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Ciudad de Buenos Aires, 1 de febrero de 2026 – Total News Agency-TNA-La trama judicial que rodea a los máximos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa una instancia decisiva tras el receso judicial de enero. En las próximas horas, la Cámara Criminal y Correccional deberá resolver una puja de alto impacto institucional: definir si las pruebas bancarias obtenidas en Estados Unidos, que revelan presuntas maniobras millonarias de fraude y desvío de fondos, permanecen en el fuero penal ordinario o son absorbidas por la Justicia federal. La decisión podría redefinir todo el mapa de causas conocido como AFAGate.
El expediente central se originó a partir de la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien acusó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, y al empresario Javier Faroni, junto a su esposa Erica Gillette, por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. Allí se incorporaron más de 3.000 páginas de registros bancarios correspondientes a TourProdEnter, la empresa de Faroni, obtenidos mediante procedimientos de discovery en tribunales estadounidenses.
La documentación reveló que TourProdEnter recaudó más de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años y que, al menos, 42 millones de dólares fueron derivados a cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— sin empleados ni actividad comercial declarada, un esquema típico de empresas pantalla bajo análisis judicial.
La denuncia de Tofoni fue presentada estratégicamente en el fuero penal ordinario, evitando el fuero federal, donde el empresario había sufrido reveses previos. Sin embargo, apenas un día después, la fiscal Silvana Russi impulsó el traslado del caso al Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, argumentando la necesidad de una investigación integral que evite causas paralelas y superpuestas.
Ese planteo coincidió con una serie de allanamientos de alto impacto. Armella ordenó procedimientos en el domicilio de Faroni en Nordelta, luego de un episodio llamativo en Aeroparque, donde el empresario intentó abordar un vuelo privado a Punta del Este y logró descartar su teléfono celular instantes antes de ser interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Pese al análisis de las cámaras de seguridad, no se pudo determinar si Faroni contaba con información previa del operativo.
Ese mismo día, la Justicia allanó la sede de la AFA en la calle Viamonte, donde se secuestró el contrato entre la entidad y TourProdEnter. El documento expuso que la empresa de Faroni percibía el 30% de todos los ingresos comerciales internacionales de la AFA y, además, un 10% adicional sobre las erogaciones vinculadas a supuestos servicios de logística desde diciembre de 2021, un esquema que hoy está bajo severo cuestionamiento judicial.
El 2 de enero, la jueza Paula Petazzi resolvió declinar la competencia y enviar la causa al fuero federal para evitar duplicaciones. Tofoni apeló esa decisión y el expediente quedó radicado en la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional, donde ahora el camarista Ignacio Rodríguez Varela deberá definir si confirma el traspaso o mantiene el caso en el ámbito ordinario.
Mientras tanto, durante la feria judicial se produjeron movimientos silenciosos pero relevantes. Tapia y Toviggino designaron como defensor al abogado Alejandro Higa, el mismo letrado que en 2024 promovió una medida cautelar para frenar la aplicación del DNU 70/23 en el capítulo que habilitaba a los clubes a transformarse en sociedades anónimas deportivas (SAD). En ese trámite, los dirigentes declararon como domicilio legal la polémica dirección de Mercedes 1366, en Pilar, un inmueble cuestionado por la Inspección General de Justicia (IGJ).
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya anticipó que impugnará ese domicilio, luego de constatar que en el lugar solo existe un cartel anunciando una futura “sede social y museo de los campeones del mundo”.
En paralelo, el juez Armella avanzó con medidas patrimoniales sobre Faroni, Gillette y los presuntos prestanombres utilizados para montar las sociedades en Florida. A su vez, el juez Adrián González Charvay, en Campana, observa con atención la decisión de la Cámara: en su juzgado tramita la causa por la mansión de Pilar atribuida a Toviggino, una investigación que los abogados de la dirigencia buscan convertir en el expediente madre que absorba todas las causas sensibles, incluido el capítulo internacional.
La resolución de la Sala V aparece así como un punto de inflexión. Si las pruebas permanecen unificadas, el andamiaje del AFAGate podría consolidarse. Si se fragmentan y migran de juzgado en juzgado, el riesgo de diluir la investigación vuelve a quedar sobre la mesa.
Fuentes consultadas: La Nación; expedientes judiciales del fuero penal y federal; fuentes judiciales; registros societarios y bancarios de Estados Unidos.
