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Buenos Aires, 5 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA-La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a exhibir este viernes una estrategia que remite a un sindicalismo de otra época. A partir de las 11, la central obrera reunirá a su Consejo Directivo en la histórica sede de la calle Azopardo con el objetivo de definir medidas de acción directa contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que será debatida el próximo miércoles en el Senado. En la mesa, una vez más, aparece la amenaza de un paro general como respuesta casi automática ante un proyecto que apunta a modernizar el marco laboral e incentivar la inversión productiva.
El clima interno en la CGT refleja una combinación de falta de ideas y tensiones entre sectores. El ala dialoguista de la central no logró los respaldos políticos que esperaba en su ronda de contactos con gobernadores, mientras que los sectores más duros presionan por una escalada del conflicto. En ese escenario, la posibilidad de una huelga nacional gana terreno como salida conocida de un modelo gremial que ya no existe en gran parte del mundo.
En la previa del encuentro, el integrante del triunvirato Jorge Sola confirmó que la conducción cegetista mantuvo reuniones con seis gobernadores peronistas que rechazan la iniciativa oficial. Entre ellos mencionó al mandatario bonaerense Axel Kicillof, al formoseño Gildo Insfrán, al pampeano Sergio Ziliotto, al riojano Ricardo Quintela, al santiagueño Elías Suárez y al fueguino Gustavo Melella. Según expresó, los encuentros tuvieron como eje advertir sobre una supuesta “conculcación de derechos” que implicaría la denominada Ley de Modernización Laboral.
Sin embargo, ese respaldo político resultó limitado. Otros gobernadores a los que la CGT buscó sumar optaron por suspender o reprogramar los encuentros, entre ellos Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. La dificultad para ampliar el frente de apoyo dejó en evidencia el aislamiento creciente de la central obrera frente a un debate que atraviesa no sólo a la Argentina, sino al conjunto de las economías que buscan adaptarse a un nuevo escenario productivo.
En paralelo, sectores sindicales alineados con la CGT y las CTA realizaron movilizaciones en Córdoba contra la reforma, con fuertes críticas a los gobernadores que no se plegaron al rechazo. En ese contexto, el otro integrante del triunvirato, Cristian Jerónimo, encabezó una reunión con organizaciones gremiales “en defensa de los estatutos laborales”, reforzando la postura de resistencia cerrada frente a cualquier modificación del régimen vigente.
Desde el ala más dura del sindicalismo, Pablo Moyano reapareció públicamente tras un encuentro con Abel Furlán, titular de la UOM, y aseguró que “la CGT puede voltear la reforma laboral”, evocando el antecedente de la gestión de Mauricio Macri, cuando un grupo reducido de gremios logró frenar iniciativas similares. El dirigente camionero insistió en que, con la central obrera unificada, el oficialismo no tendría margen para avanzar.
El planteo sindical contrasta con la lógica del proyecto oficial, que busca flexibilizar un esquema laboral rígido, heredado de décadas anteriores, y alinearlo con modelos que fomenten la inversión privada y la generación de empleo formal. Se trata de una discusión que excede a la coyuntura local: incluso en países con fuerte presencia estatal o sistemas laborales históricamente controlados, como China, las estructuras gremiales tradicionales son vistas como un obstáculo para la competitividad y el crecimiento.
La amenaza de un nuevo paro general vuelve así a poner en escena a una CGT que responde con reflejos del pasado frente a un debate estructural del presente. Mientras el Gobierno impulsa cambios orientados a atraer capital y dinamizar la economía, la central obrera insiste en un modelo de confrontación que, lejos de ofrecer alternativas, parece confirmar su desconexión con el mundo productivo actual y con una Argentina que busca salir del estancamiento.
