Ultimas Noticias!
Buenos Aires, 18 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó este miércoles un nuevo capítulo de alto voltaje político en el Senado, con epicentro en la integración de comisiones estratégicas y la disputa por quién controla el tablero interno de la Cámara alta. En la mesa política de la Casa Rosada se instaló la acusación de que la titular del cuerpo “juega” para el peronismo y busca ampliar su representación en comisiones clave, un escenario que llevó al oficialismo a agitar una amenaza inusual: recortarle atribuciones institucionales a la vicepresidenta y quitarle la facultad de rubricar —y, en los hechos, ordenar— la conformación de las comisiones permanentes.
La chispa inmediata fue un movimiento que en el oficialismo describieron como inesperado: la incorporación de la senadora tucumana Sandra Mendoza a la comisión de Acuerdos, un ámbito decisivo porque trata pliegos de jueces, ascensos militares y designaciones diplomáticas. Hasta ahora, el peronismo venía tensando la cuerda con una postura de resistencia: sus referentes sostenían que el reparto de lugares no respetaba la proporcionalidad y se negaban a cerrar acuerdos de integración bajo las condiciones que proponían La Libertad Avanza y sus aliados. Sin embargo, la bancada Convicción Federal, que forma parte del interbloque peronista conducido por José Mayans, se desmarcó de esa estrategia y avanzó con designaciones propias: además de Mendoza en Acuerdos, envió al catamarqueño Guillermo Andrada a la comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
En los pasillos del Senado, el punto más sensible no fue solo el nombre de los designados, sino la forma: la vicepresidenta Villarruel se negó a firmar las notas de integración, lo que obligó a que las notificaciones fueran rubricadas por el presidente provisional del Senado, el libertario puntano Bartolomé Abdala, alineado con el Ejecutivo. El oficialismo interpretó esa negativa como un gesto político deliberado y la conectó con una disputa de fondo: el PJ sostiene que, por peso numérico, le corresponderían seis o siete lugares en comisiones como Acuerdos, mientras que el esquema que impulsan el oficialismo y sus socios reservaría una representación menor, especialmente en las cinco comisiones consideradas más influyentes, con la intención de dejar al peronismo en minoría estructural aun cuando participe.
En el entorno del Gobierno, la lectura fue directa: Villarruel pretendería habilitar más asientos al kirchnerismo y el Ejecutivo no está dispuesto a concederlos. De allí surgió la advertencia que ya circula como amenaza política: si la vicepresidenta insiste en cuestionar el reparto, el oficialismo analizará que el pleno del Senado deje de delegar en la presidencia la facultad de nombrar e integrar comisiones permanentes. El argumento se apoya en una zona gris del reglamento: en la primera sesión, el Senado puede decidir integrar comisiones “por sí” o delegar esa atribución en su presidente. En La Libertad Avanza evalúan revertir esa delegación y que sea el recinto el que tome la definición, un giro que, en los hechos, recortaría poder a Villarruel y la dejaría con un rol más ceremonial en la arquitectura operativa de la Cámara.
La pulseada promete escalar con el calendario parlamentario: este miércoles el interbloque peronista tiene prevista una reunión para resolver su estrategia frente a la distribución de lugares, y el martes 24 está convocada la sesión preparatoria en la que se definirán autoridades del Senado y debería quedar cerrado el reparto de comisiones. En el peronismo conviven dos posiciones: quienes prefieren no integrar comisiones para no convalidar un reparto que consideran injusto y quienes, aun en minoría, buscan ocupar lugares para incidir, acceder a información y disputar agendas.
Detrás de la pelea por los asientos asoma una apuesta de poder más amplia. El Gobierno quiere acelerar su agenda judicial y en el Senado se comenta que el Ejecutivo enviaría en marzo un paquete de alrededor de 50 pliegos de jueces y fiscales, con foco en vacantes relevantes de la justicia federal. En el oficialismo creen que el resultado reciente de la votación de la reforma laboral —que le permitió reunir una mayoría robusta con aliados— alimenta la expectativa de sostener un número cercano a los 44 votos, una base que le da margen para aprobar dictámenes, ordenar comisiones y, eventualmente, negociar mayorías especiales. En paralelo, volvió a circular en ámbitos opositores la especulación sobre intentos de reactivar discusiones por la Corte Suprema, aunque desde el oficialismo buscaron bajarle el tono a esa versión.
Como telón de fondo, también se aceleran conversaciones por la Auditoría General de la Nación (AGN), donde el Senado debe designar representantes por un mandato extenso y con fuerte peso institucional. En la reconfiguración proyectada, el peronismo perdería uno de los lugares que tenía, y se mencionan nombres en danza: el ex auditor Javier Fernández por el PJ, el apoderado libertario Santiago Viola por La Libertad Avanza, y el ex senador Luis Naidenoff como opción de la UCR. Con la AGN presidida por Juan Manuel Olmos, el oficialismo busca reducir la incidencia del peronismo en el organismo de control y consolidar un esquema donde el poder quede más repartido entre libertarios, radicales y aliados provinciales.
En suma, lo que se discute no es solo un reparto técnico, sino el control político del Senado: quién define las reglas internas, quién administra las comisiones donde se cocina la agenda y qué margen tendrá la vicepresidenta Villarruel para intervenir en un año en el que el Gobierno pretende acelerar nombramientos, disciplinar alianzas y sostener mayorías en una Cámara decisiva.
