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Washington, 7 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la existencia de un acuerdo con el gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez para el envío de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a territorio estadounidense, una operación que equivale a aproximadamente dos meses de producción de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y que marca el primer entendimiento de alto impacto entre ambas administraciones tras la caída de Nicolás Maduro.
El anuncio fue realizado por el propio Trump a través de su red Truth Social, donde precisó que el crudo venezolano será comercializado “a precio de mercado” y que los ingresos derivados de esa venta estarán bajo su supervisión directa. Según el mandatario, los fondos obtenidos serán administrados de manera tal que garanticen beneficios tanto para el pueblo venezolano como para los Estados Unidos, en un mensaje que buscó reforzar la idea de control político y financiero del proceso.
Trump también informó que dio instrucciones inmediatas al secretario de Energía, Chris Wright, para poner en marcha el operativo logístico. El petróleo será transportado mediante buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses, lo que permitiría aliviar el problema de acumulación de crudo que enfrenta PDVSA desde hace años debido a las sanciones y a la falta de mercados estables.
La operación es interpretada en Washington como la primera victoria política relevante de Trump en el tablero venezolano desde el colapso del régimen de Maduro y como una señal concreta de cooperación por parte del nuevo gobierno de transición. Delcy Rodríguez, quien antes de asumir la presidencia interina se desempeñó como vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, es vista en la Casa Blanca como una interlocutora pragmática, con conocimiento técnico del sector y capacidad para negociar en un contexto de crisis extrema.
Esa trayectoria previa en el área energética le permitió a Rodríguez construir vínculos con actores privados y manejar, en condiciones adversas, una industria petrolera deteriorada por décadas de desinversión, mala gestión y presiones geopolíticas cruzadas de Estados Unidos, Rusia y China. En ese marco, el acuerdo petrolero aparece como una válvula de alivio para PDVSA, que actualmente mantiene millones de barriles almacenados en tanques y buques, situación que incluso la obligó a restringir la producción para evitar el colapso logístico.
Aunque los términos finales del entendimiento aún no fueron difundidos oficialmente, trascendió que parte del crudo que se destinará a Estados Unidos originalmente tenía como destino China, principal comprador del petróleo venezolano en los últimos años. El desvío de esos cargamentos permitiría a Caracas evitar recortes de producción más severos, al tiempo que introduce una reconfiguración en el mapa de exportaciones del país sudamericano.
En paralelo, la petrolera Chevron intensificó su actividad en Venezuela. Durante este mes, la compañía está enviando once buques a los puertos de José y Bajo Grande, el mayor volumen desde octubre pasado. Chevron es, hasta el momento, la única empresa occidental autorizada a producir y exportar petróleo venezolano gracias a una licencia específica del Departamento del Tesoro estadounidense, y todo el crudo cargado tiene como destino refinerías de Estados Unidos.
El acuerdo se inscribe en un plan más amplio de la administración Trump para reactivar la industria petrolera venezolana, un sector que se asienta sobre las mayores reservas probadas de crudo del mundo pero cuya infraestructura se encuentra en estado crítico. En ese sentido, el secretario de Energía, Chris Wright, mantendrá esta semana reuniones en Miami con ejecutivos de las principales compañías energéticas estadounidenses, en el marco de una conferencia organizada por Goldman Sachs, con la participación de firmas como Chevron, Exxon y ConocoPhillips.
La Casa Blanca estima que la reconstrucción del sector requerirá inversiones del orden de los 10.000 millones de dólares anuales durante una década. Trump sostuvo que las compañías estadounidenses podrían estar operativas en un plazo de 18 meses y adelantó un esquema en el cual las petroleras invertirían capital que luego sería recuperado a través de los ingresos generados por la producción.
Sin embargo, en el sector privado prevalece la cautela. Las grandes petroleras condicionan cualquier desembolso significativo a la consolidación de un gobierno estable en Venezuela, al respeto del estado de derecho y a la garantía de que el respaldo de Washington se mantendrá más allá del actual mandato presidencial en Estados Unidos.
A estas dificultades estructurales se suma la complejidad técnica del crudo venezolano. El Merey 16, principal variedad de exportación, es un petróleo pesado y con alto contenido de azufre, lo que encarece su procesamiento y exige instalaciones especializadas. La falta de infraestructura adecuada, combinada con años de sanciones y el uso de una flota paralela para exportar, profundizó el deterioro productivo del país, que pasó de extraer más de tres millones de barriles diarios en los años noventa a apenas 700.000 en la actualidad.
La apuesta de Trump es que una reactivación gradual de la producción venezolana incremente la oferta global de crudo, contribuya a moderar los precios internacionales y tenga un impacto positivo en la economía estadounidense, al tiempo que ofrece a Venezuela una salida parcial a su prolongada crisis energética.
Fuentes consultadas: Reuters, Bloomberg, CNBC, NBC News, EFE.
