Por Redacción TNA
Buenos Aires, 11 de enero de 2026 –Total News Agency-TNA–Mientras los incendios forestales avanzan sin control en la Patagonia y obligan al corte de la Ruta 40 en distintos tramos de Chubut, la denuncia de los bomberos voluntarios por la falta de envío de fondos nacionales volvió a poner en primer plano una crisis profunda y estructural del sistema argentino de respuesta al fuego. La gestión del presidente Javier Milei quedó en el centro de las críticas luego de que las federaciones advirtieran que no se giró la totalidad de los recursos que por ley corresponden al sector, una situación que limita incluso la posibilidad de movilizar personal al sur del país. Aun hoy dentro de la estructura en el manejo del fuego, hay gente de La Campora, que puso Cabandie.
Desde la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios señalaron que durante 2025 los casi mil cuarteles del país recibieron solo la mitad de los 66 millones de pesos anuales que les corresponden. Según explicó Gabriel Sandoval, titular de los bomberos de Lanús Oeste y secretario de la entidad, alrededor del 70 por ciento de los cuarteles depende de esos fondos para subsistir y sostener su operatividad básica. La falta de pago, aseguró, impide afrontar gastos esenciales como traslados, combustible y estadía del personal convocado para emergencias de gran magnitud.
El reclamo no se apoya en un monto discrecional. La ley 25.054, que regula el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios desde 1998, establece que el financiamiento proviene del cinco por mil de las primas de los seguros automotores y de viviendas, un dinero que el Estado nacional recauda pero que, según denuncian los bomberos, no transfiere en tiempo y forma a sus destinatarios. El fondo es administrado por la Dirección Nacional de Bomberos, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, pero solo se habría girado una primera cuota parcial durante todo el año.
A ese incumplimiento se suma un ajuste general en las partidas destinadas a emergencias. De acuerdo con Sandoval, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios directamente no está siendo movilizado a los incendios del sur porque el Gobierno ya adelantó que no cubrirá los costos de estadía. En la práctica, esto implica que muchos cuarteles quedan fuera del operativo nacional en uno de los momentos más críticos de la temporada.
Sin embargo, el problema excede largamente la discusión presupuestaria. Especialistas en manejo del fuego, consultados por Total News Agency, que pidieron reserva de sus nombres, advierten que la falta de fondos es solo una de las múltiples falencias de un sistema que arrastra déficits históricos. La ausencia de políticas de prevención, de planes de presupuprensión, de capacitación ciudadana y de una aplicación efectiva de la ley de bosques conforma un combo que se repite año tras año, con consecuencias previsibles.
Los incendios forestales en la Argentina, recuerdan los técnicos, son en su mayoría provocados por la mano del hombre y presentan un carácter recurrente: zonas que ya se incendiaron tienden a volver a hacerlo con el paso del tiempo. A pesar de ello, solo un puñado de provincias cuenta con planes integrales de manejo del fuego, aun después de la creación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego mediante la ley 26.815. La alerta temprana funciona razonablemente bien, pero no encuentra correlato en acciones concretas en el territorio.
En ese contexto, también se cuestiona el enfoque del debate público. Mientras los directivos de algunas federaciones reclaman fondos para albergue, en el terreno muchos brigadistas carecen de elementos básicos de protección personal: calzado adecuado, indumentaria específica, mochilas forestales en condiciones y una logística alimentaria acorde al enorme desgaste físico que enfrentan. En muchos casos, continúan combatiendo incendios con recursos mínimos, sosteniéndose con comida improvisada y jornadas extenuantes.
Otro punto clave es la confusión entre roles. En los incendios forestales, los verdaderos protagonistas suelen ser los brigadistas especializados, acompañados por bomberos de cuarteles cercanos certificados para ese tipo de tarea. El Estado nacional, en cambio, suele aparecer recién en una tercera instancia de la emergencia, luego de que actúan municipios, bomberos locales y defensas civiles provinciales. Cuando llegan los medios aéreos y las brigadas nacionales, muchas veces han pasado varios días desde el inicio del fuego.
La falta de planificación también alcanza al uso de recursos. Se incorporan aviones de gran porte que no siempre se adaptan a la topografía local, mientras escasean aeronaves más pequeñas y flexibles. Los helicópteros, aun bien operados, suelen carecer de una dirección de tiro adecuada en el terreno. Todo esto ocurre mientras los brigadistas combaten a pie, en zonas montañosas, con el peso físico y emocional que implica enfrentar incendios prolongados lejos de sus familias.
El cuadro general deja al descubierto que la discusión no puede reducirse a una partida presupuestaria incumplida. El recorte de fondos, lejos de ser una solución, profundiza un sistema ya debilitado por la falta de prevención, coordinación interjurisdiccional, capacitación y planificación estratégica. Cada verano, cuando el fuego avanza, el país vuelve a debatir los mismos problemas, con los mismos actores y, en muchos casos, con las mismas consecuencias.
