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Buenos Aires, 12 de enero de 2026 –Total News Agency-TNA–La captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en la denominada “Operación Resolución Absoluta” reactivó en Europa y América Latina el escrutinio sobre los vínculos políticos, económicos y operativos que durante años sostuvieron al régimen chavista. En ese contexto, el nombre del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero volvió a ocupar un lugar central, no solo por su rol como mediador político, sino también por las exportaciones y donaciones de material antidisturbios autorizadas durante su gestión.
Durante los gobiernos de Zapatero en España, entre 2004 y 2011, se concretaron ventas de armamento a Venezuela por un valor superior a los 814 millones de euros, lo que representa más del 76% del total exportado desde 2004 hasta la actualidad. Dentro de ese volumen, se destaca especialmente la transferencia de material antidisturbios, considerado de alto riesgo por su potencial uso contra la población civil.
Según informes oficiales del Ministerio de Economía español, analizados por medios europeos, durante ese período se exportaron a las Fuerzas Armadas y a la Policía venezolana gases lacrimógenos, aerosoles de defensa y despieces para fabricar artificios pirotécnicos. El monto total de estas operaciones en material antidisturbios ascendió a más de 3,27 millones de euros, una cifra significativa por tratarse de equipamiento destinado al control de protestas.
Además de las operaciones comerciales, se registraron dos donaciones directas al Estado venezolano, realizadas en 2010 y 2011, con un valor declarado de cero euros. En esos envíos se incluyeron aerosoles de defensa y artificios lacrimógenos cuádruples, con capacidad de dispersar gases tóxicos en cuatro direcciones. En total, durante el mandato de Zapatero se otorgaron ocho licencias de exportación de este tipo de material: seis de compraventa y dos de donación.
Estas transferencias se produjeron en un contexto ya marcado por denuncias internacionales sobre el uso excesivo de la fuerza en Venezuela. En 2012, Human Rights Watch denunció que agentes de seguridad venezolanos habrían sido responsables de miles de muertes en operaciones policiales y represivas entre 2000 y 2009, lo que agravó las críticas sobre la responsabilidad de los países proveedores de equipamiento antidisturbios.
El contraste con la política de Estados Unidos fue notorio. En 2006, durante la presidencia de George W. Bush, Washington decidió bloquear la venta y retransferencia de armamento a Venezuela por considerar que el país no cooperaba con los esfuerzos antiterroristas y mantenía vínculos estrechos con actores señalados como patrocinadores del terrorismo, entre ellos Irán y Cuba, además de sus contactos con las FARC y el ELN colombianos. Pese a ese embargo estadounidense, España incrementó de manera exponencial sus exportaciones militares al chavismo.
Las cifras reflejan ese giro. Antes del bloqueo de Estados Unidos, España había vendido armamento a Venezuela por apenas 13,9 millones de euros. Tras la inclusión de Caracas en la lista de países embargados por Washington, el gobierno de Zapatero autorizó exportaciones adicionales por más de 806 millones de euros, lo que implicó un incremento de alrededor del 5.700%.
Con la llegada de Mariano Rajoy al gobierno español en diciembre de 2011, las exportaciones de armamento a Venezuela se redujeron de forma considerable. No obstante, las ventas de material antidisturbios no se interrumpieron por completo. Durante su mandato se autorizaron al menos tres exportaciones de este tipo de equipamiento, por un monto cercano a los 3,5 millones de euros, aunque ya no se registraron donaciones.
El escenario volvió a modificarse en 2017, cuando la Unión Europea impuso un embargo de armas a Venezuela en respuesta a las violaciones sistemáticas de derechos humanos atribuidas al régimen de Maduro. España debió adherir a esa medida, lo que frenó de manera significativa las exportaciones. Aun así, desde 2018 se registraron envíos menores, entre ellos componentes para vehículos terrestres y tecnología de doble uso, destinados tanto a las Fuerzas Armadas venezolanas como a empresas públicas y privadas.
En paralelo al plano comercial, la figura de Zapatero quedó nuevamente expuesta por su rol político. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, llegó a agradecer públicamente su labor como mediador, destacando más de una década de colaboración con el chavismo. Esa cercanía derivó en la apertura de diligencias previas en la Audiencia Nacional española para analizar una presunta colaboración con estructuras criminales del régimen venezolano.
La combinación de mediación política, transferencias de material antidisturbios y un contexto de represión sistemática reavivó el debate en Europa sobre la responsabilidad de los gobiernos que, en nombre de la diplomacia o los intereses comerciales, facilitaron recursos utilizados luego contra la población civil. Tras la caída de Maduro, esas decisiones vuelven a ser examinadas con una lupa judicial y política que promete nuevas derivaciones.
Fuentes consultadas:
Informes del Ministerio de Economía de España; archivos oficiales de exportaciones de armamento; Human Rights Watch; Departamento de Estado de Estados Unidos; resoluciones de la Unión Europea; declaraciones públicas de dirigentes venezolanos y españoles; investigaciones periodísticas europeas.
