La habana-10 de Febrero de 2025-Total News Agency-TNAA un año del estallido del caso $Libra, el expediente judicial que salpica al presidente Javier Milei vuelve a quedar bajo la lupa por la combinación más corrosiva para cualquier investigación: alto impacto político, miles de damnificados y un ritmo procesal que, para la querella, continúa muy por debajo de lo razonable. En las últimas horas, Martín Romeo, denunciante, querellante y uno de los perjudicados, endureció su acusación pública al afirmar que Milei “miente sistemáticamente” cuando intenta despegarse del episodio, y reclamó que la instrucción avance hacia decisiones concretas.
Según explicó Romeo, tras la feria judicial la Cámara Federal instó a acelerar el trámite del expediente y a imprimirle mayor celeridad al trabajo del juez Ariel Lijo y del Ministerio Público. El querellante cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, la causa siga sin procesamientos ni llamados clave, y advirtió que gran parte de los elementos que se discuten en el expediente provienen de la propia actividad de la querella. En ese marco, sostuvo que la etapa de producción de prueba se prolongó “más de lo necesario” y que la falta de definiciones alimenta la sospecha de una parálisis injustificada.
El núcleo de la acusación se apoya en el recorrido del dinero y en la secuencia temporal del lanzamiento. Romeo aseguró que la querella logró reconstruir la trazabilidad de los fondos vinculados a la operatoria, desde la salida de activos de billeteras asociadas al desarrollador Hayden Davis hasta su presunto destino final en manos de Mauricio Novelli, a quien describió como “prestamista” de Milei. En su planteo, esa reconstrucción fue acompañada por auditorías técnicas de alcance internacional y, por lo tanto, —según su mirada— deja menos margen para que el expediente continúe sin saltar a instancias procesales decisivas.
El caso $Libra se originó el 14 de febrero de 2025 cuando Milei publicó un mensaje en redes sociales presentando a $Libra como un instrumento para impulsar inversión y financiamiento en emprendimientos, acompañado por datos técnicos que permitían acceder al token. La publicación —por la investidura de quien la emitía— operó como señal de confianza para miles de usuarios y multiplicó el alcance del activo en minutos. Horas después, el precio se desplomó con una caída abrupta, un patrón característico de maniobras conocidas en el mundo cripto como “rug pull”, cuando actores con posiciones dominantes venden en la cima y dejan a los minoristas atrapados en la baja.
A partir de ese episodio, se formalizaron denuncias penales y la investigación quedó bajo la órbita de la Justicia federal, con foco en determinar responsabilidades de Milei y del entramado de actores que rodeó el lanzamiento. En paralelo, la oposición impulsó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro, que reunió información sobre la presunta participación del entorno presidencial y trasladó material a la Justicia una vez finalizado su mandato. En el terreno internacional, damnificados promovieron acciones colectivas en Estados Unidos, mientras en Argentina el expediente continúa atravesado por la discusión sobre si el posteo presidencial fue un acto “personal” o un hecho con efectos institucionales, dadas sus consecuencias económicas y políticas.
En ese contexto, la querella insiste en que el punto central ya no es la controversia pública sino la necesidad de decisiones judiciales verificables: determinación de responsabilidades, llamados, indagatorias y medidas sobre el patrimonio y los flujos de fondos, para evitar que el caso se diluya en el calendario político. La persistencia del ruido, sostienen los denunciantes, termina operando como un paraguas de impunidad.
En paralelo, y como señal de que los tribunales no convalidarán maniobras dilatorias en causas de alto voltaje político, en otra resolución resonante la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que la ex presidenta Cristina Kirchner deberá mantener la tobillera electrónica y las restricciones del régimen de detención domiciliaria. La Sala IV, por mayoría, rechazó el planteo de la defensa para retirar el dispositivo y flexibilizar condiciones, pese a las presentaciones y chicanas procesales, al considerar que la supervisión técnica sigue siendo necesaria para asegurar el cumplimiento efectivo de la pena.
