Buenos Aires, 4 de febrero de 2026 – Total News Agency-TNA- El debate sobre el precio de la indumentaria en la Argentina volvió a ocupar el centro de la escena económica y política luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, celebrara públicamente que un empresario del sector textil reconociera que la ropa producida en el país “estaba cara”, en línea con declaraciones previas del propio funcionario, quien días atrás afirmó que no compra vestimenta en el mercado local por sus altos valores.
La controversia se reavivó a partir de un mensaje publicado por Caputo en su cuenta oficial de X, donde destacó la sinceridad del sector privado frente a un tema históricamente sensible. “Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles. Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente”, escribió el ministro, en referencia directa a una entrevista televisiva emitida el martes por la noche.
Las declaraciones que motivaron la reacción oficial fueron realizadas por Marcelo Fernández, empresario del rubro textil, quien admitió en una entrevista que los precios de la indumentaria habían alcanzado niveles excesivos en los últimos años. “Pudimos aumentar solo 11% desde 2023 hasta ahora porque hicimos un mea culpa de todo el empresariado nacional de que estábamos caros. Es verdad, claro que estábamos caros”, sostuvo Fernández, al explicar el cambio de estrategia de parte de algunas firmas del sector.
El pronunciamiento del empresario fue interpretado en el Gobierno como una validación del diagnóstico que viene sosteniendo la administración de Javier Milei respecto a las distorsiones de precios en la economía argentina, particularmente en aquellos sectores protegidos durante décadas por altos aranceles, restricciones a las importaciones y regulaciones que limitaron la competencia.
Caputo ya había generado polémica días atrás al señalar públicamente que no compra ropa en la Argentina debido a los elevados precios en comparación con otros países. Aquella frase provocó un fuerte malestar en cámaras textiles y sindicatos del sector, que acusaron al ministro de desvalorizar la producción nacional y de desconocer los costos internos, incluidos impuestos, cargas laborales y logística.
Sin embargo, el reconocimiento explícito de Fernández abrió una grieta dentro del propio empresariado textil. Mientras algunos referentes continuaron defendiendo los precios locales como resultado de una estructura de costos adversa, otros comenzaron a admitir que la falta de competencia y la protección prolongada derivaron en valores finales muy por encima de los estándares internacionales.
Desde el entorno económico oficial remarcan que el sinceramiento de precios es una condición necesaria para avanzar en una baja sostenida de la inflación y en una recomposición del poder adquisitivo. En ese marco, la indumentaria aparece como uno de los rubros donde el Gobierno espera un mayor ajuste a la baja, a partir de una mayor apertura comercial y de la presión competitiva externa.
En paralelo, analistas del sector destacan que, si bien algunos precios comenzaron a moderarse en términos reales desde fines de 2025, la ropa sigue siendo uno de los bienes más caros en la Argentina en comparación regional, especialmente frente a países como Chile, Brasil y Uruguay. Esa brecha se explica tanto por factores macroeconómicos como por prácticas comerciales históricas que recién ahora comienzan a ser cuestionadas de manera pública.
La postura de Caputo apunta a instalar un cambio cultural en la relación entre el Estado y el empresariado, promoviendo lo que el oficialismo define como “sinceridad de precios” y competencia real. En ese sentido, el reconocimiento de un empresario textil de que la ropa “estaba cara” fue leído en Balcarce 50 como un gesto político y económico relevante, que podría anticipar un reordenamiento más amplio dentro del sector.
El cruce, lejos de cerrarse, promete seguir alimentando el debate sobre el modelo productivo, el rol de la protección estatal y el impacto de los precios internos en la vida cotidiana de los consumidores, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar su programa de estabilización y desregulación de la economía.
