La Habana-26 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- El tiroteo que dejó cuatro muertos tras la intercepción de una lancha rápida con matrícula de Florida en aguas territoriales de Cuba abrió un nuevo capítulo de tensión con Estados Unidos y expuso, otra vez, la distancia entre el relato oficial de La Habana y las dudas que emergen desde el exilio cubano en Miami. El Ministerio del Interior (MININT) sostuvo que frustró una “infiltración con fines terroristas” y que el grupo armado disparó primero contra una patrullera de la Tropa Guardafrontera. Washington, en cambio, evitó validar la versión cubana, anunció que verificará los hechos con información propia y pidió acceso a los sobrevivientes.
El presidente Miguel Díaz-Canel buscó encuadrar el episodio en la narrativa histórica de la Revolución: afirmó que Cuba “se defenderá con determinación y firmeza” ante cualquier agresión “terrorista y mercenaria”, un mensaje destinado tanto a su frente interno como a la señal internacional de que el Estado conserva control y capacidad de respuesta. En un país golpeado por un deterioro económico sostenido y una crisis energética que se ha vuelto parte de la vida cotidiana, el Gobierno cubano intenta exhibir fortaleza en un momento de presión externa creciente y tensión diplomática con la administración de Donald Trump.
La versión oficial del MININT sostiene que en la lancha viajaban diez personas armadas, que ignoraron la orden de detenerse y abrieron fuego. El balance divulgado por las autoridades cubanas indica cuatro muertos y seis heridos entre los ocupantes, además de un oficial cubano lesionado. También se informó el secuestro de fusiles, armas cortas, chalecos antibalas, miras telescópicas, uniformes de camuflaje y explosivos caseros tipo molotov. El incidente, según reportes coincidentes, ocurrió cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, un corredor marítimo sensible por la cercanía con rutas clandestinas y por antecedentes de salidas y entradas irregulares.
Desde Estados Unidos, la reacción oficial fue de cautela. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que su país no especulará sobre lo ocurrido hasta contar con datos verificados de manera independiente y remarcó que, hasta el momento, la información conocida proviene del Gobierno cubano. Rubio afirmó que la embajada estadounidense en La Habana solicitó acceso a los sobrevivientes —presuntamente ciudadanos estadounidenses o residentes en EE.UU.— y descartó participación de personal del Gobierno estadounidense en el episodio. “A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, sostuvo, marcando que cualquier decisión se tomará sobre evidencia y no sobre un comunicado de la isla.
El caso también activó un frente político en Florida. El fiscal general James Uthmeier anunció la apertura de una investigación estatal en coordinación con socios federales y fuerzas de seguridad, y lanzó un mensaje duro contra el Gobierno cubano, al que calificó de “no confiable”. La decisión agrega presión pública y legislativa sobre Washington, en un estado donde la cuestión cubana suele escalar rápidamente al terreno electoral.
Sin embargo, la historia está lejos de cerrar. En el exilio y en redes sociales aparecieron desmentidos que alimentan dudas sobre la identificación de participantes difundida por La Habana. Un caso puntual encendió alarmas: Roberto Azcorra Consuegra, citado por versiones vinculadas al listado de involucrados, aseguró desde Estados Unidos que no estuvo en la embarcación y que se encuentra en territorio estadounidense. La divergencia refuerza el clima de sospecha que rodea la narrativa oficial cubana: si hubo errores de identificación o información incompleta, la credibilidad de toda la reconstrucción queda bajo discusión.
Al mismo tiempo, desde la vereda anticastrista se confirmó al menos una pieza del rompecabezas: Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro abatidos, era militante del exilio y, según un dirigente de un espacio opositor con base en Tampa, quería “ir a combatir” a Cuba con la expectativa de “encender la chispa” de un levantamiento interno. Ese testimonio, difundido por agencias y medios, no prueba por sí solo la hipótesis de “terrorismo” que plantea el MININT, pero sí sugiere motivación política en al menos parte del grupo y no un mero episodio de contrabando o tráfico de personas.
En La Habana, otro dato que sumó controversia fue el anuncio del arresto de Duniel Hernández Santos, a quien el MININT describió como un “receptor” en tierra enviado desde Estados Unidos para facilitar la llegada del grupo y que habría confesado. En círculos opositores se mencionó que el detenido había sido deportado a la isla en años recientes, un punto que abre nuevas preguntas: si se trató de una red articulada desde fuera, de un intento amateur o de un caso utilizado por el aparato de seguridad para reforzar el clima de alerta interna.
En esa ambigüedad se juega la disputa de fondo. Para el Gobierno cubano, el episodio funciona como justificación para sostener ejercicios de preparación y movilización del aparato de seguridad, además de cohesionar a su base política con un discurso de amenaza externa. Para Estados Unidos, el desafío es determinar qué ocurrió realmente, quiénes fueron los responsables, si hubo delitos transnacionales y cuál es el margen de cooperación posible con un adversario histórico sin convalidar su relato.
Mientras avanza la investigación, el Caribe vuelve a mostrar su vieja postal: un incidente armado en el mar, dos narrativas en choque, y la relación Cuba–EE.UU. atrapada entre la historia, la política doméstica y una crisis económica que empuja a ambos gobiernos a endurecer posiciones.
