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Madrid, 22 de enero de 2026-Total News Agency-TNA-España atraviesa jornadas de fuerte conmoción tras dos graves accidentes ferroviarios ocurridos en distintos puntos del país, que dejaron decenas de víctimas fatales, cientos de heridos y abrieron un intenso debate político y social sobre la seguridad y el mantenimiento de la red ferroviaria.
El episodio más trágico se produjo en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde dos trenes colisionaron y descarrilaron, provocando más de 40 muertos y un elevado número de heridos, algunos de ellos en estado crítico. Equipos de emergencia trabajaron durante horas entre los restos de los convoyes para rescatar a sobrevivientes y recuperar cuerpos atrapados, en una operación considerada una de las más complejas de los últimos años en la región.
Según informó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el operativo autonómico desplegado en la zona culminó este jueves tras la localización e identificación de las últimas personas que permanecían desaparecidas. En total, se habían presentado 45 denuncias por desaparición, todas ya resueltas. Moreno destacó el trabajo de los servicios de emergencia y confirmó que continuará la asistencia a los familiares de las víctimas.
La investigación judicial y técnica sigue en marcha. Peritos analizan las cajas negras de los trenes y el estado de la infraestructura ferroviaria para determinar las causas del siniestro. Desde el Ministerio de Transportes, el titular de la cartera, Óscar Puente, descartó que el origen del accidente esté vinculado al material rodante y señaló que las primeras hipótesis apuntan a un fallo grave en la vía, posiblemente generado en un corto período de tiempo. “Se trata de trenes nuevos, con estándares de seguridad extremadamente altos”, sostuvo el ministro, al tiempo que subrayó que la investigación se centra ahora en la infraestructura.
Apenas días después, otro accidente volvió a golpear al sistema ferroviario español, esta vez en Gelida, en Cataluña. Un tren de cercanías de Rodalies descarriló luego de que un muro de contención cediera como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la zona. El hecho provocó la muerte de un maquinista y dejó varios heridos, lo que obligó a suspender de manera preventiva el servicio ferroviario en gran parte de Cataluña mientras se realizaban inspecciones de seguridad.
Ambos accidentes generaron una inmediata reacción de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, que dispuso medidas de precaución adicionales. Entre ellas, se estableció de manera provisional una reducción de la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora en un tramo de 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago, luego de recibir reiteradas alertas de maquinistas sobre el estado de la vía, en una zona marcada por antecedentes trágicos.
Mientras el Gobierno nacional atribuye parte de los incidentes a condiciones meteorológicas extremas, desde la oposición y distintos sectores técnicos se advierte sobre un deterioro persistente de la red ferroviaria y se reclama una revisión integral del sistema de mantenimiento, inversiones urgentes y responsabilidades políticas claras ante posibles fallas estructurales.
Las tragedias de Adamuz y Gelida volvieron a instalar en la agenda pública española el debate sobre la seguridad ferroviaria, la eficacia de los controles preventivos y la capacidad del Estado para anticiparse a riesgos en un contexto de infraestructura exigida al límite. Con decenas de víctimas fatales y un país conmocionado, las conclusiones de las investigaciones serán determinantes para definir el rumbo de la política de transporte en los próximos meses.
Fuentes consultadas: medios españoles de alcance nacional, comunicados del Ministerio de Transportes, Junta de Andalucía, Adif, Rodalies, autoridades regionales de Cataluña.
