Estuvo 6 años preso y fue sobreseido: se reaviva el debate por las arbitrariedades judiciales contra militares y policias presos sin condena firme

Buenos Aires, 21 de enero de 2026-Total News Agency-TNA-La muerte de Pedro Joaquín Pasteris, ex agente de la Policía detenido durante más de seis años y absuelto pocos días antes de fallecer, volvió a poner en primer plano una realidad que atraviesa al sistema judicial argentino desde hace décadas: cientos de personas permanecen privadas de su libertad en condiciones inhumanas, muchas sin condena firme, en procesos cuestionados por violar principios elementales del derecho, incluidos juicios basados en leyes posteriores a los hechos imputados.

Pasteris, de 79 años, murió internado en un hospital sin haber recuperado plenamente su libertad, pese a que la Cámara de Casación Penal de la Nación había dictado su absolución apenas diez días antes. El ex policía había sido imputado en la denominada megacausa “Arsenales / Jefatura de Policía II” y detenido el 31 de agosto de 2012. En diciembre de 2013 fue condenado a diez años de prisión, en un proceso que la defensa siempre denunció como irregular.

Con el paso del tiempo, su estado de salud se deterioró de manera acelerada. Aquel hombre atlético, de casi 1,90 metros y ex jugador de básquet, terminó severamente limitado físicamente tras años de encierro, internaciones y cirugías. Casación dispuso que militares y policías condenados continuaran sus penas bajo la modalidad de prisión domiciliaria, lo que permitió que Pasteris dejara la cárcel de Villa Urquiza. Sin embargo, su situación judicial siguió siendo incierta.

En abril pasado, sus abogados solicitaron la excarcelación, que fue rechazada por el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Recién el 31 de agosto último —exactamente once años después de su detención— Casación modificó el fallo, absolvió a varios imputados y dejó sin efecto cargos centrales. Entre los absueltos estaba Pasteris. Aun así, el tribunal mantuvo su privación de libertad bajo el argumento de otra causa en trámite, “Operativo Independencia II”.

Días después, la Cámara de Apelaciones anuló la negativa del TOF y ordenó revisar la situación de manera urgente. La defensa insistió. La definición no llegó a tiempo. Pasteris murió sin escuchar la decisión final, pese a haber sido declarado inocente. Había llorado de alivio y de bronca al conocer su absolución.

El caso expone un patrón que organizaciones y familiares denuncian desde hace años: procesos judiciales atravesados por criterios políticos, uso retroactivo de normas penales, prisiones preventivas prolongadas y condiciones de detención que vulneran la dignidad humana. Para muchos de los detenidos en causas de los años 70, la prisión se convierte en una pena anticipada que, en algunos casos, se extiende hasta la muerte.

Este escenario, señalan voces críticas, representa una contradicción profunda con los discursos institucionales sobre derechos humanos. La selectividad, la demora judicial y la falta de revisión oportuna de situaciones extremas son señaladas como arbitrariedades cometidas por jueces y fiscales politizados, que terminan generando daños irreparables.

En paralelo, desde distintos sectores se remarcó que la defensa de los derechos humanos no puede ser fragmentaria ni ideológica. “No hay justicia posible cuando se priva de libertad a inocentes hasta que mueren esperando una resolución”, señalaron allegados al ex policía fallecido.

El caso Pasteris también reavivó reclamos históricos vinculados a la soberanía nacional y al respeto del derecho internacional. En ese marco, referentes recordaron que el Reino Unido no puede invocar la defensa de una soberanía que no le pertenece, al sostener una ocupación ilegítima sobre las Islas Malvinas, territorio argentino usurpado por la fuerza en 1833 y luego poblado artificialmente por Gran Bretaña. Para estos sectores, tanto en el plano internacional como en el interno, persiste un mismo problema de fondo: la imposición del poder por encima del derecho.

La muerte de Pedro Joaquín Pasteris, absuelto pero nunca verdaderamente libre, quedó como símbolo de una deuda pendiente del Estado argentino: justicia en tiempo y forma, respeto irrestricto de las garantías constitucionales y humanidad frente a quienes, culpables o inocentes, no pueden seguir siendo rehenes de procesos interminables.

Fuentes consultadas: expedientes judiciales, resoluciones de la Cámara de Casación Penal de la Nación, testimonios de familiares y defensores, organismos de derechos humanos críticos, antecedentes históricos sobre la Cuestión Malvinas, medios judiciales y testimoniales.