Berna-24 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA — Suiza confirmó que mantiene congelados 687 millones de francos suizos —unos USD 880 millones— en activos vinculados a Nicolás Maduro y a personas de su círculo, en una medida preventiva destinada a evitar la fuga de fondos bajo sospecha y preservar la integridad del sistema financiero helvético. El dato fue informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza a la agencia AFP y corresponde al total de activos reportados por intermediarios financieros a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales tras la entrada en vigor de la orden de congelamiento.
La decisión fue adoptada por el Consejo Federal de Suiza el 5 de enero, pocos días después de la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos vinculados a narcotráfico y corrupción. En la práctica, Berna busca bloquear cualquier movimiento de capitales que pueda anticiparse a embargos, decomisos o futuras restituciones, un reflejo de la sensibilidad que existe en la plaza suiza cada vez que se trata de fortunas de origen dudoso asociadas a dirigentes extranjeros.
El congelamiento se apoya en una normativa específica: la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Bienes Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). El mecanismo es claro: primero se inmoviliza el dinero para impedir su salida; luego, se investiga el origen. Si la Justicia y los procedimientos administrativos concluyen que esos recursos provienen de hechos de corrupción, lavado u otras actividades ilícitas, el objetivo declarado es que terminen “en beneficio del pueblo” del país afectado, en este caso Venezuela, con esquemas de supervisión internacional para garantizar trazabilidad.
Según el detalle oficial, la ordenanza suiza incluye a 37 personas y, dentro de ese universo, el bloqueo informado por la cancillería helvética abarca fondos atribuidos a 21 de ellas, aunque las identidades no fueron divulgadas por restricciones legales. Un punto relevante es que dos tercios del total congelado ya estaban alcanzados por procedimientos penales previos en Suiza antes de esta nueva ordenanza. El “salto” de enero, en cambio, sumó cerca de 239 millones de francos suizos adicionales inmovilizados a partir de la entrada en vigor del régimen específico vinculado a la situación venezolana.
El Gobierno suizo subrayó otro aspecto con intención política y técnica: la medida no afecta a miembros del actual esquema de poder en Caracas encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de conducción tras la detención de Maduro. Ese recorte busca evitar que el congelamiento sea leído como una sanción general contra un Estado y, en cambio, concentrarlo en el entorno del ex mandatario y en figuras asociadas a su administración, ahora bajo investigación y, en algunos casos, desplazadas del centro de decisiones.
El anuncio también se monta sobre un andamiaje previo. Suiza ya venía aplicando restricciones desde 2018 bajo su legislación de embargos, en sintonía con medidas europeas contra jerarcas y entidades del chavismo. La novedad de enero es que el nuevo congelamiento amplía alcance: no se limita a nombres ya sancionados, sino que incorpora personas que no figuraban en listados anteriores, con el argumento de que el escenario político abrió una ventana para impedir retiros acelerados de capitales y facilitar una eventual restitución.
Detrás de los tecnicismos, hay una idea sencilla, casi doméstica: que el dinero sospechado no “se esfume” antes de que la Justicia llegue. Para una Venezuela golpeada por años de crisis y por denuncias persistentes de corrupción, la posibilidad de recuperar activos en el exterior suele presentarse como un gesto de reparación. Pero también hay cautela: el proceso puede ser largo, requiere pruebas sólidas y depende de decisiones judiciales y acuerdos operativos sobre cómo se repatriaría y administraría ese dinero sin que vuelva a caer en circuitos opacos.
Aun así, el mensaje político desde Berna fue directo: frente a regímenes autoritarios y redes de ocultamiento, Suiza dice estar dispuesta a actuar con rigor. En el fondo, es una advertencia al mundo financiero y, a la vez, una promesa a los ciudadanos venezolanos: si se confirma el origen ilícito, esos fondos no deberían quedar como trofeo inmóvil en una bóveda, sino regresar —con control y transparencia— a quien, según la versión suiza, realmente pertenece: el pueblo.
