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Buenos Aires, 25 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-El Gobierno de Javier Milei atraviesa uno de los momentos más convulsionados desde su llegada a la Casa Rosada. El cierre de enero, que parecía consolidar una mayor homogeneidad interna tras el reordenamiento del Gabinete y la tregua entre los distintos núcleos de poder del oficialismo, derivó en una semana marcada por renuncias, desplazamientos y fuertes sospechas de irregularidades en áreas sensibles del Estado. Denuncias vinculadas al manejo de fondos públicos, desgaste político y diferencias en la implementación de políticas clave aceleraron un recambio de funcionarios que no tiene precedentes en la actual etapa de la administración libertaria.
En apenas siete días, al menos cinco altos funcionarios dejaron sus cargos en organismos estratégicos, una dinámica que se diferencia de anteriores purgas por el perfil técnico de muchos de los desplazados y por el peso institucional de las áreas involucradas. Justicia, transporte, energía y control estatal quedaron en el centro de una crisis que expuso las dificultades de coordinación interna del Gobierno y la fragilidad de algunos equilibrios políticos.
Entre las salidas más relevantes se destacan la de Paul Starc, al frente de la Unidad de Información Financiera; Luis Pierrini, en la Secretaría de Transporte; Carlos Casares, interventor del Enargas; y las de Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, responsables de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura. A estos movimientos se sumaron cambios en la Aduana, bajo la órbita de la ARCA, donde el jefe de Ezeiza, Gustavo Mariezcurrena, renunció a solo quince días de haber asumido, oficialmente por razones de salud.
La dimisión de Starc generó particular ruido interno. Su salida de la UIF, un organismo clave en el sistema de prevención de lavado de dinero, se produjo en medio de tensiones con el Ministerio de Economía por el proyecto de “inocencia fiscal”, que el ahora exfuncionario había advertido que podía entrar en conflicto con los estándares internacionales del GAFI. Aunque desde el Ejecutivo relativizaron el episodio y hablaron de “dinámicas de trabajo”, el desplazamiento evidenció fricciones profundas en el área de Justicia. Su reemplazante, Ernesto Gaspari, responde al mismo circuito de confianza que el consultor presidencial Santiago Caputo, lo que refuerza el control político sobre ese organismo.
Otro foco de conflicto fue Transporte. El descabezamiento del área se decidió mientras el ministro de Economía acompañaba al Presidente en Davos. Dentro del oficialismo conviven dos lecturas: una vincula la salida de Pierrini a una denuncia por presuntas irregularidades en la distribución de subsidios; la otra sostiene que la reorganización ya estaba definida y responde a un rediseño más amplio de la infraestructura estatal. En ambos casos, el trasfondo es la pérdida de confianza política y la presión por ordenar un sector históricamente atravesado por intereses cruzados.
El episodio más delicado de la semana estalló en Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares. Allí, una investigación interna detectó supuestos sobreprecios en una licitación de servicios, lo que desató una rebelión de cuadros técnicos y obligó a una intervención preventiva del directorio. La crisis expuso tensiones entre la conducción política y lo que en el propio Gobierno denominan “la casta nuclear”, un entramado de técnicos con fuerte capacidad de resistencia interna.
La salida de Casares del Enargas, por su parte, dejó al descubierto los problemas de articulación en el área energética, justo cuando el Ejecutivo se apresta a unificar los entes reguladores de gas y electricidad en un nuevo organismo. En su despedida, el funcionario no ocultó su malestar por haber sido considerado prescindible, un mensaje que resonó puertas adentro del sector.
Más allá de estos episodios, en Balcarce 50 descuentan que el proceso de recambio no se detendrá. El futuro del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sigue bajo análisis, al igual que posibles cambios en Seguridad y Migraciones, donde ya se mencionan reemplazos ligados al armado político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Las cifras ilustran la magnitud del fenómeno: en los 775 días de gestión, Milei desplazó a unos 215 funcionarios de alto rango, lo que equivale a casi dos salidas por semana desde el inicio de su mandato. El dato refleja una lógica de gobierno marcada por la intolerancia a los desvíos, pero también por la inestabilidad en la conformación de equipos.
Tras el rediseño del Gabinete posterior a las legislativas, el Presidente apostó a un esquema más cerrado, con mayor peso de Karina Milei y la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. El objetivo fue reducir las internas y consolidar la toma de decisiones. Sin embargo, la sucesión de escándalos y renuncias de las últimas semanas demuestra que la tensión entre control político, gestión técnica y disputas de poder sigue siendo uno de los principales desafíos de la era Milei.
Fuentes consultadas: La Nación; Clarín; Ámbito; informes oficiales; relevamientos políticos privados.
