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Buenos Aires, 27 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-En el marco del juicio que se tramita en los tribunales de Nueva York por la expropiación de YPF realizada en 2012, el Gobierno argentino solicitó formalmente la suspensión inmediata de la entrega de chats y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios ordenada por la Justicia estadounidense, así como también que se deje sin efecto el pedido para declarar a la Argentina en desacato impulsado por los fondos demandantes.
El planteo fue presentado durante la madrugada de este miércoles por la Procuración del Tesoro de la Nación ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, mientras el país aguarda definiciones clave sobre la eventual firmeza del fallo que condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones, más intereses acumulados desde septiembre de 2023, en favor de los demandantes.
La presentación incluyó un pedido de suspensión —stay— del proceso de discovery dispuesto por la jueza Loretta Preska, que habilitaba a los fondos a acceder a comunicaciones privadas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de funcionarios del actual equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, y de exintegrantes del área durante la gestión de Sergio Massa.
Desde la Procuración advirtieron que la continuidad de ese mecanismo configura un avance inadmisible sobre la soberanía nacional. En ese sentido, sostuvieron que “el hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”.
Según fuentes oficiales, los demandantes “escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”, al punto de convertir el discovery en una herramienta de presión política y financiera más que en un mecanismo procesal razonable.
Uno de los puntos más sensibles señalados por la Procuración fue la ofensiva de Burford Capital, principal financiador de los fondos que litigan contra la Argentina. A mediados de enero, Burford solicitó que el tribunal declare al país en desacato, una medida que podría derivar en sanciones económicas y eventuales embargos. Además, reclamó información sobre la localización de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.
Al respecto, desde el Gobierno remarcaron que dichas reservas “son propiedad del Banco Central y, como tales, se encuentran protegidas por la inmunidad de ejecución”, por lo que constituyen activos no ejecutables. En consecuencia, cualquier requerimiento de información sobre esos bienes fue calificado como “manifiestamente improcedente” y contrario a los principios básicos del derecho internacional.
El proceso judicial aún no tendrá una resolución inmediata. Los demandantes cuentan con plazo hasta el 5 de marzo para presentar su contrarréplica, y recién en las audiencias previstas para los días 23 y 24 de ese mes la jueza Preska resolverá si hace lugar o no al pedido de desacato contra la Argentina.
Desde la Procuración subrayaron que, desde la asunción del actual gobierno en diciembre de 2023, el país cumplió plenamente con las obligaciones impuestas por el tribunal estadounidense. “La Argentina siguió el discovery y realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”, señalaron fuentes oficiales.
No obstante, advirtieron que el proceso “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado”. En ese marco, sostuvieron que los demandantes expresaron de manera explícita su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica argentina, una conducta que el Gobierno calificó como jurídicamente y moralmente inaceptable.
Finalmente, la Procuración ratificó que la República Argentina continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles, en todas las instancias judiciales posibles, para defender su soberanía, el Estado de Derecho y frenar pedidos que considera ilegítimos y violatorios de su Constitución, sus leyes y los principios fundamentales del derecho internacional.
Fuentes consultadas:
Procuración del Tesoro de la Nación; Tribunal del Distrito Sur de Nueva York; Clarin; La Nacion; información judicial del caso YPF; antecedentes del litigio por la expropiación de 2012.
