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Campana, 28 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-El juez federal Adrián González Charvay ordenó una serie de medidas de prueba clave en el marco de la investigación judicial que busca determinar a quién pertenece realmente la lujosa mansión ubicada en el country Ayres Plaza, en el partido bonaerense de Pilar, cuya titularidad es atribuida al dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Las resoluciones apuntan a esclarecer tanto la propiedad efectiva del inmueble como el origen de los fondos utilizados para su adquisición y mantenimiento.
Según pudo reconstruir la causa, las órdenes impartidas por el magistrado incluyen requerimientos de documentación a organismos públicos y privados, además de la realización de tres pericias específicas destinadas a ampliar información que ya obra en el expediente. Estas medidas buscan avanzar sobre eventuales inconsistencias patrimoniales, movimientos societarios y certificaciones fiscales vinculadas a la propiedad bajo análisis.
La investigación se encuentra en una etapa sensible luego de que el expediente fuera remitido desde el fuero Penal Económico, donde intervenía el juez Marcelo Aguinsky, al Juzgado Federal de Campana. El cambio de jurisdicción respondió a criterios de competencia territorial, dado que el inmueble se encuentra dentro del ámbito de actuación de ese juzgado federal.
La mansión figura formalmente registrada a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos titulares declarados son Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, madre e hijo. Sin embargo, el capital social y el patrimonio declarados por la sociedad no guardarían relación con los ingresos informados por sus responsables, lo que despertó sospechas sobre posibles maniobras de ocultamiento patrimonial y lavado de activos.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, Real Central S.R.L. habría adquirido el inmueble en mayo de 2024 por un valor declarado de 1.800.000 dólares. No obstante, una pericia oficial posterior tasó la propiedad en torno a los 17 millones de dólares, una diferencia sustancial que puso bajo la lupa la capacidad económica real de los compradores y la veracidad de la operación declarada.
La Justicia investiga si detrás de la adquisición podría existir un beneficiario final distinto al que surge de los registros formales. En ese marco, una de las hipótesis centrales es que Pablo Toviggino podría ser el verdadero titular del inmueble, con la eventual utilización de prestanombres o estructuras societarias para disimular su participación en la compra y administración de la finca.
El expediente detalla que la titularidad y el uso de la vivienda fue variando con el tiempo entre distintos integrantes del entorno Pantano, todos vinculados a la firma Real Central S.R.L. En registros internos del country, Luciano Nicolás Pantano figuró inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 desde diciembre de 2021. Posteriormente, a partir de enero de 2023, esa condición pasó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, hermano de Luciano, bajo la misma categoría.
Este corrimiento formal en la identificación del propietario es uno de los elementos que los investigadores consideran relevante para determinar si existió una maniobra destinada a diluir o encubrir la verdadera titularidad del bien. A ello se suman registros de personas invitadas a la propiedad, entre las que aparecen integrantes de ambos grupos familiares.
En la nómina de visitas habituales figuran Máximo Toviggino, hijo del dirigente de la AFA, así como Norberto José Pantano, otro hermano de Luciano y Diego. Estos datos son analizados como posibles indicios de una vinculación más estrecha entre el círculo de Toviggino y quienes aparecen como propietarios formales del inmueble.
La causa también incorpora material extraído de redes sociales, entre ellos una fotografía publicada por Lucía Conte en la que se observa a Diego Fabián Pantano a bordo de un yate junto a sus hermanos, una imagen que los investigadores evalúan en el contexto del nivel de vida exhibido y su eventual correlato con los ingresos declarados.
Con las nuevas medidas de prueba, el juez González Charvay busca reconstruir el circuito completo de la operación inmobiliaria, identificar eventuales inconsistencias fiscales y determinar si la estructura societaria utilizada respondió a fines lícitos o si fue empleada como una pantalla para ocultar patrimonio. El avance de la investigación podría derivar en nuevas imputaciones si se confirma la existencia de maniobras irregulares.
La causa continúa en pleno desarrollo y se perfila como una de las investigaciones judiciales más sensibles vinculadas al entorno dirigencial del fútbol argentino, con derivaciones que podrían tener impacto tanto en el plano judicial como institucional.
Fuentes consultadas: Todo Noticias (TN), Clarín, Radio Mitre, iProfesional, La Nación.
