Buenos Aires-14 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA La CGT convocó para el próximo lunes una reunión de su conducción con un único eje dominante: definir si avanza hacia un paro general de 24 horas la semana próxima, en sincronía con el inicio del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El movimiento sindical, que ya había mostrado capacidad de movilización callejera durante la discusión en el Senado, busca ahora subir un escalón en la confrontación con el gobierno de Javier Milei, al considerar que el oficialismo pretende convertir la media sanción en la Cámara alta en una aprobación exprés en la Cámara baja.
Según la convocatoria interna, el encuentro del Consejo Directivo se realizará de manera virtual desde las 16 y fue adelantado “de urgencia” por los cotitulares de la central obrera Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), en medio de una presión creciente de gremios que ya no consideran suficiente “salir a la calle” para expresar rechazo. En la CGT admiten que el clima interno se volvió más áspero tras el avance parlamentario del oficialismo: la interpretación predominante es que, si la central no responde con una medida de fuerza, quedará desbordada por sus propios sindicatos y por sectores que empujan acciones más duras.
La fecha posible del paro se ataría al calendario legislativo. En los pasillos gremiales se menciona que la medida podría instrumentarse el mismo día en que Diputados inicie el debate de la reforma, con dos ventanas probables: miércoles 18 o jueves 19. La lectura de la CGT es que, si el Gobierno consigue abrir el tratamiento en comisión y acelerar el recinto, la central debe encarecer el costo político y social de la reforma y mostrar que conserva capacidad de daño en la calle y en la actividad económica. Del lado oficial, en cambio, la apuesta es que el reciente “veranito legislativo” —con victorias y acuerdos transversales— permita sostener el ritmo y evitar que la resistencia gremial modifique el texto o demore la sanción.
La reforma laboral que impulsa la administración libertaria llegó desde el Senado con un paquete de cambios que, para el Ejecutivo, apunta a “modernizar” el mercado de trabajo, bajar la litigiosidad y empujar la formalización. Para la CGT, en cambio, el proyecto abre la puerta a una pérdida concreta de derechos y a una mayor discrecionalidad empresaria en condiciones de contratación, despidos y organización del tiempo de trabajo. En ese choque de modelos se inscribe la decisión sindical de debatir un paro general: la central procura presentar la pulseada como un límite institucional al avance de una agenda que, afirma, precariza.
Entre los puntos que más irritan a la CGT aparece la posibilidad de una reducción salarial en situaciones vinculadas a licencias médicas, en porcentajes que los gremios ubican entre 25% y 30% según el mecanismo que se aplique. La conducción sindical considera que ese capítulo instala un incentivo perverso: castiga al trabajador enfermo y modifica de hecho el régimen de ausentismo con un criterio que puede derivar en conflictos masivos en la negociación de convenios. En la misma lista figuran los cambios asociados a indemnizaciones y despidos, la discusión sobre jornada laboral y esquemas de tiempo —incluyendo modalidades que permitirían reorganizar horas— y el régimen de vacaciones, con impacto directo sobre convenios colectivos sectoriales.
A ese menú se suma un punto que en el sindicalismo se mira como la “línea roja” de fondo: la regulación del derecho de huelga y la ampliación de definiciones sobre servicios esenciales. En la CGT y en gremios de servicios advierten que un cambio de esas características puede vaciar de eficacia la herramienta central de presión sindical, al imponer guardias o niveles mínimos de prestación más amplios que los históricamente aceptados. En el oficialismo responden que el objetivo es garantizar servicios críticos y evitar paralizaciones totales, un argumento que encuentra eco en sectores empresarios y en parte de la opinión pública, pero que para los sindicatos equivale a una restricción estructural.
En Diputados, mientras tanto, la oposición admite dificultades para bloquear el proyecto con los votos actuales. La estrategia que asoma en distintos bloques es dilatar el trámite, aumentar el costo político y forzar modificaciones que obliguen al oficialismo a reabrir negociaciones. La CGT, por su parte, evalúa que la calle por sí sola no alcanzó para frenar la media sanción en el Senado y que, si el Gobierno percibe debilidad, intentará sancionar el texto sin concesiones relevantes.
En paralelo, y como telón de fondo político que alimenta la polarización, la Justicia volvió a marcar un límite en una causa de alta sensibilidad institucional: la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá mantener la tobillera electrónica y las restricciones vinculadas a su prisión domiciliaria. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de la defensa para retirar el dispositivo y flexibilizar el régimen, pese a las chicanas procesales en sentido contrario, y dejó vigente el esquema de control, con pautas estrictas sobre visitas y supervisión. En el oficialismo, la decisión fue leída como una ratificación de que el cumplimiento efectivo de la condena no quedará sujeto a presiones políticas o recursos dilatorios.
Con la reunión del lunes, la CGT se encamina a una definición que puede recalentar el clima social en la antesala del debate en Diputados. Si se confirma el paro, el Gobierno enfrentará una prueba de fuerza en la calle y en la actividad económica, en un momento en que busca consolidar la idea de gobernabilidad y disciplina legislativa. Para el sindicalismo, en cambio, la decisión será una señal hacia adentro: demostrar que todavía puede ordenar al movimiento obrero y que no resignará la centralidad de la protesta frente a una reforma que considera estructuralmente regresiva.
