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Buenos aires-23 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA-. El fútbol argentino quedó al borde de una medida extrema con impacto en todas las categorías: la Liga Profesional de Fútbol (LPF) resolvió elevar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) un pedido unánime de los clubes de Primera División para frenar la actividad entre el 5 y el 8 de marzo, días en los que debía disputarse el inicio de la novena fecha del Torneo Apertura y, al mismo tiempo, están previstas las declaraciones indagatorias del presidente Claudio Fabián “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Ariel Toviggino en una causa originada por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La lectura política que sobrevuela el cónclave de dirigentes es nítida: la conducción afista busca transformar una investigación penal-económica en un conflicto institucional, exhibiendo a la Justicia y al Gobierno como responsables de una “guerra contra el fútbol”.
La decisión, tomada en el Comité Ejecutivo de la LPF y luego comunicada públicamente, se apoyó en una consigna que repitieron directivos tras la reunión: el rechazo a la denuncia de ARCA por presuntas irregularidades vinculadas con Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales en distintos meses de 2024 y 2025, por un total informado de 19.353 millones de pesos. En el ecosistema del fútbol, el caso se convirtió en un punto de ebullición porque el expediente no solo apunta a la contabilidad y al circuito de pagos: coloca bajo foco judicial a la primera línea de la AFA y amenaza con afectar su agenda internacional, sus negociaciones de derechos y, sobre todo, la estabilidad política de una conducción que se mueve con reflejos corporativos cuando percibe riesgo.
La frase que sintetizó el espíritu del encuentro la aportó el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga: “Si es necesario, sí”, dijo ante periodistas al ser consultado sobre la posibilidad de parar. Y acompañó ese respaldo con un argumento que ya circula como línea interna del oficialismo afista: que detrás del conflicto asoma un intento de imponer el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una discusión que divide aguas desde hace años y que la conducción de la AFA utiliza como bandera identitaria frente a cualquier intervención estatal o reforma estructural. “Los socios ya dejaron en claro su postura”, fue, en esa sintonía, otro de los mensajes que replicaron dirigentes.
La medida se entiende mejor cuando se mira el calendario judicial. La indagatoria de Tapia está prevista para el 5 de marzo, y la de Toviggino se ubica en la misma ventana. El expediente tramita en el fuero penal económico y está en manos del juez Diego Amarante, quien días atrás había dispuesto restricciones de salida del país para los imputados. En las últimas horas, sin embargo, el magistrado autorizó una excepción a pedido de Tapia: lo habilitó a viajar a Colombia y Brasil para cumplir compromisos vinculados a la CONMEBOL, bajo la condición de una caución real de 5 millones de pesos como garantía de su sujeción al proceso. La escena alimentó dos lecturas opuestas: para la AFA, es una señal de normalidad que le permite sostener agenda; para los críticos, es un síntoma de cómo la política del fútbol intenta preservar su funcionamiento aun bajo sospecha.
En paralelo, la AFA difundió un comunicado con un tono inusualmente duro, en el que negó la existencia de deuda exigible y afirmó que las obligaciones impositivas y previsionales cuestionadas fueron abonadas “en forma previa a su vencimiento”. Según la entidad, la controversia radica en que ARCA pretende considerar como base de un eventual delito penal tributario obligaciones “aún no vencidas” y que “ni siquiera puede cobrar”, mientras el planteo defensivo ya habría sido presentado ante el tribunal interviniente y se encuentra pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones. Esa argumentación —siempre desde la perspectiva afista— apunta a correr el eje desde la presunta retención indebida hacia una disputa interpretativa sobre exigibilidad, plazos y encuadre penal.
Pero el problema para la conducción del fútbol no se agota en lo técnico. La denuncia de ARCA golpea donde más duele: en la confianza y en el control. El fútbol argentino mueve cifras gigantescas, administra derechos de televisión, patrocinios, transferencias y recaudaciones de competencia, y lo hace en un país donde la sensibilidad social ante la evasión y los privilegios es altísima. Por eso, el gesto de “parar todo” opera como presión y como blindaje: presión sobre el sistema político y judicial para que la causa no avance con velocidad; blindaje interno para exhibir cohesión de los clubes detrás de Tapia y Toviggino, y para desalentar fisuras que puedan convertirse en rupturas de gobernabilidad.
En la reunión, hubo ausencias con aviso: Boca Juniors —que viajaba por compromisos de Copa Argentina—, Aldosivi, Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de La Plata. Este último punto no pasó inadvertido porque Estudiantes mantiene una disputa abierta con la conducción de la AFA y viene cuestionando decisiones reglamentarias y políticas dentro de la organización. Ese telón de fondo expone que, aun con unanimidad formal, el mundo dirigencial no es homogéneo: hay quienes adhieren por convicción, quienes lo hacen por disciplina, y quienes prefieren correrse para no quedar atrapados en una guerra que puede cambiar de dueño con el tiempo.
La jugada también tiene un costado simbólico: detener la pelota en pleno torneo es un acto de poder. No es una huelga de trabajadores, sino una decisión dirigencial que utiliza el espectáculo como herramienta de negociación. Y en ese punto aparece la tensión más delicada: ¿hasta qué punto la AFA puede convertir al calendario deportivo en un mecanismo de presión sobre causas judiciales? La conducción lo niega y lo presenta como defensa institucional frente a una ofensiva externa. Sus detractores lo describen como un “apriete” para condicionar a la Justicia, con la sociedad como rehén de una disputa que no eligió.
En el corazón del conflicto, la causa penal económica deberá despejar preguntas básicas: si existió o no retención indebida; si hubo perjuicio fiscal; si los pagos fueron efectivamente realizados en tiempo y forma; y, sobre todo, cómo se administraron las obligaciones cuando la AFA sostiene que no hubo mora. En ese tipo de expedientes, los detalles importan: fechas de vencimiento, registraciones, acreditaciones bancarias, declaraciones juradas, y el circuito de decisión dentro de la entidad. La indagatoria, por su naturaleza, no es una condena: es una instancia de defensa y explicación. Pero en términos políticos, es una foto temida por cualquier conducción.
En las próximas horas, la decisión deberá terminar de encuadrarse en la estructura institucional de la AFA, aunque en el mundo del fútbol ya se mueve como un hecho consumado: si no hay marcha atrás, el Torneo Apertura quedará interrumpido y la cadena de impacto llegará a transmisiones, logística, seguridad, operativos provinciales y compromisos comerciales. La apuesta de la dirigencia es que el costo de parar sea menor que el costo de quedar expuesta. El riesgo, sin embargo, es que el remedio sea peor: que la sociedad lea la maniobra como una demostración de impunidad, o que la presión se convierta en combustible para que el caso crezca.
Con la pelota en el aire, el fútbol argentino entra en una semana que será tan judicial como deportiva. Y, en un país donde el fútbol suele ser refugio emocional, la sensación que se instala es amarga: cuando la dirigencia juega su propio partido, el hincha se queda mirando desde afuera, esperando que la verdad —y el calendario— vuelvan a su lugar.
