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Por RR
Buenos Aires-19 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA- El debate parlamentario por la reforma laboral sumó en las últimas horas un nuevo actor de peso institucional: el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que preside Ricardo Gil Lavedra, envió una carta al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a las autoridades de los bloques para objetar artículos del proyecto que, según la entidad, vulneran garantías constitucionales y alteran reglas del proceso laboral. La reacción encendió una discusión paralela, más incómoda y menos visible: el corazón de un sistema de litigiosidad que durante décadas se convirtió en un negocio estructural y en una cultura corporativista, con incentivos cruzados, que terminó encareciendo el empleo formal y empujando a empresas e inversiones a mirar hacia otro lado. En síntesis, lo que propone Gil Lavedra amparandose en cierta corporacion abogadil es lisa y llanamente, la descarada defensa de la industria del juicio.
En el centro del planteo del Colegio aparecen cambios propuestos a los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744 (Contrato de Trabajo). El artículo 20, tal como fue expuesto por la entidad, introduce la figura de la “pluspetición inexcusable” con efectos patrimoniales directos para el abogado o abogada actuante. En términos sencillos: si un juez considera que el reclamo del trabajador fue una sobreestimación “inexcusable”, la norma habilitaría que el profesional responda con su propio patrimonio por las costas del juicio. Para el Colegio, el problema es doble: la ambigüedad del concepto —que abre un margen de discrecionalidad judicial— y el hecho de aplicar un estándar diferenciado sobre laboralistas frente a otras ramas del derecho. En su argumento, ya existen herramientas para sancionar temeridad o malicia y no sería razonable instalar un riesgo patrimonial “objetivo” focalizado en un fuero específico.
El otro punto crítico señalado por la carta es el artículo 277, que habilitaría el pago en cuotas de sentencias condenatorias en juicios laborales y extendería esa modalidad a créditos de trabajadores y a los honorarios de sus representantes. El Colegio remarcó que se trata de acreencias de naturaleza alimentaria y advirtió que permitir la cancelación en cuotas alteraría el principio protectorio y colocaría a los trabajadores —y a quienes litigan por ellos— en una situación desventajosa respecto de quienes obtienen sentencias en otros procesos. Además, la entidad sostuvo que ese esquema, sumado al principio de gratuidad en el acceso a la justicia laboral, puede traducirse en una limitación práctica a la percepción de honorarios, desalentando la especialidad.
Detrás del tecnicismo, el trasfondo político y económico es más áspero. Desde el oficialismo y desde sectores empresarios se lee la objeción como la defensa de un statu quo que consolidó un ecosistema donde el juicio laboral se volvió, para ciertos estudios y engranajes del sistema, una industria en sí misma. En esa mirada, el corporativismo —y una cuota de egocentrismo profesional— alimentó por años un circuito de incentivos que premió la litigiosidad, elevó el costo esperado de contratar y, en el borde, terminó operando como un freno silencioso al empleo formal, a la inversión y al crecimiento. La reforma, en esta lógica, busca reordenar incentivos: desalentar reclamos inflados, reducir incertidumbre y acotar el “costo de salida” de una relación laboral sin convertir cada conflicto en un litigio largo y costoso.
El Colegio también cuestionó que el proyecto incorpore, de modo acotado al fuero laboral, una lógica cercana al “stare decisis” respecto de fallos de la Corte Suprema, al considerar que no es razonable imponerlo exclusivamente en ese ámbito. En términos políticos, el planteo expone la sensibilidad del fuero del trabajo: cada ajuste en costas, honorarios, intereses o ejecución impacta en una caja real, en poder de negociación y en un modelo de funcionamiento que se defiende con rapidez cuando se siente amenazado.
En paralelo, el debate institucional se cruza con otra discusión que recalentó al mundo judicial: el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este punto, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) respaldó el proceso como un paso necesario para cumplir el mandato constitucional de autonomía de la Ciudad y reducir superposiciones jurisdiccionales que —según su diagnóstico— generan ineficiencia e incertidumbre. La posición de Fores se alineó con la idea de “seguridad jurídica” y pidió a magistrados, funcionarios, colegios profesionales y autoridades políticas evitar lecturas coyunturales y colaborar en una implementación técnica y ordenada.
Así, el capítulo de los abogados dejó de ser un detalle sectorial y se convirtió en una señal. En el día en que el Congreso discute el rediseño del mercado laboral, el sistema que durante años administró el conflicto del trabajo mostró reflejos defensivos. Y, con ello, volvió a quedar al desnudo una disputa más profunda: si la Argentina seguirá atrapada en el viejo esquema de litigiosidad rentable y corporaciones atrincheradas, o si logra romper la inercia que, según quienes impulsan el cambio, contribuyó a atrasar al país y a privarlo de inversiones y puestos de trabajo durante décadas.
