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Buenos Aires, 25 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-El sorpresivo traslado de la causa por presunto lavado de dinero vinculada a la mansión de Pablo Toviggino desde los tribunales federales a un juzgado de Campana volvió a encender las alarmas en Comodoro Py y puso bajo la lupa a un entramado de operadores judiciales, abogados y vínculos políticos que, según especialistas del fuero, podría estar orientado a despejar el camino judicial del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El jefe de los fiscales, Mahiques, pasea por Roma
Si bien aún es prematuro afirmar que el cambio de jurisdicción garantice impunidad, la maniobra fue leída como un motivo de alivio para Toviggino, señalado como presunto dueño en las sombras de una lujosa propiedad en Pilar que figura a nombre de un monotributista y una jubilada. La investigación podría, sin embargo, adquirir un giro más delicado si prospera una eventual denuncia por enriquecimiento ilícito, basada en su paso por la administración pública.
Aunque la AFA es formalmente una entidad privada, en los pasillos judiciales se recuerda que Toviggino revistó como empleado de la Cámara de Diputados de la Nación, con categoría A2, una de las más altas del escalafón y habilitada para designaciones sin conocimiento del resto de los bloques. Esa condición abre la puerta a analizar su evolución patrimonial bajo los parámetros aplicables a un funcionario público, un expediente que, de activarse, quedaría en manos de la Justicia federal.
El dato tomó relevancia política cuando el diputado porteño Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica, reclamó explicaciones sobre quién impulsó su contratación en el Congreso y difundió imágenes que lo muestran junto a Sergio Massa. En marzo de 2025, durante una revisión interna ordenada por la presidencia de la Cámara baja para verificar la asistencia de empleados, el nombramiento de Toviggino no superó el control y fue dado de baja. Hasta ese momento, además de las sospechas por mansiones, cuentas en el exterior y desvíos de fondos, el tesorero de la AFA percibía un salario del Estado.
En este contexto, el traspaso de la causa desde el juzgado de Marcelo Aguinsky hacia el de Adrián González Charvay, en Campana, encendió nuevas sospechas. Para varios conocedores de la dinámica de Comodoro Py, el movimiento responde a una estrategia de forum shopping, es decir, la búsqueda deliberada de un tribunal considerado más favorable. De convalidarse esta práctica, advierten, se abriría un precedente peligroso: el simple cambio de domicilio permitiría a los acusados “elegir juez” según conveniencia geográfica y política.
En el centro de la escena aparece el abogado Ignacio Jakim, histórico defensor de Toviggino, señalado como una pieza clave del dispositivo judicial que lo rodea. Jakim no es un recién llegado: ya había intervenido cuando el tesorero de la AFA denunció al juez Miguel Nathan Licht por publicaciones críticas en redes sociales sobre el sistema de ascensos del fútbol argentino. En aquel episodio, ocurrido durante el gobierno de Alberto Fernández, la tensión se resolvió tras una mediación que incluyó la participación de Gregorio Dalbón y un encuentro en la sede de la AFA con Claudio “Chiqui” Tapia, una escena que selló una tregua y derivó luego en nuevos vínculos profesionales.
Por entonces, los manejos financieros de la AFA aún permanecían en las sombras. Investigaciones periodísticas posteriores revelaron una compleja red de sociedades, prestanombres y circuitos financieros que habrían permitido desviar más de 300 millones de dólares al exterior, una trama que hoy constituye el trasfondo del escándalo.
Jakim comparte tareas con Federico Helfer, pero su nombre aparece asociado a Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires y figura recurrente en los señalamientos sobre el cambio de jurisdicción. Aunque Mahiques niega haber intervenido en la maniobra y asegura ser ajeno a la decisión, reconoce su amistad con Jakim y con Toviggino. Su trayectoria incluye además un paso por la estructura de la FIFA y una vinculación académica con la cuestionada Universidad de la AFA, un proyecto impulsado por Tapia que fue objetado por el Ministerio de Capital Humano por el uso indebido del término “universidad”.
Wado De Pedro asistio a la jura de Juan Bautista Mahíques como fiscal general de CABA
La trama se espesa aún más al observar el rol del juez Néstor Pablo Barral, integrante de la Cámara de San Martín y hasta hace poco miembro del Comité de Disciplina de la AFA. Esa Cámara fue la que resolvió el traslado del expediente a Campana. La secuencia resultó llamativa: cuando todas las miradas se posaban sobre Barral, que debía reincorporarse a sus funciones el 14 de enero, el magistrado postergó su regreso. En su lugar, firmó el traspaso su colega Alberto Lugones, quien avaló el pedido de los presuntos testaferros sin que Barral debiera estampar su firma. En el fuero, la coincidencia alimentó suspicacias.
Antes de ese episodio, la AFA había modificado su domicilio legal hacia la provincia de Buenos Aires, un movimiento interpretado como parte de la misma estrategia defensiva. Para varios jueces federales, se trata de una jugada inédita que, de prosperar, sentaría bases para una peligrosa flexibilización de las reglas de competencia judicial.
El entramado se completa con la figura del abogado Matías García, exdirectivo de Aguas Bonaerenses durante la gestión de Daniel Scioli y vinculado políticamente a Martín Insaurralde. García mantiene relación directa con el juez González Charvay, ahora a cargo de la causa. El nombre de Insaurralde aparece desde el inicio del escándalo por los flujos millonarios investigados en el caso AFA, en particular por los movimientos de la financiera Sur Finanzas, asociada al entorno de Tapia, y su posible conexión con el negocio del juego en la provincia.
Las relaciones entre fútbol, apuestas y poder político vuelven así a entrelazarse en una historia que la Justicia aún debe desentrañar. En Comodoro Py observan con atención los próximos pasos del expediente en Campana. Allí se definirá si el método aplicado logra consolidarse como una vía de escape judicial o si, por el contrario, la causa retoma impulso y expone una red de intereses que, por ahora, se mueve en las sombras.
Fuentes consultadas: La Nación; investigaciones periodísticas nacionales; fuentes judiciales federales; declaraciones parlamentarias.
