Argentina
España
USA
Israel
Denuncias acumuladas revelan presunta corrupción estructural, abusos de poder y relaciones impropias en la Policía Federal tras el caso del suboficial encadenado en Casa Rosada
Buenos Aires, 7 de febrero de 2026 – Total News Agency-TNA-La protesta extrema protagonizada por el cabo Miguel Montiel, quien se encadenó a las rejas de la Casa Rosada, marcó un punto de quiebre que expuso un cuadro de presunta corrupción, deterioro operativo y abusos sistemáticos dentro de la Policía Federal Argentina (PFA). A la ratificación pública de su denuncia por maniobras irregulares en la Superintendencia de Transporte, se sumaron dos extensas presentaciones anónimas recibidas por Total News Agency (TNA), provenientes de distintas dependencias federales del interior del país. De acuerdo con fuentes policiales propias de esta agencia, los hechos descriptos fueron corroborados en líneas generales en un 90 %, motivo por el cual se los da a conocer con carácter potencial y de extrema gravedad institucional.
Montiel reiteró que la maniobra que denunció no es reciente ni excepcional. Según explicó, se trata de un mecanismo sostenido durante años, basado en la sobrefacturación de gastos y pedidos operativos inflados. “Ponen diez y son tres”, describió el suboficial, aludiendo a presupuestos artificialmente elevados que luego son aprobados por la cadena jerárquica. Afirmó que existen audios y escritos internos que respaldan sus dichos y sostuvo que múltiples denuncias previas, muchas de ellas anónimas, nunca prosperaron. En ese contexto, señaló directamente al comisario general Omar Farías como quien firma y aprueba los pedidos cuestionados, asegurando que “maneja todo” dentro del área. También describió un nivel de informalidad alarmante, con personal externo ingresando a oficinas jerárquicas “como si fuera su casa”.
El impacto público de su accionar motivó contactos desde Presidencia de la Nación y abrió la posibilidad de una reunión con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aunque Montiel dejó en claro que decidió exponerse porque dentro de la institución le habían advertido que denunciar “no servía” y porque asumía que su carrera policial estaba terminada.
En paralelo, TNA recibió una denuncia anónima referida a la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, que comprometería directamente al comisario mayor Fabio Ramón Andrés Ascona, director general de esa agencia, y al comisario inspector Diego Ivach, bajo su órbita. El escrito describe un presunto desvío deliberado de la función federal, mediante órdenes expresas para relegar investigaciones complejas propias de la competencia federal y priorizar casi exclusivamente procedimientos de narcomenudeo. El objetivo, según la denuncia, sería inflar artificialmente estadísticas operativas para simular eficiencia ante autoridades superiores y el Ministerio, vaciando progresivamente la investigación federal real.
El documento detalla servicios abusivos e impropios. Las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, Bell Ville, General Deheza y San Francisco serían obligadas a cubrir eventos masivos durante varios días consecutivos —como el Día de la Primavera en Embalse, la Oktoberfest, recitales y espectáculos— realizando tareas propias de policías provinciales. El personal lo haría sin viáticos, sin descanso adecuado y sin condiciones mínimas de alojamiento y alimentación. Se describen hoteles sin sábanas ni higiene básica, desayunos reducidos a café y bizcochos viejos, y almuerzos y cenas limitados a hamburguesas o minutas, pese a jornadas que superan ampliamente las doce horas y, en muchos casos, alcanzan más de veinticuatro horas continuas de servicio. Finalizadas estas tareas, el personal debe concurrir a Unidades Judiciales para entregar procedimientos, demorando varias horas adicionales antes de regresar a sus ciudades de origen. Según la denuncia, estos servicios serían cobrados por comisarios mayores e inspectores.
También se describen traslados peligrosos y trato denigrante. En el evento de Embalse, personal se trasladó en vehículos particulares, compartiendo gastos de combustible, y en móviles oficiales en mal estado. Se menciona especialmente un móvil Ford Ranger identificable N° 7816, con cúpula, en el que viajaron ocho efectivos, tres de ellos acostados en la caja sobre un colchón, exponiéndose a un riesgo extremo e incompatible con cualquier normativa de seguridad. Todo ello ocurre, según el escrito, en un contexto donde la obra social no cubriría prestaciones básicas desde hace más de un año.
La denuncia incluye servicios “interfuerzas” con fines meramente propagandísticos, como el denominado “90-10” en la ciudad de San Francisco, donde personal de DUOF debe recorrer hasta 600 kilómetros únicamente para tomas fotográficas institucionales. Se describen además órdenes coercitivas del comisario mayor Ascona para garantizar la asistencia del personal “como sea”, aun sin móviles disponibles, trasladando la presión jerárquica a comisarios y subalternos y generando un clima de hostigamiento y temor.
El escrito denuncia un abandono institucional total de los canes detectores de droga de las DUOF Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco y General Deheza, sin provisión de alimento, atención veterinaria ni desparasitación. Los gastos serían afrontados por los guías y el personal. Se menciona incluso la obligación de conseguir un perro de raza para adiestramiento, alojado en un lugar no habilitado y luego devuelto a su donante por falta de condiciones.
También se detallan carencias graves de equipamiento para investigaciones federales —cámaras, videograbadoras, binoculares, impresoras y computadoras—, móviles con cubiertas lisas y frenos deficientes, gastos operativos solventados por el personal, y el encubrimiento de hechos graves, como un accidente de tránsito protagonizado por el cabo primero Bobadilla, de la DUOF Bell Ville, bajo los efectos del alcohol, que habría sido silenciado por las jefaturas.
La denuncia expone además un deterioro psíquico creciente del personal, con aumento de licencias médicas y psiquiátricas, pedidos de baja, salarios considerados miserables y pluriempleo forzado en actividades como Uber, albañilería o ventas informales. Se suma la falta de capacitación, con chalecos antibalas vencidos desde hace más de dos años y ausencia de prácticas de tiro desde hace tres.
Un punto central señalado es la impunidad por parte de la superioridad. El escrito afirma que el comisario inspector Diego Ivach mantiene una relación personal con la subinspectora Soledad Pacheco, con asiento en la DUOF Villa María, conviviendo ambos sin haber informado la situación a la institución, en presunta violación del reglamento interno. Al mismo tiempo, Ivach habría sancionado a personal subalterno que mantenía relaciones personales sin notificarlas, aplicando un criterio desigual y discrecional. TNA no pudo confirmar la relacion de Comisario Ivach con la sub inpectora Pacheco, pero si la existencia de los rumores que asi lo señalan.
La segunda denuncia anónima recibida por TNA se refiere a la División Unidad Operativa Federal Eldorado y apunta al subcomisario Gabriel Ballester, jefe de dependencia. Allí se lo acusa de abusar de su cargo y jerarquía beneficiando a la sargento Soledad Ruiz Díaz, integrante de la Oficina de Técnica, con quien mantendría una relación íntima. Según el escrito, Ruiz Díaz no se habría presentado a trabajar desde el 3 de enero hasta el 4 de febrero sin licencia médica ni uso de licencia anual, privilegio negado al resto del personal.
Se denuncia que Ballester aplica la reglamentación de manera selectiva, otorgando a oficinas el uso de días de viaje en licencias anuales mientras otros no acceden. También se relatan traslados de detenidos realizados como “comisiones”, en condiciones vergonzosas, sin postas ni carpetas de servicio, exponiendo al personal a riesgos de fugas o accidentes. Ruiz Díaz, además, figuraría en adicionales del Depósito ARCA, donde habría sido encontrada en reiteradas ocasiones compartiendo mate con el propio jefe de dependencia.
El escrito afirma que Ruiz Díaz figura con horario de 8 a 20 pero se retira al mediodía junto a Ballester en el mismo vehículo, y que no cumple comisiones en Bernardo de Irigoyen, aunque figura en ellas desplazando a personal que sí trabaja. Ante el malestar interno, Ballester habría amenazado con volver al horario de tercios, pese a que el personal invirtió dinero propio para acceder al régimen 24×48. También se denuncian hostigamientos, sanciones selectivas y amenazas con pases o juntas médicas.
La denuncia va más allá y acusa a personal de la brigada de que se apropiaria de material secuestrado, llevándose “más de la mitad” en cada procedimiento, cargándolo en vehículos particulares y revendiendo la mercadería. Se mencionan como protegidos del jefe a Benítez, Morán, Velázquez y Ruiz Díaz, e incluso se alude a la participación de la hija del jefe de dependencia en un emprendimiento de perfumes importados con mercadería presuntamente robada y sin documentación.
Asimismo, se describen represalias contra personal vulnerable, como el subinspector Piragine, víctima de violencia doméstica, y la cabo primero Castro, madre a cargo de sus hijos, quien habría sido derivada a junta médica, desarmada y enviada a licencia psiquiátrica con fuerte recorte salarial, mientras otros gozarían de total impunidad.
La acumulación de estas denuncias, sumadas a la exposición pública del caso Montiel, dibuja un escenario de crisis profunda dentro de la Policía Federal Argentina, atravesada por presuntas prácticas corruptas, favoritismos basados en relaciones personales, abuso de poder y abandono del personal. Total News Agency expone estos hechos para que las autoridades competentes, en especial Asuntos Internos y el Ministerio de Seguridad, adopten medidas urgentes, investiguen las responsabilidades señaladas y resguarden la identidad y la integridad de los denunciantes.
