Buenos Aires-17 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- La Justicia dispuso la prisión preventiva de Milton Tolomeo, señalado como el manifestante que armó y arrojó bombas molotov durante la protesta contra la reforma laboral realizada el miércoles 11 de febrero frente al Congreso. La decisión fue adoptada este martes por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°6, Gonzalo Rua, a pedido de los fiscales Malena Mercuriali y Mariano Camblong, de la Unidad de Flagrancia Este, y consolidó un cambio clave: el magistrado rechazó derivar el expediente a la órbita federal al encuadrar los hechos en figuras del Código Penal vinculadas a delitos contra la seguridad pública, intimidación pública y atentados contra la administración pública.
Según la imputación, Tolomeo habría tenido participación directa en el armado y el lanzamiento de artefactos incendiarios contra efectivos de las fuerzas de seguridad durante los disturbios que se desataron en las inmediaciones del Parlamento, en el marco de una movilización masiva convocada por sindicatos y organizaciones sociales contra el proyecto de reforma laboral del oficialismo. La causa tomó especial visibilidad pública porque las escenas de violencia, registradas en videos y transmisiones, se convirtieron en uno de los ejes de la disputa política: el Gobierno denunció “ataques organizados”, mientras que sectores opositores y organizaciones de derechos humanos cuestionaron el operativo y la respuesta policial.
La prisión preventiva se dictó luego de que los investigadores sostuvieran que existía riesgo procesal y necesidad de asegurar el avance de la pesquisa. De acuerdo con fuentes del expediente, la identificación del acusado fue resultado de un análisis de imágenes considerado “exhaustivo”, que permitió atribuirle la preparación y el lanzamiento de las molotov pese a que su nombre no figuraba inicialmente en los listados de sospechosos difundidos tras los incidentes. En el relato de la investigación, el apodo “anarquista de las molotov” se instaló como rótulo operativo a partir del tipo de elementos hallados y de material secuestrado.
El allanamiento en el domicilio atribuido a Tolomeo, ubicado en la avenida Directorio del barrio de Caballito, aportó evidencia que la fiscalía considera relevante para sostener la imputación. Entre los elementos secuestrados, los investigadores enumeraron vestimenta compatible con la utilizada el día de los hechos, guantes para alta temperatura, bidones con líquidos inflamables, teléfonos celulares y una computadora. También se informaron recipientes con alcohol y nafta, además de accesorios de protección personal como casco y mascarilla. Según la reconstrucción oficial, el acusado fue detenido en la vía pública luego de una orden judicial y habría entregado voluntariamente las llaves del domicilio, facilitando el procedimiento.
La decisión de Rua incluyó otro movimiento de alto impacto: declinó el traslado de la causa al fuero federal, pese a que en la discusión pública algunos sectores habían interpretado los hechos como un episodio de posible terrorismo o de competencia federal por el lugar y el contexto institucional. El juez resolvió mantener el expediente en el ámbito penal local, con calificaciones asociadas a portación y manejo de materiales peligrosos, intimidación pública y resistencia o atentado contra la autoridad, entre otras figuras. Para la acusación, el eje no es solo el daño material, sino el efecto de intimidación y desestabilización del orden público en un punto neurálgico del sistema democrático.
El caso se enmarca, además, en una secuencia de medidas posteriores a los incidentes. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había divulgado días atrás un video con imágenes de cuatro sospechosos a los que el Gobierno señalaba por los ataques, aunque en ese registro inicial no aparecía Tolomeo. Luego, se difundió un listado más amplio de presuntos implicados, lo que alimentó cuestionamientos sobre los criterios de identificación y el ritmo de los anuncios oficiales. En el oficialismo sostienen que el trabajo técnico de peritaje audiovisual permitió sumar nombres y robustecer imputaciones; en la oposición, advierten sobre el riesgo de estigmatización y el uso político del caso.
En paralelo a la prisión preventiva de Tolomeo, el juez dispuso la liberación de otros dos detenidos por los desmanes frente al Congreso. Uno de ellos, de 31 años, había sido arrestado por la Policía de la Ciudad mientras dormía en un cajero automático en el barrio de Belgrano, y el segundo fue detenido en San Nicolás. Ambos contaban con antecedentes penales, según información oficial. El contraste —prisión preventiva para el acusado del lanzamiento de molotov y excarcelaciones para otros detenidos— busca delimitar responsabilidades y jerarquizar conductas dentro del expediente.
El avance del caso agrega presión sobre una semana parlamentaria atravesada por la discusión de la reforma laboral y por el pulso en la calle. Para el Gobierno, las detenciones y la prisión preventiva refuerzan el discurso de “tolerancia cero” frente a episodios violentos. Para sectores gremiales y opositores, en cambio, el riesgo es que la causa se utilice para deslegitimar la protesta social y endurecer el encuadre penal de manifestaciones. Con el expediente en marcha, la clave inmediata será la solidez de las pericias, la trazabilidad de los materiales secuestrados y la consistencia del vínculo entre los registros audiovisuales y la conducta imputada.
