Buenos Aires-25 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- La tensión salarial en la provincia de Buenos Aires sumó este martes un capítulo incómodo para el gobernador Axel Kicillof: los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificaron por unanimidad el rechazo a la propuesta oficial por considerarla “insuficiente” y avanzaron en la decisión de impulsar un paro total de actividades, coordinado con otros gremios estatales. El dato político que quedó flotando, puertas adentro del sindicalismo, es que Roberto Baradel intentó evitar ese desenlace o, al menos, desviar la protesta para endosarle el conflicto al presidente Javier Milei. No lo logró. Y el paro, finalmente, queda apuntado al corazón de La Plata: los sueldos “magros” y el atraso acumulado que denuncian los estatales bajo la órbita provincial.
El movimiento es significativo por dos razones. Primero, porque los judiciales bonaerenses venían alineados con el universo sindical que orbita en la CTA y, en términos de afinidad política, suele mantener puentes con el oficialismo provincial. Segundo, porque en los últimos años los paros directos contra Kicillof fueron escasos o quedaron encapsulados en negociaciones que terminaban descomprimiendo. Esta vez, sin embargo, el malestar de base empujó con fuerza: asambleas en las departamentales, discusión abierta y una resolución que dejó poco margen para la conducción.
El disparador fue la última oferta salarial del gobierno provincial: un 3% de aumento para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026. Para la AJB, ese porcentaje no alcanza para seguirle el paso a la inflación en curso ni para recomponer lo perdido durante 2025. En palabras simples que se escuchan en tribunales y oficinas públicas: el sueldo llega cada vez más justo, y la paritaria no está logrando “recuperar” sino apenas “acompañar”, y a veces ni eso.
Las asambleas se realizaron en las 20 departamentales del gremio y terminaron con un mandato contundente: exigir al Poder Ejecutivo bonaerense una propuesta “superadora” que contemple equiparar y superar la inflación acumulada, y habilitar la coordinación con otros sindicatos estatales para que la medida tenga impacto real. En la práctica, ese camino ya está en marcha: gremios del Estado provincial y organizaciones con peso en la administración pública vienen endureciendo posiciones, con advertencias que también rozan el inicio del ciclo lectivo, un punto extremadamente sensible para la gobernabilidad cotidiana.
En ese escenario apareció el intento de Baradel por mover el eje del conflicto. El líder de SUTEBA, referencia histórica del sindicalismo docente bonaerense, buscó —según reconstrucciones del propio mundo gremial— que la protesta no quedara pegada a una confrontación directa con Kicillof. La idea, en esa lógica, era enmarcar la bronca salarial dentro de un cuadro nacional de ajuste y responsabilizar a Milei por el deterioro del poder adquisitivo. Pero el dato duro, el que se siente en el recibo, terminó torciendo la estrategia: judiciales (y también sectores estatales) se plantaron con un reclamo que apunta al empleador inmediato, que es la Provincia.
El fenómeno se cruza, además, con el clima en educación. En el gobierno bonaerense miran con preocupación la irritación de docentes y auxiliares, especialmente después de ofertas que algunos gremios consideran alineadas con una inflación que cuestionan. Esa incomodidad también golpea a Baradel, porque lo deja en una posición defensiva: contener a las bases, sostener su rol de conducción y evitar que la bronca se convierta en una ruptura política con el propio oficialismo provincial.
En paralelo, el conflicto salarial reabre una discusión que en la Legislatura y en los pasillos sindicales se formula de manera cruda: cuánto del presupuesto se destina a masa salarial y hasta dónde se puede ajustar sin pagar costos sociales y políticos. La oposición provincial aprovecha ese punto para castigar a Kicillof con números comparativos y acusarlo de actuar como “ajustador” en un distrito donde el empleo público tiene un peso determinante en el entramado social. El oficialismo, en cambio, argumenta estrechez financiera y un contexto donde la Provincia denuncia recortes o tensiones en el flujo de recursos.
Más allá de la pelea política, el hecho concreto es uno: si judiciales y estatales coordinan paros, se resiente el funcionamiento diario de la administración, se atrasan trámites, se recalientan las calles y se ensancha la sensación de malhumor social. Y cuando un gremio históricamente alineado decide parar igual, el mensaje es claro y cercano: “hasta acá llegamos”.
El gobierno bonaerense enfrenta ahora una decisión difícil. Si mejora la oferta, tendrá que explicar de dónde sale el margen fiscal. Si no la mejora, corre el riesgo de que el conflicto escale y se multiplique por contagio en otros sectores. En ese dilema, la jugada de Baradel para endosarle el paro a Milei quedó a mitad de camino: la discusión volvió, con fuerza, al punto de origen que los trabajadores marcan sin vueltas: salarios atrasados en la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Kicillof como destinatario principal del reclamo.
