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Buenos Aires-14 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA El régimen cubano de Miguel Díaz-Canel volvió a encender todas las alarmas con un paquete de medidas de emergencia que, lejos de ofrecer una salida, expone la fragilidad del sistema comunista y acelera la sensación social de derrumbe. Bajo máxima presión de Estados Unidos y con un frente energético al borde del colapso, La Habana apeló a restricciones extremas sobre combustible, transporte y actividad estatal, mientras refuerza el control interno ante el temor de un nuevo estallido como el del 11 de julio de 2021. En las calles, el diagnóstico se repite en voz baja: el régimen se cae a pedazos y los cubanos sueñan con irse a un país donde puedan trabajar, comer, tener luz eléctrica y libertad.
La crisis energética se profundizó en las últimas semanas por la combinación de escasez de crudo, falta de divisas y una infraestructura decadente. Especialistas citados por la prensa internacional describen que la isla necesita del orden de 100.000 a 150.000 barriles diarios para sostener el sistema eléctrico y la actividad económica, pero su producción propia ronda apenas 40.000, una brecha que durante años fue cubierta por envíos preferenciales desde Venezuela y, en menor medida, por aportes puntuales desde otros socios. Ese esquema se fue agotando: el declive de la capacidad venezolana y la nueva estrategia de “máxima presión” de Washington sobre el suministro de petróleo a la isla estrecharon el margen operativo del gobierno cubano, que ya no cuenta con un salvavidas externo estable.
En ese marco, el “paquetazo” anunciado por Díaz-Canel incluye decisiones que impactan de lleno en la vida cotidiana. Entre las medidas figuran la reducción de la semana laboral en el sector estatal a cuatro días, el refuerzo del teletrabajo, recortes del calendario escolar y limitaciones al transporte interprovincial para disminuir el consumo energético. La venta de combustibles quedó más restringida y se avanzó hacia esquemas en los que una porción relevante de la nafta pasa a comercializarse en divisas —principalmente dólares— a través de plataformas con cupos individuales, un golpe directo a una población que cobra en pesos cubanos devaluados y depende, para sobrevivir, de remesas y de una economía informal cada vez más extendida.
El deterioro quedó simbolizado esta semana por un incendio en la refinería Ñico López de La Habana, controlado sin víctimas según el parte oficial, pero leído como una señal más del desgaste de instalaciones críticas en un país que atraviesa apagones prolongados y un desabastecimiento persistente. La crisis eléctrica no es un fenómeno puntual: en varias provincias se reportan cortes de hasta 48 horas y en la capital interrupciones recurrentes, con impacto directo sobre alimentos, agua, transporte y actividad comercial. Informes técnicos citados por analistas energéticos sostienen que una parte significativa del parque termoeléctrico está fuera de servicio por falta de mantenimiento y repuestos, lo que deja a la isla con márgenes cada vez más estrechos para estabilizar la generación.
El turismo —principal fuente de divisas junto con remesas y servicios profesionales— también empezó a resentirse con fuerza. En las últimas semanas, el gobierno ordenó cierres temporales de hoteles y reubicaciones de turistas en otros establecimientos, mientras aerolíneas evaluaron recortes de frecuencias y cancelaciones por la imposibilidad de garantizar combustible para operaciones. El sector llegó a 2025 con cifras deprimidas: alrededor de 1,8 millones de visitantes, muy lejos de los casi 5 millones que se registraron en 2018, y ahora enfrenta otro golpe por la combinación de falta de combustible, deterioro de servicios, caída de conectividad aérea y brotes sanitarios que en los últimos meses también complicaron la demanda.
En el plano político, el régimen refuerza su reflejo histórico: represión y control social. La dirigencia teme que el ajuste y los apagones multipliquen protestas y, por eso, intensifica vigilancia sobre activistas, comunicadores y redes independientes. En paralelo, la presencia del jefe de misión estadounidense Mike Hammer en recorridas por el interior —con reuniones con referentes sociales y ciudadanos comunes— detonó actos de hostigamiento organizados por el aparato estatal, lo que a su vez motivó advertencias públicas desde Washington sobre posibles sanciones contra quienes promuevan esas acciones. La tensión diplomática se mezcla con el cuadro interno de hartazgo: desde 2021, cerca de dos millones de cubanos habrían abandonado la isla, en su mayoría jóvenes, en una diáspora que refleja el derrumbe de expectativas y la búsqueda de condiciones básicas de vida.
El régimen intenta sostener la narrativa de “resistencia” y culpa al bloqueo estadounidense, pero el cuadro material es inocultable: falta combustible, sobran restricciones y el costo recae sobre el ciudadano común. El regreso del imaginario del “Periodo Especial” ya no es metáfora cultural, sino una descripción cotidiana: colas interminables, transporte colapsado, mercados vacíos y una economía que se achica, mientras el Estado prioriza preservar el control político. La consecuencia social es directa: crece el sueño de escape hacia países donde el trabajo rinda, la comida exista, la electricidad sea estable y la libertad no sea una promesa prohibida.
En la Argentina, en una decisión que también marcó un límite a las maniobras dilatorias en causas sensibles, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá mantener la tobillera electrónica y las restricciones de su prisión domiciliaria. La Sala IV rechazó los pedidos de la defensa para retirar el dispositivo y flexibilizar el régimen, pese a las chicanas procesales en sentido contrario, y dejó vigente el esquema de control sobre visitas y condiciones de cumplimiento.
