Argentina
España
USA
Israel
Buenos Aires, 5 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-Los haberes jubilatorios registran una pérdida acumulada del 27,4% desde el cambio en la fórmula de actualización dispuesto por el gobierno de Javier Milei, según un estudio elaborado por el Centro de Economía Política Argentina. El deterioro del poder adquisitivo impacta con mayor dureza en los beneficiarios de menores ingresos, debido al congelamiento del bono compensatorio que complementa la jubilación mínima.
La modificación del esquema previsional fue implementada a partir de diciembre de 2023 mediante un decreto que reemplazó la fórmula establecida por la Ley 27.609 por un mecanismo de actualización exclusivamente atado a la inflación. Desde el Poder Ejecutivo se argumentó que la medida era necesaria para ordenar las cuentas públicas y avanzar hacia el superávit fiscal, uno de los objetivos centrales de la actual gestión.
De acuerdo con el informe, tras los ajustes por inflación aplicados en diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubica en 340.886 pesos. Bajo la fórmula anterior, en cambio, ese haber habría alcanzado los 434.279 pesos, lo que implica una diferencia mensual de 93.393 pesos en perjuicio de los jubilados. El documento sostiene que la eliminación del esquema previo se produjo de manera deliberada “en el preciso momento en que la fórmula anterior podía empezar a generar mejoras reales”.
El CEPA explica que el sistema derogado se basaba en la evolución de la recaudación de la seguridad social y de los salarios, variables que presentan rezagos y que, en contextos de desaceleración inflacionaria, permiten que los haberes le ganen a los precios. Con el esquema actual, advierte el centro de estudios, las jubilaciones pueden dejar de perder poder adquisitivo en el margen, pero no tienen margen para recuperar lo ya perdido.
La situación es particularmente crítica para quienes perciben la jubilación mínima, debido a que el bono compensatorio permanece congelado desde marzo de 2024 en 70.000 pesos. Según el análisis, mientras los haberes básicos aumentaron 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la jubilación mínima con bono incluido solo se incrementó 101%, lo que implicó una fuerte licuación de ese refuerzo.
Para que el bono mantuviera su poder de compra original en relación con el haber básico, en diciembre de 2025 debería haber ascendido a 177.485 pesos. La diferencia de 107.485 pesos mensuales representa, según el informe, el recorte efectivo que sufren los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización de ese complemento. Como resultado, las jubilaciones mínimas con bono quedarían 16,8% por debajo de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión anterior.
El estudio también realiza un análisis histórico y señala que el inicio de la actual administración implicó un “rápido retroceso” de los haberes: una caída de 26,3% para las jubilaciones sin bono y de 21,3% para aquellas que lo perciben. Con esos valores, el poder de compra actual se ubica aproximadamente 3% por debajo del promedio de la década de 1990.
A este escenario se suma el uso del veto presidencial para frenar iniciativas legislativas orientadas a recomponer los ingresos del sector pasivo. El informe recuerda que en agosto de 2025 el Ejecutivo vetó una ley que preveía un aumento excepcional del 7,2% para compensar la inflación de enero de 2024 y elevar el bono a 110.000 pesos. De haberse aplicado, la jubilación mínima con bono habría alcanzado entonces los 446.935 pesos, recuperando parte del poder adquisitivo perdido.
El panorama se completa con la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025, una decisión que, según el CEPA, deja fuera del sistema jubilatorio a amplios sectores de adultos mayores. Sin esa herramienta, nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez varones que alcanzan la edad de retiro no logran reunir los 30 años de aportes requeridos y deben acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80% de una jubilación mínima y con una edad de acceso más elevada para las mujeres.
El informe concluye que, en su conjunto, las medidas previsionales adoptadas desde el inicio de la gestión de Milei consolidaron un ajuste estructural sobre los ingresos de los jubilados, con un impacto especialmente severo en los sectores de menores recursos y sin señales claras de recomposición en el corto plazo.
