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Buenos Aires, 18 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- La causa federal que la Fiscalía de Estados Unidos impulsa en el Distrito Sur de Nueva York contra el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro incorporó un capítulo con fuerte impacto político en México: los fiscales sostienen que, durante su paso por la Cancillería de Hugo Chávez (2006–2008), Maduro habría facilitado la venta de pasaportes diplomáticos a narcotraficantes vinculados a organizaciones criminales mexicanas, y que ese blindaje documental habría sido utilizado para mover dinero de la droga mediante vuelos con cobertura oficial. El escrito también apunta al ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello como receptor de sobornos del cártel de Los Zetas para organizar el traslado de cocaína desde Venezuela hacia México, en una presunta red transnacional que, según la imputación, operó durante años con protección estatal.
El documento presentado ante la justicia neoyorquina describe a Maduro y a su círculo como jefes de un esquema de narcotráfico de escala continental, con conexiones con estructuras criminales y puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, y con México como una plataforma de enlace logístico, financiero y operativo. En la narración fiscal, aparecen repetidas menciones a los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, a quienes se describe como socios cruciales dentro de un entramado atribuido al denominado “cártel de los Soles”, una etiqueta utilizada históricamente por la justicia estadounidense para referirse a mandos del régimen venezolano acusados de facilitar envíos de cocaína.
La imputación detalla que, con cobertura diplomática, ciertos actores habrían trasladado desde territorio mexicano hacia Venezuela ingresos provenientes del negocio de la droga, mientras la cocaína se movía en sentido inverso hacia el mercado estadounidense. En ese esquema, siempre según la acusación, Los Zetas habrían colaborado con narcotraficantes colombianos para despachar contenedores desde puertos venezolanos a puertos mexicanos y, finalmente, a Estados Unidos. En paralelo, se menciona el rol del condenado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en el financiamiento de infraestructura de producción y apoyo logístico en Colombia, antes de que los cargamentos fueran direccionados al norte.
El expediente amplifica el efecto político porque traza un arco temporal que atraviesa administraciones mexicanas de distintos signos y describe a México no solo como corredor de tránsito, sino como un escenario donde la logística del narco se habría sostenido en “culturas de corrupción” y en redes de protección. Ese planteo es particularmente sensible para el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que enfrenta presión creciente de Washington para endurecer el combate contra el crimen organizado y aumentar capturas de alto valor. En el plano bilateral, la causa abre una nueva palanca de tensión: la justicia estadounidense no solo expone acusaciones contra el régimen venezolano, sino que instala, por arrastre, un foco sobre la relación histórica entre rutas de cocaína, puertos, funcionarios y poder político en territorio mexicano.
El contexto judicial agrega un elemento extraordinario: Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen detenidos en Nueva York tras una captura atribuida a una operación estadounidense en Caracas a fines de 2025, y ambos se declararon inocentes ante la corte federal. La fiscalía sostiene que el caso actual se apoya en una investigación más amplia iniciada años atrás y que ahora se refuerza con alegaciones específicas sobre pasaportes diplomáticos, rutas de transporte y cooperación con organizaciones criminales de alto perfil. El proceso se perfila largo, con previsibles batallas legales por jurisdicción, inmunidades y validez de la captura, pero el contenido de la imputación ya funciona como un golpe político regional.
En paralelo, la acusación reaviva la discusión sobre actores económicos y operadores vinculados al chavismo en México. En ese mapa aparece el empresario y exfuncionario chavista Alex Saab, señalado en investigaciones y reportes periodísticos por su papel como articulador financiero del régimen y por presuntas operaciones de empresas y contratos en distintos países. El expediente contra Maduro, además, deja abierta una hipótesis de alto impacto: la posibilidad de que el acusado busque algún tipo de colaboración judicial para mejorar su situación procesal. De ocurrir, el caso podría convertirse en un factor de presión adicional sobre gobiernos, redes empresariales y estructuras políticas del hemisferio, especialmente allí donde la acusación ubica nodos logísticos o financieros.
Para México, el problema no es solo reputacional. La causa refuerza el argumento de la administración Trump de intensificar exigencias en materia de seguridad, y suma un componente de coerción geopolítica en una agenda bilateral ya cargada. Para Venezuela, el expediente consolida la narrativa de Estados Unidos de que el régimen operó como una plataforma estatal para el narcotráfico. Y para la región, instala un escenario en el que la justicia federal estadounidense vuelve a intervenir, con impacto político directo, en el corazón de una disputa estratégica sobre crimen organizado, soberanía y alineamientos internacionales.
Fuentes consultadas: Reuters; Departamento de Justicia de Estados Unidos; Infobae; Los Angeles Times; Lawfare.
