Buenos Aires-11 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA — Los incidentes registrados durante la movilización contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso dejaron de encuadrarse en el terreno de una protesta callejera y tomaron la forma de terrorismo urbano, con ataques sistemáticos a las fuerzas de seguridad, lanzamiento de piedras y palos, y el uso de bombas molotov como herramienta de intimidación y violencia. En paralelo al debate legislativo, la calle se convirtió en un escenario de choque en el que sectores de izquierda y activistas vinculados al gremialismo endurecieron la confrontación y profundizaron un clima de descontrol que derivó en detenciones, heridos y un despliegue policial ampliado.
La secuencia se intensificó cuando grupos encapuchados se desprendieron de las columnas y avanzaron contra los cordones de seguridad. En ese tramo, se reportó el lanzamiento de bombas molotov y una ofensiva con proyectiles contundentes contra efectivos apostados alrededor de la Plaza del Congreso y accesos laterales. La respuesta del operativo incluyó gases lacrimógenos, avance del camión hidrante y maniobras para impedir que los agresores superaran vallados y se acercaran a zonas sensibles del perímetro parlamentario. Fuentes de seguridad indicaron que el objetivo del dispositivo fue contener el ataque, dispersar a los violentos y evitar que el episodio escalara hacia un daño mayor, dado el riesgo inherente del uso de artefactos incendiarios.
Tras una primera dispersión, los enfrentamientos se reactivaron con focos residuales. Reportes periodísticos señalaron que un grupo permaneció en las inmediaciones aun cuando las organizaciones principales ya habían sido desalojadas del área. Minutos después se registró un nuevo episodio de agresiones con piedras y palos, con una respuesta policial basada en gases y avance controlado para recuperar terreno. El cuadro se trasladó hacia la traza de Lima al 600, donde la Policía de la Ciudad ejecutó procedimientos de aprehensión e identificación sobre personas señaladas como partícipes de los ataques previos.
El saldo informado durante la tarde-noche incluyó al menos trece detenidos y decenas de demorados, con traslado previsto al Centro de Admisión de Detenidos en Barracas, según informaron fuentes del operativo. También se registraron heridos: efectivos lesionados por golpes y piedrazos, y manifestantes afectados por la dispersión con gases en medio de corridas y forcejeos. La utilización de bombas molotov, en particular, elevó la gravedad del episodio: no se trata de un elemento propio de una manifestación pacífica sino de un artefacto incendiario con capacidad de causar lesiones graves, incendios y pánico, lo que reconfiguró la lectura política y judicial de lo ocurrido.
En ese contexto, el diputado Juan Grabois se hizo presente durante uno de los procedimientos en la zona de Lima, reclamó la liberación de detenidos y se produjeron empujones y forcejeos en el marco del operativo. La tensión derivó en una nueva dispersión con gas para despejar el área, mientras continuaban las tareas de control, identificación y revisión de imágenes para determinar responsabilidades individuales.
En el plano de fondo, el debate parlamentario sobre la reforma laboral —que el oficialismo presenta como una herramienta para modernizar el mercado de trabajo y estimular la contratación— quedó opacado por el salto cualitativo de la violencia en la calle. Dentro del propio universo de la protesta, la presencia de encapuchados y grupos que recurren a bombas molotov introduce una ruptura: esas acciones ya no pueden describirse como “excesos” o “desbordes” de una movilización, sino como actos de terrorismo urbano dirigidos a imponer, mediante el miedo y el daño físico, una agenda por fuera de los canales democráticos.
Desde ámbitos oficiales se anticipó que se avanzará con imputaciones y un análisis exhaustivo de cámaras públicas y privadas para identificar a quienes arrojaron artefactos incendiarios y encabezaron los ataques. En esa misma línea, fuentes gubernamentales sostuvieron que el patrón observado responde a una lógica de choque: provocar a las fuerzas, forzar detenciones, instalar escenas de violencia y prolongar el caos alrededor del Congreso para condicionar el debate institucional.
Al cierre de este cable, continuaba un despliegue reforzado de seguridad en el perímetro parlamentario y calles aledañas, con patrullajes preventivos para evitar reagrupamientos. Mientras el debate legislativo seguía puertas adentro, afuera quedaba un dato central: el uso de bombas molotov y ataques reiterados a la policía transformó la protesta en un episodio de terrorismo urbano, con consecuencias judiciales y políticas que se proyectan más allá de la jornada.
