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Buenos Aires-16 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA. La crisis por salarios y condiciones laborales en la Policía Bonaerense volvió a escalar este lunes en Mar del Plata, donde el jefe de la Departamental, Cristian Fontana, recibió un golpe en el rostro en medio de una protesta encabezada por familiares de efectivos, retirados y vecinos autoconvocados que reclamaban recomposición salarial y mejoras en las prestaciones de IOMA. El episodio, captado en un video que se viralizó en redes, expuso un clima interno de bronca y desgaste que en la Provincia describen ya sin eufemismos: la situación está “en llamas” y amenaza con desbordar el control político, mientras el gobernador Axel Kicillof evitó pronunciarse públicamente sobre el trasfondo del conflicto.
La manifestación se concentró desde media mañana frente a la Comisaría Primera, sobre Avenida Independencia, en pleno centro de la ciudad. Los carteles y banderas argentinas acompañaron un reclamo reiterado en distintas dependencias bonaerenses: sueldos que no alcanzan, horas adicionales mal pagas, deterioro de la cobertura sanitaria y una sensación extendida de abandono. El detonante inmediato fue el pedido de una mejora salarial para personal en actividad y retirados, junto con demandas sobre medicamentos y prestaciones de la obra social provincial, en un contexto de inflación que licúa ingresos y profundiza el malestar en fuerzas que, por normativa, tienen restricciones severas para sindicalizarse o realizar medidas formales de fuerza.
En ese marco, un grupo de jefes y autoridades de la seccional salió a dialogar. Entre ellos estaba Fontana, quien se aproximó a los manifestantes con intención de calmar la tensión. Las imágenes muestran el instante en que un hombre que portaba una bandera argentina se adelanta y lo impacta con un manotazo en la cara. El jefe departamental retrocede tomándose el rostro mientras un efectivo encara al agresor y la secuencia se corta en pocos segundos. Algunas versiones recogidas por medios locales sostuvieron, sin embargo, que el incidente se produjo luego de empujones, cuando Fontana intentó despejar la calle y un manifestante de edad avanzada lo enfrentó en medio del forcejeo.
Más allá de la discusión sobre cómo se desató el golpe, el hecho se convirtió en síntoma: la protesta dejó de ser un reclamo sectorial y pasó a mostrar fisuras de autoridad. La violencia dirigida contra un jefe policial refleja, según fuentes del ámbito de seguridad, la degradación de la cadena de mando en escenarios de precarización, sobrecarga horaria y pérdida de poder adquisitivo. El foco no es solamente salarial: en la calle se mezclan demandas por equipamiento, por asistencia psicológica y por contención de adicciones, y por un sistema de salud que, denuncian familiares, ya no responde con la cobertura necesaria.
El episodio de Mar del Plata también reavivó el antecedente inmediato de Rosario, donde la semana pasada el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, fue empujado e insultado frente a cámaras durante una protesta salarial y terminó replegándose ante la presión de los manifestantes. La comparación se instaló por su carga simbólica: jefes policiales agredidos en plena vía pública, en reclamos vinculados al deterioro del salario real y al desgaste del trabajo en seguridad, en un país donde el delito y la violencia urbana ocupan el centro de la agenda.
En la Provincia de Buenos Aires, el clima se volvió aún más sensible por declaraciones recientes del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien admitió públicamente el deterioro salarial y describió una realidad que, puertas adentro, es vox populi: efectivos que completan ingresos trabajando como choferes de aplicaciones y mujeres policías que apelan a plataformas de contenido para sumar dinero. La frase, que cayó como una confesión descarnada, encendió todavía más la indignación en la base: dicen que el poder político “sabe” cómo sobreviven los uniformados, pero no corrige el problema de fondo.
El conflicto se monta, además, sobre una tensión política estructural: el Gobierno bonaerense argumenta restricciones presupuestarias para mejorar salarios de policías, médicos y maestros, mientras en sectores críticos cuestionan prioridades de gasto y denuncian que la “industria de la política” sigue financiada con asesores, estructuras y cajas que no se recortan con la misma velocidad. Ese contraste alimenta un resentimiento que ya no se expresa solo en conversaciones internas, sino en episodios de calle.
Hasta el cierre de este cable, Kicillof no había emitido un mensaje específico sobre lo ocurrido en Mar del Plata ni sobre el trasfondo salarial que detonó la protesta. En un escenario de presión social e inseguridad, el silencio oficial puede convertirse en otro combustible: cuando la policía siente que su sangre “seca rápido” para el sistema, el riesgo es que la crisis de ingresos se transforme también en crisis de autoridad y gobernabilidad.
