjera, contratos de patrocinio y cesiones de derechos de cobro, mecanismos que habrían servido para introducir al circuito legal fondos de presunto origen ilícito. A esa investigación inicial se sumó una denuncia de la ARCA, aunque esa arista quedó bajo la órbita de otro juzgado federal tras un conflicto de competencia resuelto por la Cámara Federal de La Plata.
Según la fiscalía, la operatoria incluyó mutuos en dólares con supuesta entrega en efectivo, tasas de interés atípicas y el uso de vehículos fiduciarios vinculados a la dirigencia del club, como el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña y la sociedad Banfileños S.A. Esa estructura habría permitido dotar de apariencia lícita a fondos que luego fueron canalizados a través del proveedor de servicios de pago de Sur Finanzas. Las pesquisas también detectaron movimientos millonarios realizados por personas sin capacidad económica demostrable, monotributistas de bajo perfil y sujetos considerados apócrifos, un patrón típico de la etapa de colocación en maniobras de lavado de activos.
Con el avance del caso, los investigadores comenzaron a reconstruir la fase siguiente: la proyección internacional del dinero. Allí cobró especial relevancia la figura de Faroni, vinculado a sociedades constituidas en Estados Unidos que, según consta en actuaciones judiciales, habrían recibido fondos desviados desde estructuras relacionadas con el fútbol argentino. La fiscalía sostiene que cuentas administradas en territorio estadounidense funcionaron como plataforma para la estratificación internacional, dispersando el dinero hacia sociedades offshore radicadas principalmente en Florida, con titulares de perfiles patrimoniales inconsistentes y compatibles con el uso de prestanombres.
Pero el expediente no se limita a una ingeniería financiera sofisticada. La dimensión política aparece como un elemento transversal. Faroni es un dirigente identificado con el massismo, con vínculos fluidos con el peronismo y el kirchnerismo, y con antecedentes de participación en espacios de poder donde el fútbol, la política y los negocios suelen convivir sin fronteras claras. Para los investigadores, esa red de relaciones deberia explicar en parte cómo determinadas operatorias pudieron desarrollarse durante años sin mayores controles, en un sistema donde clubes, AFA y actores políticos confluyen en un mismo ecosistema de intereses.
La fiscalía advirtió además que la maniobra detectada en Banfield no sería un hecho aislado. Existen indicios de que esquemas similares se habrían replicado en otros clubes del fútbol profesional, tanto de primera división como del ascenso, exponiendo una vulnerabilidad estructural del sistema deportivo argentino frente a prácticas opacas de financiamiento. En ese marco, también se analiza el rol de organismos centrales del fútbol, cuya intervención en cesiones de derechos y flujos de fondos habría facilitado, de manera funcional, la circulación del dinero bajo investigación.
Con la prueba preservada y los exhortos internacionales en curso, la causa ingresó ahora en una etapa decisiva. El objetivo es reconstruir la ruta completa del dinero, identificar a los beneficiarios finales y determinar las responsabilidades penales de las personas físicas y jurídicas involucradas. Para los fiscales, el expediente ya muestra con claridad un modus operandi: colocación de fondos a través de clubes y contratos deportivos, uso intensivo de intermediarios financieros y posterior estratificación en el exterior.
De confirmarse estas hipótesis, el caso podría transformarse en uno de los procesos más relevantes de los últimos años en materia de lavado de activos vinculados al fútbol argentino, con un agregado que lo vuelve todavía más sensible: la evidencia de que no se trata solo de corrupción deportiva, sino de una trama donde el dinero, la política y el poder se entrelazan mucho más allá de una cancha.
Fuentes consultadas:
Actuaciones judiciales del Juzgado Federal de Lomas de Zamora; escritos de la Fiscalía Federal y PROCELAC; antecedentes societarios y financieros vinculados a Banfield, Sur Finanzas y AFA; resoluciones de la Cámara Federal de La Plata.
