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Buenos Aires, 18 de enero de 2026-Total News Agency-TNA- El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remitió al Congreso el decreto firmado por el presidente Javier Milei que reformula el sistema nacional de inteligencia y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), lo que activó de inmediato la ofensiva de la oposición para intentar dejar sin efecto la norma.
El envío del DNU se produjo a menos de 24 horas del vencimiento del plazo establecido por la ley 26.122, que regula el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia. La iniciativa ya ingresó tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y quedó formalmente bajo análisis de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que dispone ahora de diez días hábiles para emitir dictamen.
Cumplido ese plazo, cualquiera de las dos cámaras quedará habilitada para llevar el decreto al recinto y someterlo a votación, aun sin dictamen previo. El DNU solo perderá vigencia si ambas cámaras lo rechazan; si una sola lo impugna o si no llega a tratarse, la norma quedará firme.
La reforma impulsada por el Ejecutivo generó un fuerte rechazo en los sectores más duros de la oposición. El bloque de Unión por la Patria ya presentó un proyecto para derogar el DNU 941/25, mientras que legisladores del kirchnerismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica denunciaron que la medida habilita un esquema de “espionaje político” y cuestionaron que se haya avanzado por decreto, sin debate parlamentario.
El decreto, firmado el 31 de diciembre, modifica la ley nacional de inteligencia con el argumento oficial de modernizar el sistema y dotarlo de mayor eficacia. Entre los cambios más controvertidos figura la ampliación de las atribuciones de la SIDE, incluida la posibilidad de aprehender personas, la calificación de sus actividades como “encubiertas” y una reorganización interna que reduce su estructura formal, pero concentra funciones sensibles. Al mismo tiempo, el área de Ciberseguridad pasó a depender de la Jefatura de Gabinete.
En la elaboración de la norma tuvo un rol central el asesor presidencial Santiago Caputo, quien concentra influencia política sobre el área de inteligencia. Desde la oposición advirtieron que el nuevo esquema carece de controles suficientes y reclamaron la urgente conformación de la Comisión Bicameral, una exigencia que el oficialismo buscó postergar para dilatar el debate al menos hasta febrero.
Esa estrategia explica, según fuentes parlamentarias, que Adorni haya esperado casi hasta el límite legal para remitir el decreto al Congreso. Con el trámite ya cumplido, la oposición se prepara ahora para dar la batalla legislativa, aunque reconoce que el desafío central será reunir el quórum necesario y alcanzar la mayoría simple para rechazar la norma en ambas cámaras.
En un escenario fragmentado, el rol de la Unión Cívica Radical, los peronismos provinciales y los bloques intermedios será decisivo. Los números aparecen ajustados tanto en Diputados como en el Senado, lo que mantiene abierto el resultado de la pulseada.
En el oficialismo descuentan que contarán con el respaldo del PRO, fuerza que lidera Mauricio Macri. El bloque conducido por Cristian Ritondo difundió un comunicado en el que valoró varios de los cambios introducidos, aunque anticipó un “análisis responsable” antes de fijar una posición definitiva y reclamó conocer los protocolos y alcances operativos de la reforma.
Pese a las dudas, los detractores del Gobierno recuerdan un antecedente reciente que alimenta su optimismo: el rechazo parlamentario al primer DNU de Milei que habilitaba una transferencia de $100.000 millones a la SIDE. Mientras tanto, el Ejecutivo concentra sus esfuerzos políticos en asegurar los apoyos necesarios en el Senado para avanzar con la reforma laboral, en paralelo a la disputa por el decreto de inteligencia.
Fuentes consultadas: La Nación; Agencia Noticias Argentinas; Boletín Oficial de la República Argentina; fuentes parlamentarias; bloques legislativos nacionales.
