Buenos Aires-17 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- El Gobierno aceleró en las últimas horas una negociación contrarreloj para despejar el principal escollo político de la reforma laboral: el artículo sobre licencias médicas que, tal como salió del Senado, abría la puerta a recortes salariales durante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. Tras el rechazo de bloques aliados y la amenaza de un costo parlamentario alto en la Cámara de Diputados, el oficialismo resolvió modificar directamente el texto y consensuar una nueva redacción para llevar el proyecto al recinto este jueves.
La controversia se concentró en el artículo 44, que sustituye el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. En la versión cuestionada, el esquema establecía que, si el trabajador sufría un accidente o una enfermedad ajena a la tarea laboral que le impidiera prestar servicios, percibiría el 50% del salario. Y añadía que, si el impedimento no derivaba de una “actividad voluntaria y consciente” del trabajador respecto del riesgo para su salud, el ingreso ascendería al 75%. La redacción, considerada ambigua y de alto impacto social, encendió alarmas tanto en sectores sindicales como en bancadas que habían acompañado al oficialismo en otras votaciones.
En ese clima, el oficialismo exploró primero salidas alternativas: desde atenuar el alcance vía reglamentación del Poder Ejecutivo hasta aprobar luego una “ley correctiva” de un solo artículo. Sin embargo, aliados clave objetaron ese camino por entender que equivalía a delegar el tema en la discrecionalidad del Ejecutivo y, además, por la desconfianza acumulada tras compromisos políticos que, según esas bancadas, no se cumplieron en negociaciones previas. Con ese margen reducido, la decisión terminó siendo la más directa: reescribir el artículo dentro del propio trámite legislativo en Diputados.
La conducción parlamentaria de La Libertad Avanza buscará llegar al plenario de comisiones con un texto acordado con sus socios. El objetivo es cerrar este martes los últimos detalles técnicos y políticos y arribar al encuentro del miércoles —con citación de expositores— con la redacción ya consensuada. Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda fueron convocadas para ese día y el plan oficial es emitir dictamen para habilitar la sesión del jueves. En el entorno libertario sostienen que el poroteo para la votación general supera los 130 respaldos, pero admiten que el articulado en disputa podía poner en riesgo el armado si no se corregía.
El capítulo de licencias médicas, además, quedó en el centro de una escalada gremial. La CGT confirmó un paro general de 24 horas para el día en que el proyecto se trate en el recinto, con el argumento de que la reforma recorta derechos y traslada costos al trabajador. La central obrera intenta convertir el punto más sensible del texto en una bandera política contra la administración de Javier Milei, mientras el oficialismo procura evitar que la discusión se transforme en un plebiscito sobre salarios, enfermedades y protección social.
Con la modificación, la hoja de ruta legislativa suma un paso inevitable: el proyecto deberá volver al Senado. En el oficialismo ya anticipan una estrategia de trámite rápido. La idea es que las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta dictaminen el viernes posterior a la votación en Diputados. Pero el reglamento del Senado impone plazos para llevar el despacho al recinto, por lo que el calendario que manejan en el oficialismo apunta a una sanción definitiva el viernes 27 de febrero. De ese modo, el Presidente podría llegar con la ley aprobada al acto de apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo, un hito político que la Casa Rosada busca capitalizar. En paralelo, cerca del oficialismo deslizan que, si por tiempos parlamentarios la sanción final se corre, priorizarán el resultado sobre la foto de una fecha.
En la negociación con aliados, el Gobierno intenta blindar la idea de que el retoque se limitará a licencias médicas y que no se abrirá una puerta para reescribir otros capítulos. En ese marco, rechazó introducir cambios adicionales reclamados por sectores como el PRO, y procura contener tensiones internas sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el instrumento que la reforma propone para financiar indemnizaciones y atender contingencias derivadas de desvinculaciones. Aunque el oficialismo asegura que el tema está encaminado, en bloques dialoguistas persisten reparos sobre el diseño del fondo, su implementación y los incentivos que generará en el mercado de trabajo.
El resultado de las próximas 48 horas será decisivo: si el oficialismo logra un texto de consenso que reduzca la conflictividad del artículo y preserve apoyos aliados, la reforma quedará en condiciones de votarse el jueves en Diputados y volver al Senado para su tramo final. Si, en cambio, el nuevo redactado no cierra políticamente, el Gobierno quedará expuesto a una pulseada más larga, con la calle activada por el paro y con el riesgo de que el debate se contagie a otros puntos sensibles de la reforma.
