MADRID, 9 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-La Audiencia Nacional de España ha decidido incoar diligencias previas contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras la presentación de una querella que lo vincula con el régimen bolivariano de Venezuela, encabezado hasta hace poco por Nicolás Maduro. El magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, dictó un auto en el que considera “procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales” para avanzar en la investigación, y ha solicitado al Ministerio Fiscal que emita un informe sobre la competencia del tribunal para asumir el caso. La resolución se produce en un contexto de atención internacional debido a la reciente captura de Maduro en Estados Unidos y la creciente presión sobre actores que han mantenido relaciones políticas con el chavismo.
La querella fue presentada por la organización HazteOír, que acusa a Zapatero de haber colaborado con la “estructura criminal” del régimen venezolano, señalando posibles delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Según la denuncia, la actuación del expresidente español no se habría limitado a un papel político o diplomático tradicional, sino que habría facilitado la operativa internacional del chavismo y reforzado su capacidad de actuación, cobertura exterior y continuidad institucional. La acusación sostiene que la Audiencia Nacional es competente para conocer estos hechos incluso si fueron cometidos en el extranjero, dado que Zapatero es ciudadano español.
HazteOír ha solicitado además al tribunal la adopción de medidas cautelarísimas contra Zapatero, incluyendo la retirada de su pasaporte, la prohibición de salida de España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, así como la declaración del expresidente como investigado y la citación de varios testigos vinculados a antiguos gobiernos socialistas. Entre ellos figuran su exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, aunque por ahora el juez no ha adoptado ninguna de estas medidas ni ha citado a testigos.
La apertura de diligencias representa apenas un paso inicial en una investigación que aún se encuentra en su fase embrionaria. El auto judicial establece que, si bien los hechos descritos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, la naturaleza y las circunstancias específicas de esos hechos todavía no han sido determinadas. Por ello, Piña ha emplazado a la Fiscalía a pronunciarse antes de que la Audiencia Nacional pueda decidir si asume formalmente la instrucción del caso o archiva las actuaciones.
La decisión judicial ha generado un fuerte debate político y mediático en España, dado el papel histórico de Zapatero como líder del Partido Socialista Obrero Español y su prolongada relación con el chavismo. Desde hace años, Zapatero ha sido señalado por sectores críticos por su papel como mediador entre gobiernos europeos y el régimen de Venezuela, defendiendo una narrativa de diálogo político que, según sus detractores, contribuyó a otorgar legitimidad internacional a un gobierno con serias acusaciones de violaciones de derechos humanos y vínculos con el narcotráfico. Este papel fue reiterado durante el mandato de Maduro y, más recientemente, en contactos con Delcy Rodríguez, figura clave del chavismo reciclado tras la detención de Maduro.
Críticos de Zapatero han enfatizado que su comportamiento diplomático nunca fue neutral, sino que favoreció de manera explícita a un régimen que ha sido acusado internacionalmente de corrupción sistemática, erosión de la democracia y protección de redes de narcotráfico como el Cártel de los Soles, un grupo que, según fiscales estadounidenses, movía grandes cantidades de cocaína hacia Europa y América del Norte. Aunque la querella en España aún no entra en ese nivel de investigación técnica, el señalamiento político y reputacional contra el ex mandatario constituye un hecho sin precedentes en la política reciente española.
Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado y el procedimiento permanecerá en una fase preliminar, a la espera de si se determina la competencia de la Audiencia Nacional para continuar con la investigación y si existen indicios suficientes para atribuir responsabilidades penales, más allá de la mera apertura de diligencias previas. La evolución de este caso, que sitúa en el centro de la polémica a uno de los expresidentes más influyentes de España de las últimas décadas, será vigilada tanto por la opinión pública como por actores internacionales atentos a sus posibles repercusiones.
Fuentes consultadas:
La Razón, El Confidencial, OKDiario, El Independiente, La Voz de Galicia, Vozpópuli, CiberCuba.
