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Madrid-17 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- Un juzgado de Madrid admitió a trámite una querella por presunta agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional de España, el comisario principal José Ángel González, un hecho de enorme impacto institucional que derivó en su dimisión y abrió una investigación judicial en la antesala de una etapa política marcada por la sensibilidad social frente a casos de violencia de género y abuso de poder. La causa quedó radicada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 y prevé citaciones para tomar declaración tanto al investigado como a la denunciante en las próximas semanas.
Según trascendió en fuentes judiciales y periodísticas, la denunciante es una funcionaria policial que habría mantenido una relación previa con el mando y que sostiene que existió una marcada asimetría de poder, con episodios de control y presiones vinculadas a su destino laboral. La querella ubica el hecho denunciado en abril del año pasado y plantea que la mujer fue forzada a desplazarse hasta un domicilio vinculado al máximo mando operativo, en un contexto que —de acuerdo con su presentación— combinó autoridad institucional, aislamiento y un esquema de sometimiento psicológico. En esa misma línea, el escrito incorpora como elemento relevante la existencia de registros de audio del episodio denunciado, que la parte querellante afirma conservar y aportar como respaldo de su acusación.
La presentación judicial no se limita a la presunta agresión sexual. En el expediente también aparecen imputaciones accesorias que, de confirmarse, agravarían el cuadro: coacciones, daños psicológicos y otras conductas asociadas a presiones posteriores para evitar la denuncia y preservar la carrera profesional de la denunciante. La querella describe una secuencia en la que la mujer, tras el hecho denunciado, habría atravesado un deterioro emocional y un cuadro de estrés que derivó en licencias médicas, mientras se multiplicaban contactos, mensajes y aproximaciones que ella interpreta como hostigamiento o intento de condicionar su silencio.
El impacto político y administrativo fue inmediato. Tras la admisión a trámite y la citación judicial, José Ángel González presentó su renuncia al cargo, en medio de una crisis que golpea a la conducción del Ministerio del Interior y expone al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, a nuevas presiones de la oposición y de sectores sindicales dentro de las fuerzas. La salida del DAO se interpretó como una medida de contención institucional: el puesto que ocupaba es uno de los más sensibles del organigrama policial, con influencia sobre operativos, estructura territorial y áreas estratégicas de conducción.
En el plano corporativo, sindicatos policiales reclamaron explicaciones y acciones rápidas. Algunas organizaciones exigieron el apartamiento formal del mando mientras se sustancian las diligencias, al argumentar que la gravedad de la denuncia y el rango del cargo exigen preservar la credibilidad de la institución. Desde ámbitos policiales se subraya que la investigación judicial recién comienza y que rige el principio de inocencia, pero también admiten que el caso erosiona la imagen interna y externa de la fuerza por el componente de jerarquía y por la naturaleza de la acusación.
La trama agrega un elemento especialmente delicado para la estabilidad institucional: el señalamiento de que la denunciante habría sido obligada a abandonar su puesto o a modificar rutinas de trabajo en un contexto de presión, lo que refuerza la hipótesis de abuso de autoridad. En paralelo, en distintas coberturas periodísticas se mencionan otras líneas de investigación incluidas en la querella, como presuntas irregularidades administrativas vinculadas al uso de recursos, un capítulo que, de prosperar, podría ampliar el alcance del caso más allá del eje de violencia sexual y llevarlo al terreno de la integridad pública.
La causa avanza ahora con el desafío habitual de estos expedientes: asegurar protección de la denunciante, evitar revictimización y preservar evidencia, en un contexto en el que la defensa del investigado buscará impugnar la verosimilitud del relato y discutir el marco de competencia y los elementos aportados. Al tratarse de un alto mando policial, el caso se mueve además bajo la lupa de la opinión pública y con implicancias internas en la estructura de mandos, donde cualquier decisión —cautelar o definitiva— repercute en la cadena de autoridad.
Mientras el juzgado ordena diligencias y fija audiencias, el episodio deja una señal política contundente: una denuncia de esta magnitud, contra un funcionario en la cúpula operativa, puede detonar cambios inmediatos aun antes de una definición de fondo. En el corto plazo, el Ministerio del Interior deberá cubrir el vacío de conducción y amortiguar el impacto reputacional sobre la Policía Nacional, en un escenario en el que la investigación judicial recién empieza y su resultado será determinante para el futuro institucional de los involucrados.
Fuentes consultadas: El Confidencial; El País; RTVE; elDiario.es; Europa Press; HuffPost España; Público; Antena 3 Noticias.
