Buenos Aires-25 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- El Gobierno nacional trabaja contrarreloj en una reforma electoral con cambios de fondo y la intención de darle un giro al modo en que se vota y se financian las campañas en la Argentina. Según fuentes oficiales y del oficialismo, el presidente Javier Milei podría adelantar las líneas maestras este domingo 1° de marzo en su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, con una meta política clara: eliminar las PASO y empujar un paquete que, puertas adentro, describen como “simplificación” y “unificación” de procesos.
La pieza más sensible es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un cambio que el oficialismo viene insinuando desde el inicio de la gestión y que ahora busca reactivar con el año legislativo por empezar. En la lectura libertaria, las primarias implican un costo elevado para el Estado y una dinámica que obliga a los ciudadanos a votar más de una vez, con una logística compleja y un calendario que, sostienen, “cansa” al electorado. En la vereda de enfrente, la oposición y sectores del sistema político advierten que las PASO ordenan la oferta, permiten dirimir internas de manera transparente y funcionan como filtro de representatividad. Pero en la Casa Rosada creen que el clima social juega a favor del recorte: menos elecciones, menos gasto, menos trámite.
En paralelo, la reforma en carpeta contempla impulsar la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Aquí aparece un punto clave: las provincias tienen autonomía para definir sus modalidades de comicios locales, pero el oficialismo quiere instalar un debate “territorio por territorio” para que la BUP gane volumen político en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La idea que repiten en el entorno presidencial es evitar dobles filas, boletas partidarias que se rompen o faltan, y las discusiones típicas de cada elección. En criollo: que la gente vote más simple y sin peregrinar entre urnas, cuarto oscuro y reposición de boletas.
Detrás del rediseño de votación, el proyecto también apunta al corazón del sistema partidario. El Poder Ejecutivo analiza cambios en el régimen de partidos y en el financiamiento, con un objetivo declarado de “hacer más eficiente” la distribución de fondos destinados a actividades electorales. En ese capítulo, reaparecen puntos que ya habían sido incluidos en borradores anteriores del oficialismo, y que en su momento generaron choque con buena parte del arco político: incremento de topes para aportes privados, eliminación de espacios de publicidad electoral en medios y recortes al financiamiento público de campañas. Para el Gobierno, el Estado no debería sostener la competencia política con recursos públicos y, en cambio, debería transparentarse el aporte privado. Para la oposición, el riesgo es el inverso: que el dinero privado pese más que las ideas y que crezca la desigualdad entre fuerzas con distinta capacidad de financiamiento.
El plan de reformas incluye, además, ajustes en reglas complementarias que suelen pasar más desapercibidas, pero que pesan en una campaña. En borradores previos, se contempló acortar la ventana de prohibición de difusión de encuestas, pasando de 8 días a 3 días antes de cada elección. La intención oficial es “descomprimir” restricciones y ordenar tiempos de campaña; los críticos responden que en campañas hiperintensas, tres días no cambian el ruido, pero sí puede cambiar la manipulación del clima electoral con sondeos de última hora.
Otra pieza que vuelve a aparecer es la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral, un rol que en el oficialismo presentan como herramienta de control y coordinación para fortalecer la transparencia y el cumplimiento de las reglas. En términos políticos, la iniciativa se lee también como parte de una estrategia mayor: poner el foco en la fiscalización, la trazabilidad del dinero y la estructura de los partidos, en un momento en que la discusión pública pide “orden” pero también garantías.
En el oficialismo señalan que hay un borrador trabajado en el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo y que La Libertad Avanza (LLA) busca que el tema se convierta en una de las columnas del año legislativo 2026. La apuesta es doble: dar una señal de “reforma permanente” y, al mismo tiempo, llegar a 2027 con un esquema electoral alineado con la lógica libertaria de reducir costos, achicar la intervención estatal y reescribir reglas de competencia.
En los hechos, todo dependerá de dos factores: la capacidad del Gobierno para construir mayorías en el Congreso y la reacción del sistema político tradicional, que entiende que tocar reglas electorales nunca es neutro. Pero el mensaje que prepara el Ejecutivo es inequívoco: no se trata de un retoque menor, sino de un cambio de paradigma. Y, si finalmente Milei lo anuncia el domingo, la discusión pasará de los borradores a la arena pública, donde cada detalle —desde las PASO hasta la publicidad y el dinero— suele encender debates que se viven con la intensidad propia de la democracia argentina.
