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Washington-20 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- La Corte Suprema de Estados Unidos asestó este viernes un golpe directo a una de las herramientas centrales de la política comercial y de presión diplomática del presidente Donald Trump, al fallar por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no le otorga autoridad para imponer aranceles. El pronunciamiento, que llega tras una escalada de gravámenes con impacto global desde el retorno de Trump al poder en enero de 2025, refuerza el papel del Congreso en materia tributaria y delimita el alcance de los “poderes de emergencia” invocados desde la Casa Blanca.
El máximo tribunal, de mayoría conservadora, concluyó que la IEEPA no habilita al Ejecutivo a crear un régimen arancelario generalizado presentado como “recíproco”. En términos prácticos, el fallo bloquea —por la vía judicial— un mecanismo que el presidente había utilizado como palanca para condicionar negociaciones comerciales, redefinir alineamientos internacionales y proyectar una estrategia económica con alto componente de confrontación. La decisión consolida el criterio de tribunales inferiores que ya habían advertido que la administración se extralimitó al buscar, bajo una norma de emergencia, una facultad típicamente legislativa.
La sentencia distingue, sin embargo, entre los llamados aranceles “recíprocos” y aquellos aplicados a sectores específicos. En ese punto, el alcance inmediato del fallo se concentra en los derechos de aduana de carácter amplio —concebidos como una cobertura transversal a “prácticamente todos” los socios comerciales— y deja fuera del pronunciamiento directo a los gravámenes sectoriales en rubros como automóviles, acero o aluminio, que suelen apoyarse en otros marcos normativos. El resultado abre una nueva fase de disputa política y legal: el Ejecutivo queda obligado a sostener su estrategia comercial con instrumentos más acotados o con aval explícito del Congreso.
En su argumentación, la Corte Suprema subrayó que, si el Congreso hubiera querido conceder un poder “distinto y extraordinario” para imponer aranceles mediante la IEEPA, lo habría hecho de forma expresa, como ocurre en estatutos arancelarios específicos. El razonamiento retoma un eje histórico del sistema estadounidense: la potestad de “impuestos, derechos e imposiciones” recae en el Congreso, y el Ejecutivo no puede asumirla por interpretación extensiva de una ley pensada para sanciones financieras, bloqueos y restricciones comerciales en escenarios extraordinarios.
El caso también pone bajo la lupa el modo en que Trump enmarcó políticamente su ofensiva arancelaria. Además de justificar gravámenes por motivos comerciales, el presidente promovió tarifas aduaneras especiales contra socios clave como México, Canadá y China asociándolas a la agenda de seguridad fronteriza: flujos de drogas ilícitas, migración y presión sobre cadenas de suministro. Para el tribunal, esa arquitectura de “emergencias” no alcanza para convertir una ley de poderes económicos en un permiso general para fijar aranceles de alcance masivo.
El recorrido judicial había comenzado con fallos adversos en instancias inferiores. Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump se excedió en su autoridad con gravámenes generalizados y frenó su entrada en vigor, aunque la decisión quedó temporalmente en suspenso por la apelación del gobierno. La intervención de la Corte Suprema cierra esa ventana y devuelve al centro del tablero la discusión sobre el límite entre política económica ejecutiva y atribuciones tributarias legislativas.
Más allá del efecto inmediato sobre el esquema “recíproco”, el fallo reordena incentivos en el mercado y en las relaciones internacionales. Las empresas importadoras y sectores dependientes de insumos externos pasan a operar con un horizonte menos volátil, mientras socios comerciales —especialmente en América del Norte y Asia— reciben una señal institucional de que los cambios abruptos de reglas enfrentan contrapesos internos. En paralelo, la administración queda expuesta a un dilema: buscar nuevas bases legales para sostener su ofensiva o negociar en el Congreso un marco explícito que, por su naturaleza, implicaría costos políticos y concesiones.
La decisión, en definitiva, no solo recorta una herramienta clave de la agenda de Trump: también establece un precedente sobre el uso de leyes de emergencia para reconfigurar políticas económicas de alto impacto. En un contexto de tensiones comerciales recurrentes, el mensaje del tribunal es nítido: cuando se trata de aranceles, el atajo por decreto tiene límites.
