Buenos Aires, 19 de enero de 2026-Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional avanza en la implementación de un programa de “ciudadanía por inversión” con el objetivo de atraer capitales extranjeros y generar un flujo potencial de hasta US$2.500 millones. La iniciativa, que replica esquemas vigentes en países como Estados Unidos y Canadá, propone otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros que acrediten inversiones consideradas relevantes en el país, aunque aún restan definiciones clave para su puesta en marcha efectiva.
El plan fue formalizado en julio del año pasado mediante el decreto 524/2025, que estableció el marco general del programa. Según la normativa, los extranjeros que realicen inversiones significativas en la Argentina podrán solicitar la ciudadanía, aunque el decreto no fija montos mínimos ni sectores específicos. Esos criterios deberán ser definidos a través de resoluciones complementarias del Ministerio de Economía, que hasta el momento no precisó fechas para su publicación.
Para administrar el programa, el decreto creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo que funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía y tendrá a su cargo la evaluación de las inversiones presentadas. Una vez emitido su dictamen, la Dirección Nacional de Migraciones será la encargada de aprobar o rechazar las solicitudes de ciudadanía.
Como paso previo a la implementación operativa, el Ejecutivo decidió contratar un servicio de consultoría y asistencia técnica especializado. A comienzos de diciembre se lanzó una licitación internacional para seleccionar una empresa que asesore a la nueva agencia durante un período de hasta cuatro años, o hasta la emisión de 5.000 informes recomendando la aprobación de solicitudes de ciudadanía por inversión.
El proceso licitatorio entrará en una etapa decisiva este martes 20 de enero, cuando se abrirán los sobres con las ofertas presentadas. Luego de esa instancia, las propuestas serán evaluadas y se prevé que la adjudicación se concrete en un plazo aproximado de 45 días, lo que permitiría comenzar a aplicar el programa en el transcurso del primer semestre del año.
Entre los oferentes se encuentra un consorcio integrado por firmas internacionales especializadas en programas de residencia y ciudadanía por inversión, que estimaron que la iniciativa argentina podría canalizar más de US$2.500 millones en capitales. Según estas proyecciones, el atractivo del país se apoya tanto en las oportunidades de inversión como en el valor del pasaporte argentino, que figura entre los más aceptados a nivel global.
De acuerdo con especialistas del sector, las inversiones podrían habilitarse en distintos formatos y destinos, en función de los parámetros que defina el Gobierno. Entre las alternativas se mencionan proyectos productivos, desarrollos inmobiliarios, fondos de inversión privados orientados a empresas locales o esquemas de donación a fundaciones o fondos específicos. El trámite se realizaría de manera individual y, una vez aprobado, otorgaría residencia y luego ciudadanía no solo al inversor, sino también a su grupo familiar directo.
El esquema prevé además estrictos controles sobre el origen de los fondos y los antecedentes de los solicitantes. En experiencias similares en otros países, las empresas consultoras realizan verificaciones exhaustivas para descartar vínculos con actividades ilícitas, antecedentes penales o riesgos reputacionales, información que luego es utilizada por los Estados para tomar la decisión final.
A nivel internacional, los programas de ciudadanía o residencia por inversión funcionan en más de 80 países y constituyen una industria consolidada. En ese contexto, la Argentina busca posicionarse como un nuevo destino competitivo, aunque deberá definir con precisión las reglas del juego y garantizar transparencia para evitar cuestionamientos.
Desde el Gobierno consideran que el programa puede convertirse en una herramienta relevante para atraer divisas en un contexto de restricción externa, mientras que sus críticos advierten sobre la necesidad de controles rigurosos y un debate más amplio sobre el impacto institucional y social de este tipo de iniciativas. La licitación en curso y las resoluciones pendientes serán determinantes para conocer el alcance real del plan y su impacto potencial en la economía.
Fuentes consultadas: Ministerio de Economía; Boletín Oficial; TN; especialistas internacionales en programas de ciudadanía por inversión.
