Buenos Aires-27 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA — Tres jóvenes —uno de ellos un adolescente de 15 años— fueron detenidos en las últimas horas acusados de integrar la banda que asesinó al suboficial del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Alberto Javier Ávalos durante un robo ocurrido el 14 de febrero en José C. Paz, un caso que conmovió por la violencia del ataque y por una frase que, según testigos, expuso el nivel de desprecio con el que se movían los agresores: “Voy a comprar un champagne para festejar la muerte de un policía”, habría dicho uno de los implicados al entrar a un comercio pocas horas después del crimen.
La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 23 de Malvinas Argentinas, a cargo del fiscal Daniel Moccia, y avanzó a partir de un trabajo de reconstrucción apoyado en cámaras de seguridad y registros de monitoreo urbano. Con la intervención de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, los investigadores lograron identificar a tres de los presuntos autores y situarlos en la escena mediante el análisis de imágenes, recorridos y elementos de vestimenta.
El homicidio ocurrió cerca de las 22 en el cruce de Gaspar Campos y Ruta 197, cuando Ávalos circulaba en una Honda GLH 150 junto a su hijastra. Según la reconstrucción judicial, cuatro delincuentes se desplazaban en dos motocicletas y lo interceptaron con el objetivo de robarle el vehículo. En medio del asalto, el suboficial desenfundó su arma reglamentaria y se identificó como agente para intentar repeler el ataque. La respuesta fue inmediata y brutal: le dispararon cuatro veces y escaparon llevándose una mochila con pertenencias y un celular. Ávalos fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante, donde murió como consecuencia de las heridas.
El caso sumó evidencia clave con el análisis de las imágenes del Centro de Operaciones y Monitoreo de San Miguel y José C. Paz. Allí se detectó uno de los vehículos presuntamente utilizados —una moto tipo Honda Titán/New Wave 150 azul y negra, según los reportes del expediente y de fuentes del caso—, además de prendas y cascos que coincidían con los usados por los atacantes en el momento del robo. Ese cruce de datos llevó a los investigadores a poner nombres y apodos sobre la mesa y a pedir medidas urgentes.
Los detenidos fueron identificados como Dylan Joel Carrizo (21), alias “Pipo”; Dylan Román Taboada Munitz (18), quien ya había sido arrestado por otro robo días después del asesinato; y L. K. (15). Un cuarto integrante de la banda, por ahora, sigue sin identificar. En el caso de Carrizo, fuentes judiciales señalaron antecedentes graves por delitos sexuales y robos, un dato que añadió inquietud por el perfil de la banda y por su aparente escalada de violencia en el territorio.
En paralelo, surgió un elemento que agrava el cuadro: la hipótesis de que el grupo no solo robaba motos, sino que también podría estar vinculado a tareas de “sicariato” para una organización narcocriminal con presencia en la zona noroeste del conurbano bonaerense. Esa línea —aún en verificación— se apoya en testimonios y en el patrón de ataques previos atribuidos a los mismos sospechosos. Otro testigo relató que, días antes del crimen de Ávalos, una pareja habría sido asaltada por los mismos agresores: al hombre le dispararon dos veces en una pierna y a la mujer le balearon un brazo, provocándole una fractura.
Con ese cúmulo de indicios, la fiscalía ordenó una batería de allanamientos: al menos diez domicilios en San Miguel y José C. Paz vinculados a los sospechosos. El operativo derivó también en la detención de una docena de personas —familiares y allegados— acusadas de encubrimiento y tenencia de estupefacientes. En esos procedimientos se secuestraron cascos de motos, prendas similares a las vistas en las filmaciones, una mochila negra, elementos que habrían sido robados a la hijastra del suboficial —incluida una plancha para el pelo— y un arma calibre .22 con municiones. También se incautaron plantas y flores de Cannabis sativa, dinero en efectivo, una máquina de contar billetes, autopartes y varias motocicletas, entre ellas una unidad azul y negra señalada como clave para la identificación.
El expediente, ahora, se concentra en cerrar el círculo: ubicar al cuarto prófugo, sostener la cadena de pruebas y definir responsabilidades penales en un caso que combina robo, ejecución a sangre fría y una escalofriante celebración posterior. Para los investigadores, el desafío no es solo judicial: también es territorial. El crimen de Ávalos volvió a poner en primer plano el poder de las bandas que se mueven con impunidad entre dos o tres municipios, apoyadas en motos rápidas, armas livianas y redes de encubrimiento que complican la tarea de cortar la repetición.
Fuentes consultadas: La Nación; TN; Infobae; Clarín; Diario Norte; Primer Plano Online; Servicio Penitenciario Federal (SPF); Ministerio Público Fiscal.
