Ciudad de Buenos Aires, 1 de febrero de 2026 – Total News Agency-TNA-Una investigación judicial de alto impacto sobre presuntas maniobras ilegales con el dólar oficial durante el período de restricciones cambiarias avanzó de manera significativa tras el hallazgo de documentación sensible en la vivienda de una funcionaria jerárquica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trata de un sumario interno vinculado a la casa de cambio ARG EXCHANGE S.A., suspendida en 2024 por irregularidades, en el que figuran como principales responsables los financistas Elías Piccirillo y Martín Migueles, ambos bajo investigación por presuntos negociados cambiarios.
Martín Migueles y Wnada Nara
El material fue secuestrado durante una serie de allanamientos realizados el 29 de diciembre pasado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa que indaga la posible connivencia entre funcionarios del BCRA y operadores financieros para acceder de manera irregular al dólar oficial entre 2022 y 2023, cuando regían fuertes controles cambiarios durante el gobierno de Alberto Fernández.
El documento, de 22 fojas, fue encontrado en la casa de Analía Jaime, inspectora general de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA. Junto con el sumario se incautaron su teléfono celular y una notebook, cuyos accesos fueron entregados voluntariamente por la funcionaria. Todo el material quedó a disposición del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal federal Franco Picardi, quienes evalúan el alcance probatorio del hallazgo.
El sumario interno corresponde a un “informe final de verificación off site” sobre ARG EXCHANGE S.A. y detalla una serie de irregularidades operativas y estructurales detectadas en la casa de cambio. Entre los puntos más sensibles, el informe consigna que la firma operó entre enero y agosto de 2023 un volumen total de 184,8 millones de dólares, con picos superiores a los 60 millones mensuales en marzo y abril, en un contexto de brecha cambiaria superior al 100 por ciento entre el dólar oficial y el paralelo.
Según la investigación, Piccirillo figuraba como titular del 90 por ciento del capital accionario de la financiera, mientras que Migueles se desempeñaba simultáneamente como presidente, responsable contable, enlace ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y encargado del control interno, una concentración de funciones que fue expresamente observada en el sumario como una anomalía grave. El informe concluye recomendando el inicio de actuaciones sumariales en materia cambiaria y financiera por los incumplimientos detectados.
La causa judicial se originó a partir de la declaración de un arrepentido, Sebastián “Lobo” Smith, ex oficial de la Policía Federal Argentina, quien aseguró haber participado en un operativo ilegal destinado a incriminar al financista Francisco Hauque mediante la plantación de un arma y cocaína, con el objetivo de evitar el pago de una deuda millonaria. Piccirillo fue procesado por esos hechos y actualmente cumple prisión domiciliaria.
En su testimonio, Smith afirmó además haber trasladado grandes sumas de dinero para Piccirillo, y sostuvo que éste le confesó mantener vínculos con funcionarios del BCRA para acceder al dólar oficial de manera irregular. La causa incorpora mensajes y audios que refuerzan esa hipótesis, entre ellos una grabación de una conversación entre Piccirillo y Romina García, inspectora del área de Supervisión del BCRA, en la que la funcionaria admite haber asesorado a Hauque en sus casas de cambio, reconociendo que esa conducta estaba prohibida. En el mismo diálogo, García alude a amenazas y extorsiones, y desliza la existencia de funcionarios “entongados” en niveles superiores del organismo.
A partir de esas pruebas, la Justicia ordenó allanamientos en el BCRA y en los domicilios de García, Jaime y otros tres funcionarios: Diego Volcic, María Valeria Fernández y Fabián Violante, todos mencionados en las escuchas. El Banco Central inició investigaciones administrativas internas contra los involucrados.
La defensa de Analía Jaime, a cargo del abogado Diego Carle, negó cualquier irregularidad y sostuvo que la documentación secuestrada forma parte de su labor habitual. Según explicó, la funcionaria trabaja desde la pandemia bajo un régimen híbrido y conserva en su domicilio informes vinculados al control de múltiples casas de cambio.
Mientras tanto, la investigación judicial busca determinar si el sumario hallado constituye solo material laboral o si revela un conocimiento anticipado, omisiones deliberadas o posibles responsabilidades penales en una trama que combina operadores financieros, funcionarios públicos y maniobras millonarias con el dólar oficial.
Fuentes consultadas: Clarín; expedientes judiciales del fuero federal; información del Banco Central de la República Argentina; fuentes judiciales.
