Ciudad de México-17 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- Más de 130.000 personas son consideradas desaparecidas en México, una tragedia nacional que se expande al ritmo de los cárteles y deja a decenas de miles de familias atrapadas entre la impunidad, el miedo y la búsqueda a mano limpia. El drama, que atraviesa de norte a sur al país, volvió al centro del debate tras un informe de la organización México Evalúa que advierte que, en la última década, las desapariciones se dispararon por encima del 200%, en paralelo a la consolidación territorial y económica de los grupos criminales y al deterioro de la capacidad estatal para investigar, perseguir y sancionar.
La historia de Ángel Montenegro, obrero de la construcción de 31 años secuestrado a plena luz del día en Cuautla en agosto de 2022, expone el patrón que se repite en cientos de localidades: capturas rápidas, vehículos sin identificación, liberaciones selectivas de testigos, y rastros mínimos para reconstruir el destino de la víctima. Su madre, Patricia García, relató que al llegar al lugar solo encontró la gorra y un tenis de su hijo. A partir de ese momento, comenzó una peregrinación de años marcada por la desesperación, la precariedad y la ausencia de respuestas efectivas. Como tantas otras madres, terminó integrando un colectivo de búsqueda que recorre campos y periferias con varillas metálicas, intentando detectar enterramientos clandestinos allí donde el Estado no llega o llega tarde.
Según el análisis de México Evalúa, el salto de las desapariciones refleja un cambio de escala del poder criminal: ya no se trata únicamente de tráfico de drogas, sino de una diversificación de mercados ilícitos y una administración del terror como herramienta de control social. El crecimiento de estas prácticas está asociado a la expansión territorial, el reclutamiento forzoso para engrosar filas, la “limpieza” de rivales para conquistar plazas y la necesidad de reducir la visibilidad de los homicidios. En ese marco, la desaparición se vuelve un método funcional: oculta el cadáver, borra evidencia, reduce el impacto estadístico inmediato y complejiza la persecución penal.
La crisis también se alimenta de economías criminales cada vez más amplias, que incluyen tráfico de personas, explotación sexual, extorsión y delitos vinculados a migrantes. Para los analistas, esas actividades generan entornos donde el secuestro y la desaparición se integran como “servicios” o como mecanismos de disciplinamiento. El resultado es un fenómeno que no solo captura violencia letal, sino también un tipo de dominación: grandes zonas del país quedan bajo control de facto de organizaciones armadas, mientras el Estado retrocede en capacidad de prevención y respuesta.
En 2018, el Estado impulsó la Comisión Nacional de Búsqueda y un registro público para documentar casos, facilitar denuncias y sistematizar información. Pero el organismo fue cuestionado por financiamiento insuficiente y por limitaciones operativas frente al tamaño del problema. La plataforma, además, se convirtió en un foco de conflicto político: antes de las elecciones de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una revisión opaca del registro, lo que derivó en una fuerte controversia pública al plantear reducciones drásticas en el conteo de desaparecidos y desatar protestas de colectivos, especialistas y organismos de derechos humanos, que denunciaron subregistros y recategorizaciones.
La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, respondió con dureza ante el nuevo informe y cuestionó la confiabilidad de la plataforma oficial, al afirmar que “tiene muchos problemas”. A la vez, prometió la publicación de un informe actualizado para ofrecer un conteo más preciso, aunque expertos advierten que cualquier medición oficial seguirá siendo incompleta si no se fortalecen los mecanismos de búsqueda, identificación forense y judicialización, en un país donde la respuesta del sistema de justicia es lenta, fragmentada y vulnerable a corrupción.
La impunidad es el combustible central. En México, la enorme mayoría de los delitos no llega a sentencia, lo que debilita cualquier efecto disuasivo y empuja a las familias a convertirse en investigadoras, peritos improvisados y buscadoras de campo. Cuando se realizan búsquedas institucionales, suelen chocar con falta de recursos, demoras en pericias, ausencia de coordinación entre fiscalías y carencias forenses para procesar hallazgos. A ese cuadro se suma el riesgo físico: colectivos de búsqueda operan en territorios donde los cárteles ejercen control y donde excavar puede ser, además de doloroso, peligroso.
El caso Montenegro condensa ese colapso: búsquedas que arrojan cuerpos de otras víctimas, retornos periódicos a zonas donde el teléfono marcó la última señal, hallazgos de fosas que no traen cierre, y una vida familiar partida entre el trabajo, el cuidado de los propios y la obsesión por encontrar. La crisis de desaparecidos dejó de ser un fenómeno marginal: ya es una radiografía del poder real en México y una evidencia brutal de la brecha entre la narrativa oficial y la experiencia cotidiana de miles de hogares.
