Argentina
España
USA
Israel
Nuevo ataque del Estado a los Legítimos Usuarios
Por Gustavo S. Rubio
Hay proyectos de ley que nacen para ordenar el sistema y hay otros que nacen para disciplinar a quienes todavía creen que la ciudadanía no es una concesión administrativa. El proyecto 7178-D-2025 de reforma de la Ley Nacional de Armas y Explosivos impulsado por la Coalición Cívica y firmado por Mónica Frade y Maximiliano Ferraro pertenece, sin demasiados disimulos, a esta segunda categoría. Bajo una prosa técnica, cargada de supuesta “precisión normativa”, se esconde un cambio de paradigma que, sin tapujos, afirma lo que se venía denunciando desde hacía décadas: para Papá Estado el ciudadano de a pie que cumple las leyes no puede ser idóneo y debe ser permanentemente sospechoso.
El régimen legal vigente en el tema armas -con todos sus defectos y abusos denunciados- parte de una lógica clara: quien acredita idoneidad, antecedentes y aptitud psicofísica accede a la condición de legítimo usuario por un plazo razonable, con reglas estables.
El proyecto Frade-Ferraro rompe de cuajo ese equilibrio y lo reemplaza directamente por un sistema de hostigamiento administrativo, donde el derecho de propiedad y la seguridad jurídica quedan subordinados a la voluntad cambiante del burócrata de turno.
El paraíso del buen déspota, el sueño húmedo del colectivista, la fantasía de todo estatista.
El proyecto directamente arranca con la exclusión como política pública (Artículos 5° inciso a y 11° del Proyecto).
El primer síntoma de este giro autoritario aparece con la elevación arbitraria de la edad mínima. Mientras el propio Estado reconoce a los 18 años la plena capacidad civil -para votar, contratar, casarse o endeudarse-, el proyecto decide que esos mismos adultos son demasiado inmaduros para ejercer un derecho vinculado a su seguridad.
A los 18 se puede decidir el destino del país; para Frade y Ferraro, no el propio.
La portación, por su parte, queda reservada recién a los 24 años. No hay argumento técnico ni criminológico serio detrás de esa cifra. Hay, sí, una lógica conocida: excluir generaciones completas del acceso legal, empujándolas hacia la informalidad o la indefensión. ¿Por qué´? Porque se le cantó al legislador que piensa que puede manejar la vida de la gente como en la Edad Media.
Es así que la asfixia administrativa se vuelve un método (Art. 5° inciso b y Art. 11° inciso d del Proyecto) porque el corazón del proyecto no está en la edad: está en la frecuencia absurda de los controles psicofísicos.
Renovaciones semestrales para la tenencia y trimestrales para la portación. Ningún sistema comparado serio opera así. No por casualidad: es económicamente inviable e insostenible en el tiempo.
El mensaje es claro y brutal: no te prohibimos, te cansamos.
No te quitamos el derecho, te lo volvemos impracticable.
La caducidad automática de la credencial ante el vencimiento de un certificado -en un país donde los trámites estatales rara vez funcionan en tiempo y forma- convierte al usuario cumplidor en infractor potencial permanente. No por peligroso, sino por depender de la ventanilla arbitraria de la burocracia.
Pero el abuso no queda ahí. Se suman obstáculos que anulan el derecho de la tenencia legal de armas (Artículos 8° y 9° del Proyecto)
Las exigencias sobre almacenamiento y transporte merecen un capítulo aparte.
Candados en gatillo obligatorios, cajas cerradas, armas inutilizadas mecánicamente dentro del propio hogar o al transportarse.
Todo presentado como “seguridad”, pero con un efecto real muy distinto: neutralizar la defensa legítima frente a una agresión ilegítima.
Una norma que exige abrir una caja, retirar un candado y montar un arma en medio de una agresión domiciliaria no busca prevenir accidentes: busca que el arma no sirva. Es un obstáculo deliberado, disfrazado de protocolo, para que quienes están fuera d ela ley puedan seguir haciendo de las suyas atentando tranquilamente contra la vida y propiedad de las personas.
Más aún, el proyecto hace que la portación imposible poniendo como condición un requisito, una confesión, que nadie firmará (Art. 13° del Proyecto)
El punto más revelador del proyecto chavista aparece cuando se regula la portación.
Se exige, ni más ni menos, que el ciudadano presente un certificado del Ministerio de Seguridad reconociendo que el Estado no puede protegerlo. Es una genialidad burocrática: un requisito imposible. Ningún funcionario firmará jamás un documento que implique admitir la ineficacia estatal.
Así, la portación queda prohibida sin decirlo. No por ley, sino por imposibilidad administrativa. El Estado fracasa, pero exige que el ciudadano pruebe ese fracaso… con un sello oficial.
Entonces pasamos del control al punitivismo. (Art. 17° del Proyecto – modificación del art. 189 bis del Código Penal)
La reforma del Código Penal completa el cuadro. Infracciones (delirios) administrativas -un candado mal colocado, una corredera cerrada, un arma a más de dos metros de su lugar de guarda- pasan a ser delitos penales con pena de prisión. Se pulveriza el principio de mínima intervención y se inaugura un régimen donde el error formal equivale a criminalidad.
El usuario legal deja de ser sujeto de derecho para convertirse en candidato a procesado. No por violento, no por peligroso, sino por no cumplir al milímetro un reglamento cambiante.
1984 era una advertencia, no un manual de política.
Y es así que aparece la confiscación por mora y discrecionalidad sin pudor (Art. 5° inciso b, párrafos finales, y Arts. 5° y 11° -“requisitos adicionales”)
El Estado, además, se reserva la facultad de guardar armas, cobrar por esa guarda y eventualmente expropiarlas si el ciudadano no puede afrontar los costos o si el trámite trimestral se demora.
No hay sentencia, no hay decomiso judicial: hay mora administrativa y, por ende, pérdida patrimonial.
Sumado a las cláusulas abiertas que habilitan “requisitos adicionales” por vía reglamentaria futura, el proyecto consolida un esquema de discrecionalidad permanente, donde la ley deja de ser límite y se convierte en excusa.
El verdadero objetivo, el impacto sistémico del conjunto normativo presentado, es que nada de esto impacta en el mercado ilegal. El Proyecto de la Coalición Cívica ataca directamente a la gente que quiere estar dentro de la ley.
El delincuente no renueva psicofísicos, no usa candados homologados ni solicita certificados ministeriales. El único alcanzado es el ciudadano que cumple.
Por eso este proyecto no es ingenuo ni mal diseñado. Es coherente con una visión política imperante en la Argentina de hoy: desarmar al ciudadano legal mientras se administra el fracaso estatal como si fuera virtud moral.
Resulta irónico -aunque no sorprendente- que esta avanzada venga de quienes se presentan como republicanos y progresistas, pero legislan con reflejos de tutela paternal y desconfianza de tiranos y oligarcas.
Este debate va a ser una prueba de fuego para La Libertad Avanza, para los funcionarios reciclados del PRO que aún no decidieron si abrazaron el ideario libertario o solo cambiaron de camiseta para tener un poco más vida política, y para una oposición que confunde control con castigo. Va a ser un punto de inflexión para separar la paja del trigo.
La línea es clara: o se está del lado del ciudadano responsable, o del estatismo colectivista que lo frena mientras el narco avanza. No hay tercer carril. El colectivismo punitivo -versión PRO o kirchnerista- ya mostró sus resultados.
La pregunta no es si este proyecto ordena el sistema. La pregunta es a quién protege. Y, como casi siempre, la respuesta incomoda.
