Buenos Aires-20 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- El bloque de La Libertad Avanza elevó este viernes una ofensiva política y parlamentaria contra la diputada Florencia Carignano (por Santa Fe, Unión por la Patria) y reclamó su suspensión preventiva y posterior expulsión de la Cámara de Diputados, luego de que fuera registrada en video desconectando cables y dispositivos vinculados al trabajo de los taquígrafos durante la sesión del jueves en la que se debatió la reforma laboral. La bancada oficialista calificó el episodio como “actos de sabotaje ilegales” y anunció que impulsará, además, una denuncia penal por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.
La controversia se disparó en un recinto ya cargado de tensión, con cruces a los gritos, acusaciones de arbitrariedad en la conducción del debate y un clima de alta polarización por el tratamiento de la reforma laboral. En ese contexto, las imágenes mostraron a Carignano acercándose a la mesa donde operan equipos técnicos y procediendo a desconectar cables de alimentación y conexiones utilizadas para el registro y soporte del trabajo taquigráfico. Legisladores del oficialismo sostienen que la acción buscó entorpecer el normal funcionamiento de la sesión y forzar interrupciones en un momento decisivo del tratamiento parlamentario.
En un comunicado, La Libertad Avanza afirmó que lo ocurrido fue “contrario al espíritu democrático” que debe regir en el Congreso y subrayó que “las cámaras la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo”. Con esa base, el bloque presentó un proyecto que invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional, la cláusula que habilita a cada Cámara a corregir a sus miembros por desorden de conducta y, con el voto de los dos tercios, disponer sanciones extremas como la remoción.
La conducción política del cuerpo sumó presión. El presidente de Diputados, Martín Menem, cuestionó con dureza el comportamiento de la legisladora y lo comparó con lo que ocurriría si un empleado en una empresa actuara de modo similar, en una línea discursiva orientada a marcar un límite institucional y a encuadrar el episodio como un ataque al funcionamiento de un poder del Estado. En el oficialismo interpretan que la secuencia no fue un exabrupto aislado, sino una señal de escalada de la confrontación dentro del recinto, con hechos que —según su lectura— buscan sustituir el debate por la interrupción.
Lejos de retroceder, Carignano defendió su accionar en declaraciones radiales y profundizó la polémica: “Había que hacer cualquier cosa para que esa sesión no se llevara a cabo y lo volvería a hacer”, sostuvo. La frase, reproducida en distintos medios, le dio combustible a la estrategia libertaria de llevar el caso al plano disciplinario y judicial, al aportar un argumento de intencionalidad política detrás de la maniobra. Dentro de Unión por la Patria, el episodio generó incomodidad en sectores que buscan evitar que la discusión derive en un juicio sumarísimo que ponga en riesgo posiciones internas en futuras votaciones sensibles.
En términos reglamentarios, la expulsión de un diputado es una medida excepcional que requiere mayorías agravadas y suele abrir una discusión compleja sobre límites de conducta, proporcionalidad de sanciones y garantías dentro del cuerpo. Aun así, en La Libertad Avanza aseguran que el hecho excede una infracción menor porque involucró el intento de inutilizar herramientas técnicas esenciales para el registro formal de una sesión. Con esa premisa, convocaron “a todos los bloques” a acompañar la iniciativa, bajo el argumento de que “la violencia y los actos desestabilizadores” no pueden naturalizarse dentro de la Cámara.
El episodio deja un saldo que va más allá de una pelea puntual: expone el nivel de crispación que rodea al debate de la reforma laboral y anticipa una disputa paralela, de tono institucional, sobre las reglas mínimas de convivencia parlamentaria. En un Congreso atravesado por fracturas, la reacción frente al caso Carignano también funcionará como termómetro: si el recinto opta por una sanción ejemplificadora, o si el conflicto se diluye en la lógica habitual de denuncias cruzadas sin consecuencias efectivas.
