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Buenos Aires, 29 de enero de 2026-Total News Agency-TNA-La Justicia Federal avanza sobre lo que ya es considerado uno de los escándalos financieros más sensibles de los últimos años, al investigar presuntas complicidades internas dentro del Banco Central de la República Argentina en maniobras millonarias vinculadas al dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa combina confesiones de financistas arrepentidos, audios comprometedores, documentación secuestrada y el funcionamiento de cuevas financieras, con el objetivo de determinar si existió un esquema sistemático de encubrimiento y facilitación desde el organismo monetario.
La investigación está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Franco Picardi, y ya derivó en la imputación de cinco funcionarios de alta jerarquía del Banco Central que continúan en funciones pero se encuentran bajo investigación administrativa interna. Se trata de Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández, a quienes se les secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos para peritajes forenses. El análisis de ese material es considerado clave para reconstruir la cadena de responsabilidades.
El expediente tomó fuerte impulso tras la aparición de grabaciones que comprometen a financistas ligados al circuito informal de divisas. En particular, audios entre Elías Piccirillo y Francisco Hauque revelan con crudeza el volumen de las operaciones realizadas y la naturalización de prácticas ilegales. En esas conversaciones, Hauque reclama a Piccirillo una deuda de aproximadamente seis millones de dólares correspondiente a ganancias obtenidas mediante maniobras cambiarias irregulares, y lo amenaza con exponer el entramado completo ante el actual gobierno si no se cumple con el pago.
Uno de los elementos más sensibles del caso surge de una grabación en la que Romina García, inspectora del Banco Central, reconoce que durante la gestión anterior se denunciaron internamente irregularidades vinculadas al acceso a dólares oficiales, pero que esas advertencias no prosperaron. Según consta en la causa, la funcionaria habría admitido que no se avanzó porque “había gente de arriba entongada”, una frase que ahora concentra la atención judicial para identificar eventuales responsables políticos o jerárquicos dentro del organismo.
La hipótesis central que maneja la Justicia es que un grupo de financistas accedía de manera fraudulenta a dólares al tipo de cambio oficial, destinados en principio a operaciones reguladas, para luego volcarlos al mercado informal, donde la cotización era sensiblemente superior. La brecha cambiaria, en pleno cepo, habría generado ganancias extraordinarias que, de acuerdo con testimonios incorporados al expediente, se tradujeron en la adquisición de autos de lujo, relojes de alta gama y propiedades inmobiliarias, incluyendo inmuebles en la costa atlántica.
También se investiga una propiedad que Piccirillo habría entregado a Jésica Cirio apenas dos días antes de su casamiento, operación que despertó sospechas sobre un posible ocultamiento patrimonial. En paralelo, la causa incorporó el testimonio de un policía arrepentido, Carlos Sebastián Smith, quien aseguró haber colaborado en maniobras destinadas a silenciar denuncias, entre ellas la presunta plantación de armas y drogas para perjudicar a Hauque y desactivar su amenaza de revelar el esquema.
Mientras el juzgado de Casanello analiza el contenido de pendrives y dispositivos aportados por Smith, otra línea de investigación avanza en el fuero federal a cargo de la jueza María Servini, quien desde 2023 instruye una causa por maniobras de características similares. La Justicia busca determinar si ambos expedientes forman parte de una misma organización delictiva con ramificaciones múltiples o si se trató de estructuras paralelas que operaron bajo una lógica común.
En el plano administrativo, el Banco Central abrió un sumario interno para evaluar posibles violaciones al Código de Ética por parte de los funcionarios involucrados. Sin embargo, el eje decisivo del caso sigue siendo el contenido de los teléfonos y computadoras secuestrados, que podrían exponer quiénes fueron los niveles superiores que habilitaron o toleraron la “fiesta” del dólar blue, mientras el resto de la economía estaba sometida a severas restricciones cambiarias.
Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas, iProfesional, medios judiciales y económicos nacionales.
