BUENOS AIRES, 9 de febrero de 2026 – Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional puso en marcha un profundo cambio en el sistema tributario argentino con la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal, una norma que modifica de manera sustancial la lógica de control, persecución penal y determinación de impuestos, e inaugura un nuevo esquema de regularización orientado a incentivar la bancarización de ahorros no declarados. La medida, reglamentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.
Desde el Ministerio de Economía explicaron que el nuevo régimen abandona el principio implícito de “culpabilidad” que regía hasta ahora y adopta un enfoque basado en la presunción de cumplimiento por parte del contribuyente. Bajo este criterio, se busca reducir la presión penal y administrativa sobre personas y empresas consideradas de buena fe, concentrando los esfuerzos de fiscalización en maniobras graves, dolosas o de gran escala.
Uno de los objetivos centrales de la normativa es estimular la salida de los denominados “dólares del colchón” y su incorporación al circuito formal, con la expectativa de generar mayor actividad económica, ampliar la base tributaria y fortalecer el sistema financiero. En ese marco, ARCA focalizará su control intensivo en aproximadamente 11.000 grandes contribuyentes que concentran cerca del 80% de la recaudación, mientras que el resto del padrón —más de 10 millones de contribuyentes— quedará sujeto a un esquema de menor intervención estatal.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al que podrán adherir personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. En este esquema, el impuesto se calculará únicamente sobre ingresos y egresos, dejando de computarse gastos deducibles y variaciones patrimoniales, como ocurría hasta ahora. La declaración jurada será confeccionada por el propio organismo recaudador con la información disponible y podrá presentarse con un solo trámite digital.
La reglamentación también establece que hasta $1.000 millones podrán ser depositados y bancarizados sin generar obligación de pago del Impuesto a las Ganancias, medida que apunta a facilitar la formalización de fondos previamente no declarados y reducir el incentivo a la economía informal.
Otro punto clave es la modificación del régimen penal tributario. La normativa actualiza de forma significativa los montos a partir de los cuales una infracción se convierte en delito. El umbral para la evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el de evasión agravada pasa de $15 millones a $1.000 millones por impuesto y ejercicio. Estos cambios reducen de manera drástica el alcance del sistema penal sobre infracciones de menor cuantía.
Además, se introduce la posibilidad de extinguir la acción penal mediante el pago. Si el contribuyente regulariza su situación abonando el capital, los intereses y las multas correspondientes antes de una denuncia formal, no será perseguido penalmente. En los casos en que ya exista una causa iniciada, esta podrá cerrarse si se paga la totalidad de la deuda más un adicional del 50%% dentro de un plazo de 30 días. Este beneficio podrá utilizarse una sola vez por persona o empresa.
La ley también reduce el plazo de prescripción de los delitos de evasión tributaria de cinco a tres años, siempre que el contribuyente haya presentado sus declaraciones juradas y cumplido con los pagos en tiempo y forma, lo que representa un alivio significativo frente a la incertidumbre jurídica prolongada que caracterizaba al régimen anterior.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca dejar atrás un sistema considerado persecutorio, marcado por años de cepo cambiario, alta inflación y controles exhaustivos sobre operaciones de bajo monto, y avanzar hacia un esquema que promueva la formalización, la previsibilidad y la confianza entre el Estado y los contribuyentes.
Con este nuevo marco normativo, la administración apunta a generar lo que define como un “blanqueo permanente”, basado en reglas claras, menor penalización y un cambio cultural en la relación fiscal, en el que los problemas tributarios se resuelvan prioritariamente por la vía administrativa y económica, y no mediante la criminalización automática.
