Buenos aires-24 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA — El Gobierno nacional sumó este martes una nueva herramienta a su ofensiva política y discursiva contra provincias y municipios: habilitó una página web para que ciudadanos de todo el país puedan informarse y reportar, de manera voluntaria, las tasas que cobra cada comuna. El anuncio, difundido por el jefe de Gabinete Manuel Adorni en redes sociales, busca nutrir un mapa de tributos locales y, al mismo tiempo, funciona como mensaje directo hacia intendentes en medio de una tensión creciente por el peso de los gravámenes subnacionales sobre comercios, servicios y actividad económica.
El sitio —de acceso abierto y sin registración previa— permite seleccionar una provincia en un mapa interactivo y luego desplegar el listado de tasas por municipio. La plataforma organiza la carga en categorías como tasa vial, entidades financieras, actividades primarias, industria e hipermercado, e invita a completar información faltante o sumar tributos que no estén incorporados. En la práctica, la iniciativa apunta a visibilizar cuánto se cobra y cómo se cobra en cada distrito, con un enfoque que desde la Casa Rosada suelen enmarcar en la idea de “transparencia” y “defensa del contribuyente”.
La medida se apoya en desarrollos previos del Ministerio de Economía, que ya venía trabajando con un esquema de “Transparencia Tributaria Municipal” y un “Mapa Tributario Municipal” como síntesis de normativas locales, bases imponibles y alícuotas para tasas seleccionadas, además de comparaciones entre municipios de distintas jurisdicciones. Ahora, el giro es más confrontativo: además de exhibir información, se habilita el reporte ciudadano para señalar inconsistencias, tasas no registradas o tributos que el usuario considere irregulares o excesivos, lo que implica un salto desde el relevamiento técnico hacia una herramienta de participación con potencial impacto político.
En paralelo, el anuncio abrió un frente de alto voltaje con dirigentes opositores en redes sociales. La intendenta de Quilmes Mayra Mendoza salió al cruce de Adorni, lo tildó de “caradura” y acusó al Gobierno de “quedarse con la plata de la gente” mientras —según planteó— sube la inflación y cae el salario, empujando a la clase media a una mayor fragilidad. Tras una respuesta irónica del funcionario, Mendoza redobló: “Te creés vivo pero la cara te vende”. Adorni contestó con dureza, atribuyéndole “falacias” y señalando que el oficialismo intenta sacar al país del “desastre” heredado de gestiones previas. El intercambio, más allá del tono, dejó expuesta la lógica de la pelea: para el Gobierno, el foco está en lo que considera “cargas locales” que encarecen la vida y la producción; para buena parte del peronismo municipal, la discusión omite el ajuste nacional sobre ingresos y servicios.
En términos políticos, la jugada se inscribe en una estrategia más amplia: colocar a las tasas municipales en el centro del debate sobre el costo argentino y la presión fiscal total. No es la primera vez que el oficialismo busca cortar, limitar o cuestionar la forma en que algunos municipios incorporan tasas en boletas de servicios públicos o construyen recaudación sobre actividades específicas. Ya en etapas anteriores de esta disputa, el Gobierno había promovido herramientas para “defenderse” de tasas agregadas en facturas y empujó a que la discusión se trasladara a la relación directa entre intendente y vecino. Con el nuevo portal, la administración de Javier Milei parece apostar a un mecanismo de visibilización masiva: si el contribuyente puede ver y reportar, el tributo deja de ser un dato escondido en la letra chica y pasa a ser parte del debate público.
Por ahora, el portal opera como una vidriera y un buzón. Pero el trasfondo es más profundo: en un país donde la presión sobre el bolsillo está al límite y la economía se mueve con tensión social, toda discusión sobre impuestos —nacionales, provinciales o municipales— toca fibras sensibles. En muchos hogares y comercios, cada tasa es percibida como una soga más; en muchos municipios, cada tasa es también una herramienta de supervivencia presupuestaria. El choque, entonces, no es solo técnico: es político, territorial y emocional. Y el Gobierno eligió empujarlo al centro de la escena.
