Buenos Aires, 3 de febrero de 2026 – Total News Agency-TNA- Un fallo judicial adverso golpeó de lleno a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y reavivó las sospechas sobre maniobras para apropiarse de negocios millonarios vinculados a la Selección argentina. La Justicia reconoció como auténticas las firmas de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en un contrato que ambos habían desconocido, dándole la razón al empresario Guillermo Tofoni en la disputa por la organización de los partidos amistosos del seleccionado nacional.
La resolución fue dictada en diciembre de 2025 por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 8, a cargo del juez Javier Jorge Cosentino, y se apoyó en una pericia caligráfica realizada por la especialista Liliana Beatriz Quintana, quien concluyó que las firmas estampadas en el contrato corresponden efectivamente, de puño y letra, a Tapia y Toviggino. La causa continúa abierta y sigue incorporando prueba.
El acuerdo en cuestión fue firmado el 4 de mayo de 2021 entre la AFA y World Eleven Inc., la empresa de Tofoni, para la organización de partidos amistosos de la Selección. El contrato establecía que la firma privada se encargaría de esos encuentros desde el 1° de noviembre de 2022 hasta 2030. Sin embargo, tras la consagración del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial Qatar 2022, el negocio se volvió mucho más lucrativo y, según la demanda, la cúpula de la AFA decidió desplazar a Tofoni para quedarse con la totalidad de los ingresos.
El incumplimiento se materializó en marzo de 2023, durante la primera fecha FIFA de ese año, cuando la AFA dejó de respetar el contrato vigente y avanzó con la sustitución de World Eleven Inc. por ProSport Live LLC, sin rescindir formalmente el acuerdo ni invocar cláusulas de incumplimiento. Para evitar cualquier reconocimiento de la relación contractual, Tapia y Toviggino optaron por una estrategia extrema: desconocer el contrato y negar sus propias firmas, lo que implicaba, en los hechos, atribuir una falsificación al empresario denunciante.
En su defensa, la AFA alegó que el contrato era nulo por no haber sido aprobado por el Comité Ejecutivo. No obstante, el expediente incorpora correos electrónicos internos que prueban el aval técnico y de Tesorería, e incluso instrucciones explícitas para “proceder a la firma” del convenio. Además, el texto contractual no incluía ninguna cláusula que condicionara su validez a una aprobación posterior, lo que debilitó aún más la postura de la entidad.
La disputa judicial también dejó al descubierto una irregularidad adicional detectada en versiones preliminares del acuerdo. En un precontrato —accedido por la Justicia y corroborado por fuentes de la propia AFA— se exigía a Tofoni subcontratar a Wicca SAS, una empresa vinculada a María Florencia Sartirana, pareja de Pablo Toviggino, y exgerenta de finanzas de la AFA. Esa subcontratación implicaba que el 10% del producido neto que le correspondía a Tofoni fuera girado a Wicca SAS, reduciendo su participación del 30% al 20%.
Wicca SAS, constituida en 2019, está asociada a la cadena de spas La Fleur de Sarti y tuvo en su directorio a Sartirana junto al agente de jugadores Agustín Alejandro Mercure, con Juan Pablo Beacon como administrador suplente. Beacon, abogado y dirigente histórico del fútbol del interior, fue presidente de la Federación de Fútbol Patagónica, director general ejecutivo de la AFA y expresidente ejecutivo del Consejo Federal, siempre bajo la órbita de Toviggino.
Las conexiones societarias se profundizan al analizar otros movimientos. Según consta en distintas investigaciones judiciales, Wicca SAS vendió en septiembre de 2024 dos lotes del country Ayres Plaza a Real Central SRL, firma vinculada a la polémica mansión de Villa Rosa, Pilar, cuya titularidad real investiga la Justicia y que se presume habría sido adquirida mediante testaferros de Toviggino. Incluso se detectaron expensas impagas a nombre de Wicca SAS, lo que evidenció su tenencia previa de los terrenos.
Además, Wicca SAS facturó montos millonarios a Malte SRL por el denominado “programa Malte Federal”, mientras que la propia Sartirana emitió facturas por “honorarios” cercanas al millón de pesos a esa misma empresa, que en 2022 recibió US$ 550.000 por trabajos vinculados al sistema VAR en el predio de la AFA en Ezeiza, según información remitida por ARCA al juez Daniel Rafecas.
En abril de 2023, Tofoni también denunció a Tapia por presunta defraudación y lavado de activos, aunque esa causa fue desestimada por la Justicia Federal, que encuadró el conflicto como un incumplimiento contractual ajeno al fuero penal. No obstante, el reconocimiento judicial de las firmas en el contrato vuelve a colocar bajo la lupa el accionar de la conducción de la AFA y refuerza las sospechas sobre un entramado de empresas, dirigentes y familiares alrededor de los negocios de la Selección.
El fallo representa un golpe institucional para Tapia y Toviggino y un respaldo clave para Tofoni, al tiempo que suma un nuevo capítulo a la larga lista de controversias judiciales que rodean a la actual dirigencia del fútbol argentino.
Fuentes consultadas:
Clarín
Expedientes judiciales
Registros societarios
Fuentes del ámbito judicial y futbolístico
