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Buenos Aires-22 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA– La Cámara Federal de Casación Penal quedó en el centro de un nuevo capítulo del escándalo conocido como “AFAgate”: deberá definir en los próximos días si la investigación que busca determinar quiénes son los verdaderos dueños de una quinta de Pilar —atribuida en el expediente al entorno de Pablo Toviggino, número dos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)— seguirá en el fuero federal, como pretenden los acusados, o regresará al fuero en lo Penal Económico, donde se originó. Pero la discusión de competencia quedó atravesada por una controversia aún más delicada: uno de los jueces llamados a votar, el camarista Carlos “Coco” Mahiques, fue señalado por fuentes judiciales y del propio ambiente del fútbol como protagonista de un festejo privado en ese mismo predio, semanas antes de que estallara el caso. La situación plantea un interrogante institucional inevitable: si corresponde o no que el magistrado se excuse, cuando su voto puede resultar decisivo.
Según reconstrucciones periodísticas, Mahiques habría celebrado su cumpleaños en la quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, en un evento donde habrían participado jueces, fiscales y referentes del mundo tribunalicio, con despliegue de lujo y vehículos de alta gama. Consultado por la prensa, el camarista negó que esa fiesta haya ocurrido en el predio, aunque dejó una frase que profundizó el debate: aun si fuera cierto, sostuvo, no vería “inconveniente” ni motivo para apartarse, y pidió que su actuación sea evaluada por “el contenido de sus sentencias” y no por su vida privada. En tribunales, sin embargo, el punto no es íntimo ni anecdótico: la causa trata precisamente sobre la titularidad real y el posible lavado de activos alrededor de ese inmueble, y la presencia social de un juez en un lugar investigado, de confirmarse, podría erosionar confianza pública en la imparcialidad del proceso.
La decisión que deberá adoptar la sala integrada por Mahiques, Daniel Petrone y Javier Carbajo no es menor. El expediente busca determinar si el predio —de unas 5,5 hectáreas— pertenece a testaferros o si está vinculado a la conducción de la AFA, con Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino como figuras bajo sospecha en distintas aristas del caso. La pesquisa se activó en el fuero en lo Penal Económico, con intervención del juez Marcelo Aguinsky, y luego se abrió la disputa por el destino del expediente: la defensa pretende que quede en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, mientras que el fiscal Carlos Cearras impulsó que vuelva al juzgado de origen. En este laberinto, Casación tiene la última palabra y, por eso, el foco se concentra en el voto de quienes la integran.
El trasfondo del expediente es voluminoso. La quinta, valuada por peritos en más de US$ 20,8 millones, incluye viviendas de gran porte, caballerizas y pista ecuestre, canchas, quincho, spa y gimnasio, además de un galpón donde la Justicia secuestró decenas de vehículos de alta gama y colección. Las actuaciones también incorporaron la existencia de un helipuerto que, según la documentación, no habría estado declarado ante las autoridades. La titularidad formal, de acuerdo con la investigación, figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada, un dato que alimentó sospechas sobre capacidad económica y eventuales estructuras de ocultamiento.
Otro eje sensible del caso son los registros de vuelos y la logística privada alrededor del predio. La Justicia siguió la pista de helicópteros y movimientos aéreos vinculados a la zona, con reportes sobre decenas de trayectos registrados desde 2025. En ese marco, dos pilotos de una firma aérea fueron citados a declarar y, según versiones periodísticas, dijeron no recordar quiénes fueron sus pasajeros, una situación que en tribunales se interpretó como una señal de opacidad alrededor de la trama de traslados.
A la dimensión judicial se suma una capa política: Mahiques tramita en paralelo su continuidad en Casación más allá del límite etario. El Senado recibió este mes el mensaje del Poder Ejecutivo para renovar su acuerdo, un movimiento que en tribunales fue leído como un respaldo excepcional en un contexto donde otros pliegos y pedidos aguardan definiciones. Además, la familia del camarista quedó rozada por la controversia: dos de sus hijos figuraron con cargos vinculados a estructuras de la AFA, aunque trascendió que presentaron renuncias en las últimas semanas, en plena expansión del escándalo.
En un país que reclama instituciones confiables, el expediente expone una tensión que va más allá del fútbol: la necesidad de que los procesos se tramiten con transparencia y que los jueces no solo sean imparciales, sino que también lo parezcan. La decisión sobre la competencia es técnica, pero su legitimidad dependerá de algo más humano y cercano: que los ciudadanos puedan creer, sin dudas, que nadie juega este partido con la cancha inclinada.
