La Plata-26 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- Una denuncia por presunto abuso sexual contra chicos alojados en el Hogar Obra del Padre Cajade, una institución histórica de La Plata dedicada desde hace décadas a contener a menores en situación de extrema vulnerabilidad, sacudió en las últimas horas a organizaciones sociales, al ámbito judicial y al área de Niñez de la Provincia de Buenos Aires. El acusado, identificado por sus iniciales como G. D. F., se desempeñaba como trabajador del hogar y, en paralelo, ocupaba un cargo jerárquico dentro del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Tras conocerse la presentación judicial, fue desvinculado de la institución y apartado de su función en el Estado provincial.
De acuerdo con los elementos incorporados a la denuncia, los hechos denunciados serían al menos seis y habrían ocurrido a lo largo de varios años, con un inicio estimado alrededor de 2015. Entre los denunciantes habría jóvenes que hoy ya son mayores de edad y otros que actualmente tienen entre 15 y 18 años. Los episodios, siempre según las primeras constancias del expediente, habrían tenido lugar dentro de las instalaciones del hogar, en un contexto particularmente sensible: el de chicos que llegan a esas casas por historias previas de violencia, abandono o desamparo y que dependen de los adultos responsables para su cuidado cotidiano.
El sociólogo Ezequiel Castro presidente de la obra fundada por Cajade en 2025
La investigación quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, que ya ordenó medidas de prueba para avanzar con la reconstrucción de los hechos. Por el momento, el acusado no fue detenido, una situación que despierta inquietud en familiares y allegados de las presuntas víctimas, que temen un posible riesgo de fuga y señalan que se trata de una persona con vínculos en espacios sociales y políticos locales. En tribunales reconocen que es una causa compleja por el tipo de delitos investigados, la extensión temporal que describen las denuncias y la necesidad de resguardar especialmente la integridad de los chicos.
La institución, por su parte, tomó una decisión inmediata: desvinculó a G. D. F., le prohibió el ingreso a cualquiera de los espacios del hogar y restringió de manera expresa todo contacto con los menores alojados. En un comunicado interno difundido hacia la comunidad, la conducción del hogar remarcó que su prioridad absoluta es el bienestar de las niñeces y adolescencias, y que se activaron medidas de contención tanto para los denunciantes como para el resto de los chicos que viven allí. También subrayó un punto clave en casos como este: la necesidad de habilitar espacios de escucha, creer en la palabra de los menores y actuar en consecuencia, evitando “la comodidad del silencio” y cualquier forma de complicidad adulta.
En la órbita del gobierno provincial, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia confirmó el apartamiento de G. D. F. del cargo que ocupaba como director regional de casas de cuidado, un área especialmente delicada por su responsabilidad sobre dispositivos de alojamiento y protección. Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Andrés “El Cuervo” Larroque, indicaron que la desvinculación es definitiva y que se mantendrán a disposición de la Justicia para colaborar con lo que se requiera, mientras se despliega un abordaje institucional para evaluar el caso y reforzar controles internos.
El perfil público del denunciado agrega otra capa de impacto. G. D. F. es presentado en ámbitos locales como militante en organizaciones de derechos humanos y familiar de desaparecidos durante la última dictadura, un recorrido que, para muchos, lo ubicaba en un lugar de confianza y reconocimiento social. Dentro del hogar se desempeñaba como “educador popular”, una figura que, más allá de títulos formales, cumple un rol central en la vida cotidiana: acompaña rutinas, escucha, contiene, convive y se convierte en referencia para chicos que suelen tener historias previas de adultos que fallaron. Precisamente por eso, especialistas advierten que, cuando una denuncia recae sobre un cuidador, el daño potencial es doble: por el delito en sí y por la ruptura del vínculo de confianza que sostiene la tarea de cuidado.
El caso vuelve a poner bajo la lupa un desafío estructural: cómo se controlan, auditan y supervisan los espacios de abrigo y cuidado, y qué protocolos se activan cuando aparecen señales de alarma. También expone la tensión entre la necesidad de hacer pública una denuncia grave —para evitar encubrimientos y promover que otras víctimas hablen— y la obligación de proteger a los chicos de la revictimización, el ruido mediático y la presión social.
Mientras la Fiscalía avanza con medidas para determinar responsabilidades, en el hogar y en el ámbito provincial se multiplican las definiciones urgentes: reforzar mecanismos de prevención, garantizar acompañamiento profesional sostenido y asegurar que los chicos sepan, de manera clara y concreta, que su voz tiene peso. En una institución nacida para ser refugio, el objetivo inmediato es que el resguardo vuelva a ser real.
