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Buenos Aires, 6 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-La llegada de Delcy Rodríguez al frente del poder en Venezuela abrió una etapa marcada por la presión directa de Estados Unidos y un margen de maniobra extremadamente reducido para la dirigente chavista. Tras la captura de Nicolás Maduro, Washington definió una agenda mínima de cumplimiento inmediato que, según fuentes de la administración de Donald Trump, será determinante para evitar nuevas represalias políticas, económicas e incluso militares contra Caracas.
De acuerdo con información difundida por el sitio Politico y confirmada por funcionarios estadounidenses, la Casa Blanca espera que Rodríguez adopte sin demoras tres medidas centrales: reforzar de manera tangible el combate contra el narcotráfico, expulsar del país a agentes extranjeros considerados hostiles a los intereses de Estados Unidos —en particular de Irán y Cuba— y frenar la venta de petróleo venezolano a rivales geopolíticos de Washington. El objetivo declarado es desarticular el rol de Venezuela como plataforma de influencia de potencias adversas en el hemisferio occidental.
Desde el entorno de Trump dejaron en claro que el incumplimiento de estas condiciones podría derivar en una “segunda ola” de acciones coercitivas. Entre las herramientas de presión mencionadas figuran nuevas operaciones militares selectivas, el endurecimiento o eventual alivio de sanciones económicas y el control de activos financieros vinculados a Rodríguez. Según una fuente citada por Politico, parte de esos fondos estarían localizados en Doha, Catar, y también existirían recursos en Turquía, cuya sola mención en conversaciones diplomáticas funciona como un factor de disuasión.
“El solo hecho de que digamos que hablamos con los cataríes y los turcos sobre su dinero sería una amenaza muy fuerte”, señaló Elliott Abrams, exrepresentante especial para Venezuela durante el primer mandato de Trump. La advertencia refleja el tono de la estrategia estadounidense: presión a distancia, control financiero y condicionamiento político sin una presencia directa inmediata en Caracas.
Si bien Trump deslizó públicamente la posibilidad de reabrir la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, la gestión posterior a la caída de Maduro se diseña principalmente desde el exterior. Un alto funcionario estadounidense explicó que la prioridad es garantizar estabilidad interna mientras el país avanza “en la dirección de los intereses de Estados Unidos”, sin detallar públicamente todas las exigencias transmitidas a la líder interina.
Las tres demandas centrales fueron ratificadas tanto por funcionarios estadounidenses como por fuentes cercanas a las discusiones internas en Washington. A ellas se suma, en una etapa posterior, la expectativa de que Rodríguez facilite el camino hacia elecciones libres y luego abandone el poder. Sin embargo, los plazos para ese proceso no están definidos y, por ahora, los comicios no figuran como una urgencia inmediata en la agenda bilateral.
El margen político de Rodríguez es considerado mínimo. Personas con acceso a la estrategia de la Casa Blanca sostienen que la dirigente chavista se encuentra bajo supervisión estricta y que su conducta puede ser moldeada antes de que Estados Unidos prescinda de ella y avance hacia una nueva fase. “Confían en que pueden torcerla en cualquier dirección que necesiten antes de deshacerse de ella”, resumió una fuente anónima citada por Politico.
La transición ha expuesto además las contradicciones internas del chavismo. En cuestión de días, Rodríguez pasó de condenar enérgicamente la captura de Maduro a declarar su disposición a trabajar con Washington en una “agenda de cooperación”. Ese giro, según analistas, refleja tanto la magnitud de la presión externa como la fragilidad del esquema de poder que heredó.
Rodríguez convive además con figuras de peso del antiguo régimen, como el ministro del Interior Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, cuyas lealtades y control sobre estructuras armadas limitan aún más su autonomía. Un funcionario estadounidense describió ese escenario como “un pozo inestable de víboras”, en el que cualquier movimiento puede desencadenar fracturas internas.
Desde Washington también se planteó la exigencia de liberar a ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, aunque no existe, al menos por ahora, una demanda pública para la excarcelación general de presos políticos venezolanos. Tampoco se evalúa en el corto plazo un alivio de sanciones ni el envío de ayuda humanitaria significativa, en un contexto de divisiones internas en el gobierno estadounidense y recortes presupuestarios que afectan al Departamento de Estado.
El secretario de Estado Marco Rubio sintetizó la postura de la Casa Blanca al afirmar que Estados Unidos establecerá las condiciones para dejar de tener “una Venezuela que sea cruce de caminos de nuestros rivales, que envíe narcotraficantes y que funcione como paraíso del narcotráfico”. Trump fue aún más explícito al advertir que, si Caracas “no se comporta”, Estados Unidos está dispuesto a lanzar un segundo ataque.
En ese contexto, Delcy Rodríguez enfrenta una cuenta regresiva política: cumplir con las exigencias de Washington para evitar represalias inmediatas o resistirlas y arriesgarse a una nueva escalada en un país ya sumido en una crisis profunda y bajo vigilancia permanente de la Casa Blanca.
Fuentes consultadas:
Politico; Reuters; declaraciones públicas de Donald Trump y Marco Rubio; entrevistas de Elliott Abrams; análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS); reportes de medios internacionales sobre la transición política en Venezuela.
