Buenos Aires-22 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, inició una huelga de hambre en la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, en una protesta colectiva que, según familiares y organizaciones de derechos humanos, involucra a más de un centenar de presos considerados políticos —en algunos reportes, más de 200— y que busca forzar al régimen chavista a liberar a los detenidos excluidos de la reciente Ley de Amnistía. La medida expone otra vez la trama de opacidad, arbitrariedad y castigo que rodea a los arrestos por motivos políticos en el país, y coloca el caso del argentino en el centro de un reclamo que mezcla urgencia humanitaria, presión diplomática y desesperación familiar.
El anuncio fue realizado por la esposa del gendarme, María Alexandra Gómez, quien denunció en redes sociales que el inicio de la huelga de hambre agrava una situación que definió como inhumana. En su mensaje apuntó al director del penal, Martínez Rangel, y extendió responsabilidades a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a quienes les reclamó que “dejen de jugar con la ilusión y expectativa” de las familias. Gómez subrayó que Gallo lleva 441 días en condición de “desaparición forzada” y reclamó acción internacional: cuestionó el silencio de la ONU ante lo que describió como violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.
La protesta se desató tras la promulgación de la Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento chavista con la promesa de liberar a presos por motivos políticos entre 1999 y 2026. El problema, según denuncian familiares y ONG, es que la aplicación de la norma resultó restringida y dejó a cientos afuera, entre ellos militares, civiles y extranjeros. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que familiares reportaron que alrededor de 100 detenidos comenzaron la huelga de hambre en El Rodeo I, y que la organización estaba verificando la situación. En el mismo sentido, la activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, sostuvo que la mayoría de los huelguistas serían militares, aunque también habría civiles y extranjeros, todos con una consigna común: libertad.
El clima de tensión también se percibe fuera de los muros. Familias de presos vienen acampando desde hace más de un mes y medio a las puertas de El Rodeo I y de otros centros de detención, exigiendo celeridad, información y la ejecución efectiva de excarcelaciones. Testimonios recogidos por medios internacionales describen frustración por demoras y procedimientos opacos: reclamos a los gritos, lágrimas, noches a la intemperie y una sensación amarga de estar frente a un Estado que decide en silencio quién sale y quién queda, sin reglas claras ni garantías. En el penal, además, el acceso permanecería restringido y las autoridades no brindarían información oficial, mientras se reportan limitaciones a visitas.
En el plano institucional, la Asamblea Nacional informó que la Fiscalía elevó 379 solicitudes de amnistía a tribunales (la mayoría en Caracas) para concretar liberaciones entre la noche del viernes y la mañana del sábado, y que el proceso continuaría en los días siguientes. Sin embargo, Foro Penal estima que al menos 400 detenidos quedarían excluidos, por categorías o interpretaciones del propio régimen, y anunció que entregará a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos para revisión. La presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió “celeridad” para atender los expedientes no incluidos y defendió la amnistía como un paso hacia una Venezuela “más democrática”, aunque las organizaciones de derechos humanos advirtieron que la norma, tal como se aplica, no repara el daño ni desmonta la maquinaria represiva.
El caso de Gallo resume esa contradicción. Detenido cuando intentaba ingresar para visitar a su familia en la frontera con Colombia, su situación es presentada por allegados como ilegal y carente de garantías. La huelga de hambre, en ese marco, aparece como el último recurso de quienes sienten que el sistema judicial y penitenciario funciona como una caja negra. Es una decisión extrema, pero también una señal: cuando se niega el debido proceso y se bloquea toda vía de reclamo, los cuerpos se convierten en el único canal de presión.
Para las familias, el objetivo inmediato es simple y profundamente humano: que los presos vuelvan a casa. Para el régimen chavista, la huelga implica un riesgo político y de imagen internacional: cada día sin respuesta aumenta el costo de sostener detenciones cuestionadas y expone la distancia entre la retórica de “reconciliación” y la realidad de cárceles donde la libertad depende de decisiones discrecionales. En el centro de esa escena está un argentino, Nahuel Gallo, cuyo nombre se convirtió en símbolo de una demanda que cruza fronteras: que el Estado venezolano deje de usar la prisión como herramienta de control y libere a quienes permanecen retenidos sin garantías.
