Buenos Aires, 18 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- Aerolíneas Argentinas confirmó la cancelación de 255 vuelos programados para este jueves 19, como consecuencia del paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que el oficialismo busca tratar en la Cámara de Diputados. La compañía estimó que la medida afectará a más de 31.000 pasajeros en su red doméstica e internacional y calculó un impacto económico cercano a los 3 millones de dólares, en un escenario que anticipa una operatoria aérea mínima en todo el país por la adhesión de los gremios aeronáuticos y las dificultades para garantizar servicios esenciales en aeropuertos.

Según el detalle difundido por la empresa, 219 cancelaciones corresponden a vuelos de cabotaje y comprometen a unos 25.000 usuarios; otras 32 son rutas regionales, con alrededor de 5.000 pasajeros involucrados; y 4 pertenecen a vuelos internacionales, que alcanzan a cerca de 1.000 personas. Aerolíneas Argentinas indicó que aplicará descuentos salariales al personal que adhiera al paro por la jornada no trabajada, un mensaje que expone el nivel de tensión con los sindicatos del sector en un contexto de fuerte discusión política por cambios laborales y por el avance del plan oficial de desregulación y eventuales privatizaciones en el sistema aerocomercial.
En las horas previas a la huelga, la empresa desplegó un esquema de contingencia para mitigar el daño operativo: reprogramaciones, cambios de horario, reubicación de pasajeros y ajustes sobre la malla de vuelos. Aun así, en el mercado se descuenta que el impacto será masivo, no solo por la cantidad de servicios suspendidos sino también por el efecto arrastre de áreas críticas del sistema aeroportuario. Desde la compañía recomendaron a los pasajeros verificar las comunicaciones enviadas al correo registrado al momento de la compra y, en caso de boletos adquiridos por agencias, canalizar la gestión directamente con esas firmas. También quedaron habilitadas las opciones de autogestión en la aplicación oficial y en la web de la aerolínea para cambios y reacomodamientos, en la medida de la disponibilidad.
La cancelación de vuelos de la línea de bandera se inscribe en un cuadro más amplio: los sindicatos aeronáuticos más representativos ratificaron su adhesión a la huelga y anticiparon que el objetivo es exhibir fuerza durante el debate parlamentario. A través de un pronunciamiento conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) sostuvieron que la reforma laboral implica un retroceso en derechos, promueve la precarización y busca debilitar la negociación colectiva, además de limitar el derecho a huelga. En ese marco, aseguraron que la “gravedad del contexto” exige “firmeza” y “acción colectiva” para frenar cualquier intento de flexibilización.
El paro de la CGT fue definido para coincidir con el tratamiento legislativo del proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado y que el Gobierno pretende convertir en ley con rapidez. En ese terreno, la confrontación suma un componente simbólico: el sector aeronáutico aparece entre los más combativos desde el inicio de la administración de Javier Milei, con disputas por recomposición salarial, cambios regulatorios y el rumbo de empresas públicas vinculadas a la actividad. Para la dirigencia sindical, se trata de una pulseada por el “modelo” de relaciones laborales; para el oficialismo, de una reforma estructural que busca modificar incentivos, reducir litigiosidad y acelerar la modernización del empleo.
En la práctica, el jueves amenaza con convertirse en una jornada de conectividad extremadamente limitada. Más allá de la situación específica de Aerolíneas Argentinas, el funcionamiento de otras compañías también podría quedar condicionado por la disponibilidad de servicios en tierra y por la provisión de insumos clave, como combustible, además de los habituales cuellos de botella que aparecen cuando se paraliza una parte significativa del transporte. En el caso de los controladores aéreos, agrupados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), la situación es particular: por tratarse de un servicio público esencial, el gremio no puede adherir formalmente sin cumplir con plazos y protocolos de notificación. Sin embargo, en el sector se anticipa igualmente una operatoria reducida, con muy pocos movimientos durante la jornada, tanto por la adhesión del resto de los actores como por el efecto dominó de la huelga general.
La foto final del jueves 19 será, así, la de un sistema aerocomercial en pausa, con miles de pasajeros reprogramados, pérdidas millonarias para la línea de bandera y un nuevo capítulo de la disputa entre la Casa Rosada y el frente sindical. En paralelo al costo inmediato, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad operativa cuando confluyen conflicto gremial, transición regulatoria y cambios legislativos de alto impacto: un combo que, en un país extenso y dependiente de la conectividad aérea para integrar regiones, transforma un paro de 24 horas en un problema logístico nacional.
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