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Buenos Aires-17 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- El Gobierno de Israel advirtió que el grupo Hamás tendrá un plazo de 60 días para desarmarse y entregar su arsenal, bajo amenaza de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) retomen operaciones a gran escala para “completar la misión” militar en la Franja de Gaza. La señal, transmitida por un alto funcionario del entorno del primer ministro Benjamin Netanyahu, se produce en un clima de fuerte presión diplomática internacional para consolidar un esquema de estabilización y seguridad regional, y en medio de negociaciones indirectas que, hasta ahora, no lograron destrabar el núcleo del conflicto: quién controla Gaza, con qué garantías, y bajo qué condiciones se desmantelan las capacidades militares de Hamás.
La advertencia fue formulada por el secretario del Gabinete israelí, Yossi Fuchs, quien vinculó el plazo de dos meses con la necesidad de alcanzar un proceso verificable de desarme total. En la interpretación israelí, el objetivo es impedir que Hamás retenga armas —incluidas las consideradas “ligeras”— y conserve una estructura operativa capaz de recomponerse. En la trastienda diplomática, funcionarios israelíes deslizan que el calendario responde también a una coordinación estrecha con Estados Unidos, que impulsa un entendimiento político más amplio, pero exige como condición de base que el territorio no vuelva a convertirse en plataforma de ataques contra Israel.
En respuesta, voceros y dirigentes de Hamás rechazaron el ultimátum y cuestionaron su legitimidad, al tiempo que señalaron que no recibieron notificación formal de plazos por parte de mediadores. Desde el movimiento palestino sostienen que el debate sobre armas no puede separarse del horizonte político, del levantamiento de restricciones y de una fórmula de gobernanza futura que no implique, en los hechos, una rendición unilateral. La negativa complica el eje central de la estrategia israelí: instalar el desarme como llave de paso hacia cualquier etapa de transición, reconstrucción y normalización.
El planteo se inserta en un momento especialmente delicado. En paralelo a los contactos indirectos, persisten episodios de violencia, acusaciones cruzadas sobre incumplimientos y un desgaste acelerado de la situación humanitaria. Para Israel, el desarme es el único mecanismo que garantiza que un eventual arreglo no sea apenas una pausa antes de una nueva escalada. Para Hamás, en cambio, la exigencia constituye una imposición que busca desactivar su capacidad de disuasión sin otorgar garantías sobre el futuro político de Gaza ni sobre la protección de la población civil.
En el plano operativo, el ultimátum plantea interrogantes sobre verificación y cumplimiento. Aun en procesos de posguerra con mediación internacional, los programas de desarme suelen depender de una arquitectura compleja: registro, entrega, destrucción o almacenamiento supervisado, inspecciones y un dispositivo de seguridad capaz de impedir rearmamentos. En Gaza, el desafío se multiplica por el entramado subterráneo, la circulación clandestina de armamento, la fragmentación de mandos y la existencia de otras facciones armadas. Analistas de seguridad advierten que un desarme “total” en plazos cerrados suele chocar con realidades territoriales y políticas: si no hay incentivos robustos y garantías creíbles, los grupos tienden a retener capacidades mínimas o a derivarlas a estructuras paralelas.
También se reactivó el debate sobre qué ocurriría si el plazo vence sin resultados. El mensaje israelí fue explícito: las FDI avanzarían para completar objetivos militares. En la práctica, eso podría significar una nueva campaña de gran intensidad, con costos humanitarios y políticos considerables y un impacto directo sobre las negociaciones en curso. Para Washington, el dilema es delicado: sostener el objetivo de seguridad de Israel sin quedar atrapado en un ciclo de ofensivas que complique la estabilización regional y las alianzas diplomáticas.
Mientras tanto, los esfuerzos de mediación siguen activos. Distintos canales —con participación de Estados Unidos y mediadores regionales— trabajan para encauzar un marco de transición que incluya administración civil, mecanismos de reconstrucción y un esquema de seguridad que reduzca la capacidad de ataque de Hamás. Sin embargo, el ultimátum de 60 días instala un reloj político que puede acelerar definiciones o, por el contrario, empujar al colapso del proceso si las partes se atrincheran en posiciones máximas.
Con la región en tensión y la comunidad internacional presionando por un horizonte duradero, el ultimátum israelí reubica el conflicto en su punto más difícil: el desarme como condición previa. Los próximos dos meses serán, así, una prueba decisiva para determinar si se abre una etapa de negociación política con mecanismos verificables o si la guerra vuelve a escalar con una nueva ofensiva en Gaza.
